Alejandro Balart, El Mercurio.
SANTIAGO.- Luego de más de cuatro años de indagatorias, hace algunos días se cerró la investigación que llevaba a cabo el Ministerio Público por el caso Cascadas, uno de los más relevantes que se haya perseguido en el mercado financiero local.
Ayer, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, comandada por Andrés Montes, concretó su acusación contra el único formalizado del caso: Aldo Motta Camp, ex gerente general de las sociedades cascadas de Julio Ponce -empresario que controla indirectamente a la minera SQM a través de estas firmas, señala "
El Mercurio".
Lo que viene luego de esta acusación es el juicio oral, que zanjará este caso penal.
Lo que se acusa
Al ex brazo derecho de Ponce se le acusa por dos grupos de hechos. El primero es porque habría ejecutado operaciones ficticias, simuladas o engañosas. La fiscalía apunta a que Motta perpetró conductas constitutivas de delitos reiterados en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores y detalla que el ejecutivo "realizó transacciones donde no se pretendía enajenar o adquirir activos, sino que eran operaciones fraudulentas y ficticias que buscaban generar utilidades contables, aun a costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía, finalidad para la cual se instrumentalizó el mercado de valores".
A su vez, la fiscalía separa estas operaciones supuestamente artificiosas que constituyen el primer grupo de hechos en seis hitos.
En cuanto al segundo grupo de hechos, la fiscalía acusa a Motta de falsificar actas del directorio de Pampa Calichera y Oro Blanco. Afirma que el ejecutivo habría buscado representar que la realización de la denominada "operación Linzor" -cuyos efectos de la SVS ordenó reversar y lo que provocó que las cascadas tuvieron que rectificar sus estados financieros de 2011- habría sido puesta oportunamente en conocimiento de los directorios y contado con la aprobación del número de directores que, a esa fecha y para operaciones sobre cierto monto, exigían los estatutos sociales.
La pena requerida
Por todo lo anterior, la fiscalía solicita para Motta siete años de presidio mayor en su grado mínimo; la inhabilitación especial de siete años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a la fiscalización de la SVS, y que se le condene a las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y al pago de las costas.
La fiscalía pidió citar como testigos para el juicio de Motta a 107 personas, entre ellos a Julio Ponce (controlador de las cascadas), Leonidas Vial (socio de LarrainVial), Patricio Contesse González (ex gerente general de SQM), Patricio Contesse Fica (director de sociedades cascada), Carlos Pavez (superintendente de valores), Cristián Rodríguez (gerente general de AFP Habitat), Fernando Cañas (presidente de la BEC), Fernando Coloma (ex superintendente de valores), José Miguel Barros (socio de LarrainVial), Luis Hernán Paúl (director de empresas), Osvaldo Macías (superintendente de pensiones), Pablo Echeverría (presidente de Moneda AM), Patricio Parodi (gerente general de Consorcio Financiero), Raimundo Valenzuela (ex inversionista de las cascadas) y Wolf von Appen (ex director de SQM).
Pese al cierre de esta investigación penal del caso, el fiscal Montes está realizando una segunda indagatoria, donde a futuro podría formalizar a otros implicados por hechos distintos a los que se le acusa a Motta.
