SANTIAGO.- Una nueva querella en contra de Augusto Pinochet fue interpuesta hoy en Santiago por el asesinato de cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista de Chile (PS), con lo que suman 201 libelos que lo acusan de graves violaciones a los derechos humanos.
La presentación la efectuó el abogado y diputado socialista, Juan Bustos, quien es parte querellante en el caso "Caravana de la Muerte", la causa por la que fue desaforado Pinochet el pasado 8 de agosto.
Según sostuvo el profesional, los crímenes ocurrieron en octubre de 1973 en la Escuela de Artillería de la ciudad de Linares (a 306 kilómetros al sur de Santiago) y afectaron a jóvenes pertenecientes al PS, que en esa época tenían 16, 19, 20 y 22 años.
El abogado y congresista planteó que las ejecuciones fueron las primeras realizadas por la llamada "Caravana de la Muerte", la que luego siguió su curso al norte de este país hasta totalizar 75 víctimas fatales, 18 de las cuales están en calidad de desaparecidas.
La nueva causa deberá ser estudiada por el juez especial Juan Guzmán, quien tramita todas las causas interpuestas contra Pinochet.
El magistrado encargó reo al senador vitalicio el 1 de diciembre, pero la Corte Suprema acogió sucesivos recursos de la defensa, anuló el procesamiento y le ordenó invertir su cronograma de actividades, pidiéndole que priorice en los exámenes mentales y neurológicos para luego proceder a interrogarlo.
De esta manera, el militar retirado se libró de ser procesado, ya que el careo con el imputado era el único requisito que restaba para cumplir con todas las exigencias de la ley chilena.
En el día de ayer fueron presentadas otras cinco querellas, por muertes y desapariciones en las que estuvo involucrada la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA/la policía secreta de Pinochet, que actuó entre 1974-78).
También durante este viernes, el equipo jurídico de Pinochet le pidió al juez Guzmán que agilice el proceso y entregue pronto una fecha para los chequeos, ya que el plazo improrrogable vence el 9 de enero y la Suprema autorizó al magistrado a proceder luego a la declaración indagatoria, aunque no se hubiera concretado la pericia psicomédica.
