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Suiza vota en referéndum único en el mundo para introducir una renta básica

Este domingo los helvéticos se acercarán a las urnas para aceptar o rechazar la propuesta del Estado de garantizar a cada adulto un beneficio mínimo mensual equivalente a más de $1 millón.

05 de Junio de 2016 | 05:47 | DPA
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EFE (Archivo)
BASEL.- Los suizos celebran este domingo el primer referéndum del mundo sobre la introducción de una renta básica para todos los ciudadanos del país, una iniciativa que según las encuestas será claramente rechazada.

La propuesta es que el Estado garantice a cada adulto una renta mensual mínima de 2.500 francos suizos (US$2.560 dólares / $1.769.881) y a cada niño de 625 francos. La medida supondría la eliminación de los subsidios sociales y por desempleo y de las jubilaciones. Las personas con salarios más elevados no recibirían dinero adicional.

Los progresistas que plantearon la iniciativa aseguran que es necesario introducir una renta básica ante la revolución digital, que supone la desaparición de puestos de trabajo.

Según las últimas encuestas, un 70% de la población se opone a la medida, pero los impulsores del referéndum lo considerarán un éxito si logran un 20% a su favor.

"Queríamos mandar una señal con este referéndum. El debate sobre una renta básica continuará en los próximos años", dijo a dpa uno de los impulsores de la medida, Philip Kovce.

El Gobierno suizo se opone a la propuesta, argumentando que para financiarla habría que subir impuestos o aplicar recortes. Además, teme que la introducción de una renta básica genere una llegada masiva de inmigrantes.

Los cinco millones de suizos que hoy acuden a las urnas votarán también sobre otras iniciativas. Una de ellas es la reforma de la ley de asilo, que ya fue aprobada por el Parlamento y cuenta con un amplio respaldo popular. Supondrá una aceleración de los procesos de asilo y la creación de centros estatales en los que todos los implicados en el proceso trabajarán de forma conjunta para los solicitantes de asilo.

También podría aprobarse una propuesta para que las empresas estatales, como correos o la compañía ferroviaria, pongan los intereses ciudadanos por delante de los beneficios. La medida implicaría que los directivos de esas compañías no podrían recibir sueldos superiores a los de los miembros del Gobierno.
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