Ricardo Ariztía, actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex director del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
El Mercurio
SANTIAGO.- Este lunes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por negociación incompatible y fraude al Fisco contra el actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, por supuestas irregularidades producidas durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Así, según consignó La Tercera, la acción penal apunta a la adjudicación a Copeval Servicios S.A. -en diciembre de 2012 y a través de licitación pública- de un contrato para la adquisición por parte del Indap de 20 máquinas cosechadoras de cereales de la marca brasileña Jumil.
En esa fecha, de acuerdo a la querella, mientras Ariztía figuraba como director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), al mismo tiempo Copeval tenía en su directorio a Eugenio Ariztía Benoit, sobrino del actual timonel de la SNA, mientras que como socio de la compañía figuraba Manuel Ariztía Ruiz, su tío.
Según el texto legal, todo se generó luego de que el diputado Fernando Meza pusiera en conocimiento del Ministerio Público antecedentes relativos a que comuneros mapuches, para quienes Indap adquirió las maquinarias, "manifestaron la nula eficiencia de dichas cosechadoras para los fines que supuestamente fueron adquiridas" a lo que se sumó que "existía una inhabilidad entre el director nacional de Indap de la época (…) por encontrarse vinculado por razones de parentesco con su sobrino Eugenio Ariztía Benoit, quien era a su vez uno de los directores de la empresa contratante".
Así, el Contralor Regional de La Araucanía estableció que la adquisición de las cosechadoras fue irregular, acogiendo las denuncias y remitiéndolas al CDE.
La investigación de Ciper y la respuesta de Ariztía
En la querella se incluye además una denuncia publicada por Ciper, que acusó que funcionarios de Indap viajaron a Brasil para conocer estas cosechadoras, eligiendo estas máquinas antes de realizar la licitación pública.
De esta forma, "siendo Copeval el único representante en el país de esa marca, se evidencia que la licitación estaba completamente dirigida a una empresa, como efectivamente aconteció, porque la única propuesta fue presentada por el único oferente participante", es decir, Copeval, añade el CDE.
La querella relata que la denuncia contra la licitación detalla que la adquisición de las 20 unidades cosechadoras fue a un valor de $20.736.000 más IVA cada una -sumando un total de $493.516.800 más IVA-, en circunstancias que a noviembre de 2014 el precio unitario de estas alcanzaba los $10 millones más IVA.
"Acá hay claramente una persecución política. He sido perseguido desde que terminé mi trabajo en el Gobierno. Presenté en Contraloría mis descargos, están todos los antecedentes entregados dando cuenta de lo falsa que es esta acusación", dijo Ariztía a La Tercera al ser consultado por los cargos en su contra.
"En primer lugar el procedimiento de compra fue aprobado por la Contraloría hace tres años. No hay ningún daño patrimonial al Fisco y se cumplieron todos los procedimientos que la ley exige. Las máquinas cosechadoras están trabajando. Efectivamente se devolvieron inicialmente porque fueron mal asignadas para el tamaño del propietario pero fueron luego reasignadas y están operativas", añadió el empresario.
