SANTIAGO.- La ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, expresó este miércoles su satisfacción por la aprobación ayer en la Sala de la Cámara de Diputados del Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), luego de una discusión que se prolongó por casi dos años en esa instancia legislativa, y que en su siguiente paso es ser aprobado por el Senado.
Agregó que la comunidad internacional observa a Chile como un país que ha sido capaz de insertarse en un mundo globalizado y una de las prioridades de la política exterior chilena es sin duda el tema de los derechos humanos.
Añadió que 48 países ya han suscrito el mencionado estatuto y los 60 primeros decidirán la estructura y conformación de la Corte Penal Internacional.
Recordó que Chile participó activamente en la adopción del Estatuto de la Corte Penal, ya que se trata de un tribunal que tendrá competencia para conocer crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora estaban en peligro de quedar impunes.
Aclaró que el TPI no competirá con los tribunales nacionales y tampoco podrá juzgar delitos cometidos antes de su constitución.
"Es una tarea pendiente desde la Segunda Guerra Mundial. Este Tribunal podrá conocer delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra", indicó.
Entre los países cuyos Congresos ya lo ratificaron se encuentran la mayoría de los europeos, varios países de Europa Oriental, Canadá, Argentina Perú, Paraguay y Venezuela.
Añadió que el Gobierno tiene mucho interés en apurar se tramitación legislativa, pero advirtió que el TPI va a existir de todas maneras. "Lo que tenemos que preguntarnos es si Chile estará mirando cómo otros países del mundo adoptan las decisiones o si queremos formar parte del grupo de los 60 países", advirtió.
Explicó que la constitución de tribunales como el de Nuremberg, de Ruanda o de la ex Yugoslavia, fue con posterioridad a los delitos y la ventaja de un TPI es que estetipo de delitos sería conocido por una instancia previamente establecida, con estructura y normas claras.
"La aprobación de este tribunal por parte de Chile es coherente con la política del Gobierno del Presidente Lagos de respeto a los derechos humanos y se inserta en la política exterior de promoción del derecho humanitario", concluyó.
