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La polémica de los autos "chocolate", como se llama en México a los vehículos irregulares que ingresan de Estados Unidos, se ha reavivado con el anuncio del Gobierno de regularizarlos en un posible intento de recaudar más impuestos ante la oposición de la industria.
La controversia ha arreciado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo mes comenzará la regularización de estos vehículos en Baja California para después extenderlo al resto de los estados del norte.
"Hacer una regularización ha sido un tema políticamente rentable, hay muchas organizaciones que giran alrededor de eso y es supuestamente una acción que beneficia a gente de menores recursos”, indicó a Efe el economista Eliseo Díaz, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El motor del problema
Previo a la pandemia, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió en el Congreso regular estos autos para recaudar 50.000 millones de pesos adicionales (unos 2.500 millones de dólares) por los 18 millones de vehículos irregulares que estimó entonces que hay en México.
Migrantes mexicanos en Estados Unidos y habitantes de la frontera suelen introducir estos vehículos porque son más económicos, pero también hay grupos que se dedican a ello y delincuentes que aprovechan su irregularidad para cometer crímenes, expuso el profesor Díaz.
“Está el problema de que se volvió un negocio la importación de estos autos, que no pueden circular en México, entonces hay un mercado paralelo, ilegal, en donde se venden con organizaciones que emplacan (colocan matrículas) de forma irregular”, advirtió.
En este contexto, López Obrador justificó la necesidad de regularlos para "tener control" por razones de "seguridad".
"Hay mucha gente que no tiene, no le alcanza para tener un auto nuevo, de agencia, y pues con estos coches se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es un medio necesario", argumentó en la fronteriza Ciudad Juárez.
