Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas.
El Mercurio
SANTIAGO.- La Asociación de Empresas Eléctricas advirtió riesgos para la actividad económica, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua mantuviera la prisión preventiva de uno de los ejecutivos de CGE y decretara arresto domiciliario nocturno para otro gerente por la investigación que hay en su contra por los incendios forestales de enero.
"Esta noticia, por supuesto, nos conmueve como industria. Conocemos a esas personas. Sabemos de su trayectoria, de su compromiso con su labor, sabemos de los esfuerzos que ellos mismos hicieron luego del inicio de los incendios para preservar o restablecer el servicio eléctrico en la zona", aseguró
Rodrigo Castillo, director ejecutivo del gremio a través de un comunicado.
"No creemos jurídicamente correcto, ni mucho menos razonable, que nuestra sociedad considere que un accidente o una omisión de cuidado, tenga como resultado imputaciones penales de intencionalidad"
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas
Castillo enfatizó que "más allá de nuestra solidaridad con ellos y sus familias, como industria nos vemos en la obligación de advertir que de prosperar la tesis de los acusadores, nuestro sistema jurídico como un todo, marcará una jurisprudencia sin precedentes en el desarrollo de cualquier actividad económica que conlleve riesgos en su operación, la que se verá seria y drásticamente afectada".
"En definitiva, a situaciones como éstas se verán expuestas las diferentes industrias y sectores productivos de nuestro país", aseguró.
"La tesis esgrimida por los acusadores se basa en una supuesta responsabilidad absoluta y a todo evento de parte de los funcionarios de las empresas eléctricas (no de la empresa en sí misma) de evitar que cualquier desperfecto o accidente en dichas líneas pueda provocar un incendio, haciendo penalmente responsables, como autores intencionales, a estos funcionarios, de las consecuencias de este accidente, tal y como si hubiera existido de parte de ellos la intención concreta y efectiva de provocarlos dolosamente", describió.
Ante esto, explicó que "aún cuando alguno de los incendios pudo haberse generado por una incidencia eléctrica -situación que deberá ser dilucidada en el juicio- no creemos jurídicamente correcto, ni mucho menos razonable, que nuestra sociedad considere que un accidente o una omisión de cuidado, tenga como resultado imputaciones penales de intencionalidad".
