Zurich/Santiago.- El presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló que Chile "no enfrenta ninguna limitación aguda para crecer", luego de la débil expansión de 1,6% en 2016.
En una presentación ante la Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza, el economista aseguró que "la política macroeconómica ha sido acomodaticia y puede seguir siéndolo sobre la base del capital financiero, institucional y social acumulado a lo largo de los años".
En este sentido, complementó con que "no hay que olvidar que Chile se ha convertido en una economía más madura, con un potencial de crecimiento inferior que hace 20 años y con retos políticos y sociales más duros".
"Estos desafíos crean dilemas políticos cuya respuesta de las autoridades puede afectar el crecimiento en una dirección u otra. Chile también está expuesto a las demandas de una mayor transparencia y mayores estándares sociales que se imponen a las instituciones".
El economista también señaló que "el crecimiento económico ha sido lento en Chile desde 2014. El crecimiento potencial del PIB ha disminuido durante más de una década. Sin embargo, los balances macroeconómicos se han mantenido, y la capacidad de la economía para ajustarse a los cambios ha mejorado".
En esta línea, agregó que "las expectativas económicas siguen en terreno negativo. Algunos culpan a las polémicas reformas políticas, mientras que otros apuntan al deterioro de la confianza debido a los escándalos políticos y empresariales".
Sin embargo, precisó que "las oportunidades de negocio siguen existiendo y pueden depender de los continuos progresos en la contención de costos y la profundización financiera".
Entrando a los desafíos que debe enfrentar la economía de Chile, Mario Marcel comentó que "si bien hay una discusión válida sobre el impacto económico de las recientes reformas fiscales y de mercado de trabajo en la inversión empresarial, una serie de otros desarrollos en curso pueden ayudar a mejorar la productividad y eficiencia en un futuro próximo".
En esta línea, mencionó a la nueva política energética, los cambios legales que amplían las carteras de inversores institucionales, la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera dependiente de Hacienda, los cambios a los sistemas de pago, la futura reforma a la Ley de Bancos para adoptar Basilea III y la creación de un fondo de infraestructura.
