Jonathan Mancilla, El Mercurio
SANTIAGO.- A un poco más de dos meses de la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado que todos los proyectos de ley que sean iniciativa del Ejecutivo incluyan una evaluación de su impacto en la productividad, algunos avances se han logrado.
Una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Economía, junto a Hacienda y con el apoyo técnico de la Dirección de Presupuestos (Dipres), se instaló para trabajar en la implementación de la medida, señala
"El Mercurio".
Por Economía participa Cristóbal Marshall, jefe de asesores del ministerio, y por Hacienda Claudio Soto, coordinador macroeconómico de la cartera, ambos miembros de la Comisión Nacional de Productividad, instancia que propuso la evaluación y que fue recogida por la Mandataria.
El objetivo -según comentan- es generar un instructivo con las directrices que tendrán que seguir en esta área los ministerios en sus futuros proyectos de ley.
El documento debería estar listo durante el segundo semestre de este año y luego se generará una guía con ejemplos prácticos de aplicación. La idea es que inicialmente el instructivo se implemente solo en los ministerios del área económica para evaluar cómo lo aterrizarán y con qué gradualidad, entre otros factores. Después, se podría extender al resto de las carteras.
Técnica, operacional y práctica
En el proceso de trabajo, la mesa tripartita ha recibido a una serie de actores para debatir las alternativas y escuchar opiniones. Entre ellos, a la Comisión Nacional de Productividad, liderada por el economista Joseph Ramos; organismos reguladores como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), así como al Ministerio del Trabajo.
Para Ramos, la implementación de la idea tiene que tener una base técnica, pero a la vez tiene que ser operacional y práctica. "En un principio puede ser más sencillo y la implementación puede ser gradual, pero lo importante es que se haga lo antes posible", destaca.
El economista es partidario de que exista un filtro y que la determinación del nivel de productividad del proyecto de ley hecha por el ministerio sea revisada por un tercero, que pueda señalar si la cifra corresponde o si debe existir un nivel de profundización mayor, por ejemplo.
