SANTIAGO.- "Este Gobierno tiene un compromiso con la responsabilidad fiscal a toda prueba", dijo esta semana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Según comentan sus cercanos, la autoridad cumplirá -pase lo que pase- la meta autoimpuesta de disminuir el déficit estructural en 0,25 puntos porcentuales por año. Y es por ello que la autoridad evalúa por estos días la posibilidad de hacer un ajuste fiscal este año.
Esto, luego de la evaluación que Hacienda hará de los resultados del nuevo precio de largo plazo del cobre, que se dará a conocer en las próximas semanas, una vez que el Comité Consultivo externo entregue sus proyecciones, señala
"El Mercurio".
En el mercado coinciden en que el nuevo valor de largo plazo del metal será más cercano a US$ 2,60 la libra -tal como proyectó el Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria (IPoM)-, versus los US$ 2,98 la libra que habían proyectado los expertos el año pasado.
"Es probable que de esa discusión aparezca que tengamos un balance estructural peor del que pensamos que tenemos (...), por lo tanto, esto requiere correcciones en términos de que la senda del gasto sea un poco más plana, postergar algunas cosas, ver donde podemos gastar algo menos este año", dijo Valdés en una entrevista a CNN Chile, el miércoles.
El déficit estructural llegó a 0,6% del PIB en 2015, excluyendo a los ingresos por repatriación de capitales, pero se profundizará cuando se conozca el nuevo valor del metal rojo.
Según los economistas, este recorte debiera ser de, a lo menos, US$ 1.000 millones. "Si el precio del cobre de tendencia se reduce a US$ 2,60 la libra, los ingresos estructurales se reducen en casi US$ 2 mil millones. Un ajuste que diera una señal positiva debería ser en torno a US$ 1.000 millones, al menos", dice Cecilia Cifuentes, economista de Libertad y Desarrollo.
Una opinión similar tiene el director alterno de Clapes-UC, Rodrigo Cerda, quien afirma que el ajuste se va a tener que hacer "sí o sí". Si no ahora, en el próximo presupuesto. Si no se hace, señala que los espacios para crecimiento del gasto en el próximo erario serán muy acotados. El economista explica que, actualmente, solo un 20% del gasto público es ajustable, dado que el 80% restante tendría que cambiarse por ley.
"Excluyendo el gasto en personal, dentro de ese 20% es posible hacer un ajuste de un 15%. Haciendo mucho esfuerzo se podría rebajar entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones", señala. Ello, recortando de algunos bienes que compra el Estado y de algunos otros elementos como viáticos, viajes, etc.
La última vez que se hizo un ajuste fiscal fue en 2011, por US$ 750 millones, cuando Felipe Larraín encabezaba Hacienda, y se argumentó que se buscaba reducir las presiones sobre la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. El recorte fue equivalente a 0,38% del PIB.
La ley de Presupuestos aprobada para 2016 suma un gasto total de más de US$ 57 mil millones, con un crecimiento de 6,6%, versus la ley anterior. De concretarse el ajuste de Valdés, este sería por el lado de los bienes de consumo (materiales de oficina, útiles de aseo y telefonía, entre otros) y no incluiría el gasto en personal.
Hay quienes señalan que Hacienda no descarta un recorte también en inversión, en las carteras menos eficientes en la ejecución de estos gastos, lo que sería políticamente complejo, dado que las cifras más bajas en 2015 se vieron en salud y educación.
