SANTIAGO.- El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, destacó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que avaló la colusión entre las empresas CMPC y SCA, multando a ésta última en US$18,3 millones.
"Valoramos este fallo que recoge todas las peticiones de la FNE y lo consideramos un espaldarazo a nuestra labor de persecución de carteles. Esta sentencia nos anima a seguir aplicando la ley con rigor y eficacia, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y nos ratifica la importancia de la delación compensada, tanto del primer delator como del segundo".
A juicio de la FNE, "éste es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país" y añadió que "su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos".
"Los carteles son un cáncer para la economía de mercado y el mejor y más efectivo remedio contra él es la delación compensada"
Felipe Irarrázabal
En relación a los casos futuros, explicó que "la nueva ley, aprobada el 2016, nos aporta nuevas herramientas, como un régimen de sanciones drásticas, que han mejorado las capacidades técnicas de la FNE, y que redundará en una más eficiente persecución de los carteles, tanto los originados en Chile como en el extranjero".
La investigación
Durante el curso de la investigación, que comenzó de oficio en diciembre de 2014, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel.
Por eso, la Fiscalía otorgó la exención de multa para CMPC, que llegó en primer lugar (el 27 de marzo de 2015), y la reducción de multa para SCA Chile, segunda en solicitar el beneficio (el 7 de octubre de 2015).
Entre las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía durante la investigación, se cuenta la entrada, registro e incautación a las dependencias de SCA, lugar donde se pudo recopilar diversos antecedentes valiosos para la indagatoria.
Al mismo tiempo, la Fiscalía constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas. Así, por ejemplo, está acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales, creados con pseudónimos, para estos fines.
También utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores.
Una vez que la sentencia del Tribunal sea notificada, las partes tienen un plazo de 10 días hábiles para reclamar ante la Corte Suprema.
