SANTIAGO.- La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos presentó hoy una querella contra Augusto Pinochet basada en el informe de la CIA que reveló la vinculación del jefe de su policía política, Manuel Contreras, con el organismo de inteligencia estadounidense.
La acción judicial fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la abogada Julia Urquieta y es la 172 que se presenta en Chile contra el ex gobernante militar por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato (1973-90).
La querella acusa a Pinochet y a Manuel Contreras de "asociación ilícita, genocidio y espionaje" y se funda en el informe que elaboró la CIA a petición del Congreso estadounidense sobre su actuación en Chile en la década de los años setenta.
El llamado informe Hinchey reveló que el general en retiro Manuel Contreras fue un informante pagado de ese organismo de inteligencia y dio cuenta de las actividades de la CIA para contribuir a la desestabilización institucional previa al golpe de Estado de 1973.
Estos antecedentes fueron puestos recientemente a disposición de los tribunales por parte del Gobierno con el objeto de que puedan ser utilizados como "elementos probatorios" en algunas causas pendientes de derechos humanos.
La querella deberá ser investigada por el juez especial Juan Guzmán, quien instruye el proceso desde marzo de 1998.
En estos dos años y medio del proceso, el magistrado ha abierto varios frentes de investigación sobre los delitos de que se acusa al ex gobernante militar, siendo uno de los más importantes el caso conocido como "Caravana de la Muerte".
Se trata de una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark que recorrió diversos centros de reclusión pocos días después del golpe de Estado para agilizar procesos judiciales como enviados especiales de Pinochet.
Esta misión dejó a su paso 73 muertos, de los cuales 19 corresponden a desaparecidos.
Por esta causa están procesados seis ex oficiales de Ejército y fue la que permitió el desafuero de Pinochet el pasado 8 de agosto a través de un fallo de la Corte Suprema que autorizó su procesamiento por homicidio, secuestro calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita.
Previo a someter al ex mandatario a proceso, el juez Guzmán debe ordenar exámenes mentales y tomarle declaración indagatoria, lo que ha sido rechazado por su defensa.
El Código de Procedimiento Penal establece que todos los mayores de 70 años deben ser sometidos a exámenes mentales y sólo aquellos que son encontrados locos o dementes quedan eximidos de ser juzgados.
La semana pasada el magistrado anunció la postergación en al menos un mes del interrogatorio a Pinochet, que inicialmente estaba fijado para el 9 de octubre, mientras que los exámenes mentales dependen de una resolución de la Corte de Apelaciones a fines de octubre.
