SANTIAGO.- . El directorio de Codelco acordó que llevará hasta los Tribunales de Justicia la controversia generada por los últimos pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR), de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la empresa.
Esto, luego de las recientes declaraciones del contralor que anticipan el rechazo a la reconsideración en curso, lo que dificulta una solución por la vía administrativa, añadió la corporación.
Adicionalmente, el directorio acordó convocar a una sesión extraordinaria el día lunes 5 de junio en la que se analizará el estado del diferendo con la entidad fiscalizadora y medidas adicionales que tomará la empresa.
"El directorio quiere dar una señal de tranquilidad a toda la sociedad chilena y asegurar que trabajará para minimizar las dificultades que este diferendo está causando en las operaciones y contrataciones de la Corporación", señaló en un comunicado la cuprífera.
Las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez en presentaciones realizadas en el Congreso, dejan ver que dicha autoridad entiende que la CGR posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la Corporación difiere, pues cuestionan directamente el rol que la ley ha otorgado a su gobierno corporativo, diferencia que deberán resolver los tribunales.
A juicio del directorio de la empresa, "optar por el camino judicial evitará un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública", añadió.
Desmiente contratos con empresas relacionadas
En relación a la información difundida por la prensa, sobre contratos con empresas relacionadas por US$783 millones, Codelco dijo que "cabe señalar que dicha cifra nace precisamente de la diferencia interpretativa que origina la controversia".
"La Contraloría señala que a Codelco se le aplicarían ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas que la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la CGR y a la Cámara de Diputados. En tanto, la Corporación se ha regido hasta ahora por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina para la contratación con empresas relacionadas, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley (Ley de Compras Públicas)", añadió.
Cabe precisar que respecto a los contratos con partes relacionadas, "las declaraciones del contralor implican que su objeción no apunta a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la CGR y a la Cámara de Diputados que señala la Ley de Compras Públicas".
Adicionalmente, la minera enfatizó que "se debe tener presente que estos contratos son sometidos a los controles, exigencias legales y procedimientos que la Ley de Sociedades Anónima contempla para garantizar que sean realizados en el interés de la empresa".
