El Mercurio Online
BRUSELAS.- Los países de la Unión Europea pueden negarse a publicar los nombres de los ciudadanos que comparten archivos en Internet en casos civiles, según dictaminó el martes el Tribunal Europeo de Justicia.
La medida supone un revés para los dueños de los derechos de autor que intentan luchar contra la piratería digital.
El Tribunal Europeo de Justicia tomó esta decisión en un caso que enfrentaba a la asociación que agrupa a los productores musicales españoles, Promusicae, con la máxima operadora española Telefónica.
Telefónica argumentaba que, de acuerdo a una ley basada en las normas europeas, sólo debía revelar el nombre de uno de sus clientes de internet en caso de acciones penales, no civiles.
"La ley comunitaria no requiere a los estados miembros, para asegurar la protección efectiva del copyright, establecer una obligación de publicar datos personales en el contexto de procesos civiles", señaló el tribunal en un comunicado.
Promusicae quería que Telefónica le proporcionara los nombres de sus clientes de Internet que compartieron material con copyright a través del programa de intercambio de archivos KaZaA, para poder iniciar acciones civiles contra ellos.
Los procesos civiles son más baratos que los penales, que normalmente requieren un número mayor de pruebas.
"Hay muchas directivas comunitarias cuyo objetivo es que los estados miembros aseguren, especialmente en la sociedad de la información, protección efectiva de la propiedad industrial, en particular del copyright", indicó el comunicado del tribunal.
"Esta protección no puede, sin embargo, afectar a los requisitos de la protección de datos personales. Las directivas sobre la protección de datos personales también permiten a los estados miembros establecer excepciones a la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de tráfico", añadió.
Las normas europeas no impiden la posibilidad de que los países de la UE introduzcan obligaciones de publicar datos personales en el contexto de acciones civiles, indicó.
"Sin embargo, no obliga a los estados miembros a imponer esta obligación", sostuvo el tribunal.
