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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 07:51
La iniciativa evidencia cuáles son los intereses y las prioridades de un Gobierno y es calificada como la norma jurídica más relevante dictada por el Congreso anualmente, pues autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas y la operación normal de la administración central, regional y local del país.
El Erario nacional también está condicionado por gastos fijos y de arrastre, es decir, por compromisos previos asumidos por causa de leyes permanentes, por la continuidad de proyectos o programas de larga ejecución o por el pago de deudas asumidas con anterioridad.
La Ley rige entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Con una institucionalidad presidencialista, el Presupuesto es una función privativa del Jefe de Estado, consagrado en el artículo 65 de la Constitución.
Cada ministerio presenta un anteproyecto de ley, que es confeccionado por los gastos que estiman los servicios públicos el primer semestre del año anterior a la ejecución de la ley. Con esta información, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda definirá cada partida.
El gasto público se hace en base al PIB tendencial y precio futuro del cobre que calcula una comisión de expertos independiente convocada por el Gobierno, y con la opinión técnica del Consejo Fiscal Asesor. Para el Presupuesto 2017 se estimó un PIB de 3% y un precio del metal rojo de US$2,56.
La Constitución establece que el proyecto de ley debe ingresar al Congreso, a más tardar, el 30 de septiembre. El Gobierno confirmó a comienzos de esta semana que presentará la iniciativa 2017 cuando venza el plazo, es decir, este viernes.
Tiene una tramitación especial. Primero, es analizado por una Comisión Mixta de senadores y diputados que forman parte de las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. Esta comisión se divide a su vez en cinco subcomisiones, que analizan las diferentes partidas del Presupuesto. Luego, la iniciativa es analizada en las Salas de la Cámara de Diputados y del Senado, siguiendo la tramitación normal de un proyecto de ley.
Los parlamentarios no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, ni tampoco pueden aumentar los gastos por partida o eliminar un gasto completo. Sí pueden bajar la propuesta de gasto del ejecutivo para un ítem en particular.
El Congreso tiene 60 días de corrido para tramitar la ley, que debe estar despachada a más tardar el 30 de noviembre del año anterior a la vigencia del Presupuesto.
En caso de que no se cumpla con el plazo, la Constitución establece que regirá automáticamente el proyecto original presentado por el Ejecutivo. Esto no ha pasado en la historia reciente de Chile.
Personeros de distintos sectores han apuntado a que el gasto público para el próximo año debe ser menos expansivo y que crecerá cerca de un 3,0%. Este es el más bajo desde 2010, cuando fue de 3,1%, y menor al 4,4% del Presupuesto 2016 y al 8,8% de 2015. El más alto en los últimos 24 años fue el de 2009, con un 16,5%.
El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que pondrán el foco en Salud, Educación y Seguridad. El lunes también afirmaron que pondrán especial énfasis en la Región de La Araucanía, debido a los índices de vulnerabilidad social que reveló, una vez más, la encuesta Casen.
