El reconocimiento del debido proceso para todas las personas cuya salud les impide enfrentar las diligencias de un juicio invocó el abogado del senador Augusto Pinochet, Pablo Rodríguez, al alegar la apelación destinada a impugnar los exámenes mentales ordenados para el ex gobernante por el ministro de fuero Juan Guzmán.
La vista de este recurso empezó ayer en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con las exposiciones de Rodríguez y de los abogados querellantes Eduardo Contreras y José Galiano, quedando pendientes otros alegatos para hoy.
La ministra Sonia Araneda, que integra el alto tribunal con los ministros Raimundo Díaz y Amanda Valdovinos, hizo ver en este incidente que ella se había inclinado sólo por los exámenes mentales en el antejuicio de desafuero, para que la defensa del ex Jefe de Estado pudiera eventualmente pedir que no resuelva esta materia.
Pablo Rodríguez afirmó que fundamentó jurídicamente por qué considera aplicable la garantía constitucional del debido proceso y de la defensa de la integridad física y síquica del senador Pinochet, quien se encuentra internado en el Hospital Militar aquejado de un cuadro de neumonía.
"No hemos hecho un alegato político y en ninguna parte de él nos hemos referido a los cargos que se le formulan al general Pinochet", precisó Rodríguez.
En ese sentido, el abogado lamentó que en otros alegatos se haya aludido a aspectos de fondo, que por el momento no preocupan a la defensa, aludiendo implícitamente a la exposición del abogado Contreras.
Para el defensor de Pinochet, la Corte debiera refrendar el Estado de Derecho vigente en Chile reconociendo no sólo al senador vitalicio, sino que a todas las personas, las normas del debido proceso, cuando las circunstancias de salud les impiden participar en diligencias judiciales.
Cuestionan Privilegio de Exámenes Generales
En tanto, el abogado querellante Eduardo Contreras planteó en su alegato qué diría la opinión pública nacional e internacional sobre la situación de la inválida ex lautarista Marcela Rodríguez y el profesor Iván Arancibia, quien mató en Valparaíso a tres personas, entre ellas su hija de tres años, para luego intentar suicidarse con un disparo en la boca, y que fue sometido a proceso por el triple crimen mientras estaba en estado de coma.
A partir de esos casos, advirtió que hay procesados y condenados en la cárceles aquejados de enfermedades terminales, sin haber tenido el privilegio de que se les practicaran exámenes médicos de carácter físico, a fin de que se suspendieran los procesos en su contra y fueran sobreseídos.
"El abogado Rodríguez habló de los derechos humanos de Pinochet y habló del debido proceso y que se respete su salud. Le preguntamos al tribunal y directamente a Pablo Rodríguez si él piensa que la dictadura militar protegió los derechos humanos de los degollados, de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, de todos aquellos que murieron sin tener derecho a un juicio previo, a una defensa legítima y que jamás fueron escuchados", advirtió el abogado del PC.
Desde ese punto de vista, consideró que los argumentos de la defensa de Pinochet son extremadamente débiles al insistir en la garantía constitucional del debido proceso.
Si bien Contreras no cuestionó la total vigencia de esa normativa, subrayó que en ella no se menciona la salud del inculpado, aspecto regulado por los artículos 348 y 349 del Código de Procedimiento Penal, que establecen que sólo compete realizarle exámenes mentales.
Ese tipo de peritajes - agregó- son los únicos que producen consecuencias jurídicas en Chile.
