SANTIAGO.- Una denuncia anónima desencadenó un terremoto interno en Metro, que llevó a la desvinculación de 139 trabajadores en enero y febrero de este año, muchos de ellos conductores y supervisores del tren subterráneo.
La compañía descubrió que mediante documentos falsos, algunos trabajadores lograban pagos por prestaciones de salud inexistentes; reembolsos por procedimientos médicos que no se realizaron o la devolución de gastos que nunca se efectuaron. Todo ello con cargo al Fondo de Bienestar de los Trabajadores de Metro, administrado por un consejo paritario en el que están representados tanto la administración como el personal.
$4.000 milloneses lo que maneja el Fondo de Bienestar. Por cada peso que pone el trabajador, Metro aporta unos cuatro pesos.
Aunque aún están definiendo cuánto es el dinero defraudado, la suma ascendería a unos $364 millones. Pero puede aumentar, debido a que la investigación se está extendiendo a los últimos cinco años, añaden conocedores del caso.
Consultados, tanto Metro como el sindicato afectado, reconocieron la situación.
"Lamentamos que un grupo de personas haya incurrido en prácticas que no forman parte del accionar mayoritario de los trabajadores de la empresa. Rechazamos categóricamente el mal uso de recursos de un fondo de carácter solidario, el cual va en directo beneficio de los trabajadores y sus familias", dijo Metro a
El Mercurio.
A través de un comunicado interno enviado la semana pasada, el sindicato afirmó que "reiteramos nuestro rechazo a la malversación del Fondo de Bienestar, pues la disposición de estos recursos ha sido una conquista histórica del movimiento sindical de Metro, garantizando una mejor cobertura a diversas prestaciones que hoy son de difícil acceso para el grueso de los trabajadores chilenos".
Además, anunciaron la presentación "de una denuncia en el Ministerio Público contra todos quienes resulten responsables de dirigir y articular esta red que ha defraudado a nuestro Fondo de Bienestar", agrega ese mismo documento.
En medio de esta situación, el 3 de febrero renunciaron al Sindicato Unificado de Metro dos dirigentes: Fernando Palavecino y Mariela Duque. Estos representantes comunicaron que la decisión se debe a "motivos personales y en virtud de preservar la unidad de nuestra organización sindical y la defensa de los intereses de nuestros colegas".
Palavecino negó que su dimisión al sindicato se relacione con que haya cometido irregularidades con el Fondo de Bienestar e insistió en motivos personales. Duque desestimó referirse al tema.
El fraude
A mediados del 2016, el ejecutivo encargado de cumplir con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas recibió una denuncia de mal uso del Fondo de Bienestar a través de la página web. El caso pasó a Contraloría Interna donde se revisaron millares de documentos, e incluso se tomó contacto con los médicos y clínicas para chequear si las prestaciones de salud se realizaron o no.
En la revisión del uso de este beneficio, la empresa detectó que había muchas irregularidades en los servicios oftalmológicos, principalmente en recetas de lentes ópticos que tenían un alto reembolso.
Buena parte de los despedidos eran conductores o supervisores ligados a la operación, por lo que el sindicato informó que "sabemos que la empresa implementará un plan de contingencia para mantener la operación del Metro de Santiago" y, en ese marco, "nuestra organización estará alerta para velar por el cumplimiento de las condiciones laborales".
Compleja negociación colectiva
Históricamente, conductores, vigilantes y encargados de material rodante (mecánicos) de Metro habían negociado divididos en dos sindicatos (el 3 y el 4), con distintas condiciones de trabajo para cada grupo. Pero hace dos años se fusionaron, dando lugar al Sindicato Unificado, también llamado Sindicato 7.
Pese a esta fusión, coexisten entre los conductores del metro dos convenios colectivos distintos, y eso es lo que se quiere homologar en la próxima negociación. Uno de estos convenios vencía en noviembre de 2016, pero se extendió para que se negociara conjuntamente con el otro sindicato, cuyo contrato expira en agosto de 2017.
Con la administración pactaron que el proceso unificado se realice en marzo, antes de la entrada en vigencia de la reforma laboral. Se trataría de un proceso no reglado y, por lo tanto, sin derecho a huelga.
En el clima actual de despidos e irregularidades del Fondo de Bienestar, este jueves se convocó a una asamblea extraordinaria del Sindicato Unificado, donde se trataron todos estos temas. Según fuentes sindicales, llama la atención que las desvinculaciones solo afecten a este gremio y se sepan justo cuando parte la negociación colectiva.
