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Arequipa se levanta contra proyecto minero en Perú: El conflicto que el Gobierno de Vizcarra no sabe cómo solucionar

Mientras la empresa ya cuenta con los permisos para comenzar a operar el yacimiento de cobre, la comunidad nunca ha aprobado la realización de la mina debido a los impactos ambientales y laborales que generaría en la agricultura.

13 de Julio de 2019 | 11:54 | Redactado por Juan Undurraga, Emol/ Agencias
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Las manifestaciones del año 2015 en contra de "Tía María", dejaron cuatro muertos y 300 heridos.

Agencias
Un clima de tensión es el que por estos días se vive en la ciudad de Arequipa luego de que se conociera que el pasado martes, el Gobierno de Martín Vizcarra le dio luz verde a la empresa Southern Copper Corporation Perú para iniciar la explotación de uno de los mayores yacimientos de cobre de toda Sudamérica, la mina "Tía María". Con el anuncio, el Mandatario revivió un viejo y difícil conflicto.

Resulta que en varias ocasiones los arequipeños han manifestado su total rechazo al funcionamiento del yacimiento, en gran medida -explican- por los daños que se generarían a los terrenos donde se desempeña una de las principales actividades económicas de la localidad: la agricultura.

Ha sido tanto el tira y afloja entre los lugareños, autoridades y la empresa, que en 2015, ad portas de que se comenzaran los trabajos en el yacimiento, se produjo una violenta protesta que dejó cuatro muertos, incluido un policía, y unos 300 heridos, lo que finalmente forzó la paralización de la iniciativa.

Sin embargo, todo parece indicar que la situación podría volverse igual de tensa que años atrás, pues los pobladores y gobernadores locales ya anunciaron un paro general indefinido a partir del lunes 15, además de exigir una reunión con el presidente de Perú para aclarar la situación.

La gente de la zona no ha sido la única en expresar su malestar, sino que también algunas autoridades, como el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, también expresó su rechazo a "Tía María", tomando distancia de la postura del Gobierno.

Es precisamente por lo ocurrido hace algunos años que durante esta semana las autoridades nacionales, regionales, sociales, políticas y empresariales de Perú han hecho llamados al diálogo para prevenir una tormenta social.

Los refuerzos que llegan a la zona

En la antesala del lunes -día que se espera que comience la huelga- unos 400 policías han sido trasladados a la zona y se ha emitido una alerta ámbar a los hospitales para que estén prevenidos ante posibles incidentes.

US$1.400Millones planea invertir la empresa Southern Perú en le yacimiento de cobre
"Es un escenario complicado, porque es hablar de posibilidades de diálogo en un conflicto donde ya se parte de hechos consumados: la mina ya tiene las licencias y los permisos aprobados, no le falta nada. Y también hay una posición irreductible de la población de rechazo al proyecto", afirmó el experto peruano en medio ambiente, derechos sociales e industrias extractivas, José de Echave.

De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y directivo de la ONG Cooperacción, alertó además que los "precedentes de estallidos sociales fuertes" en Tía María hacen pensar que no se podrá encontrar una solución positiva para todos.

"Los pobladores no confían en la empresa, que no tiene los mejores antecedentes ni trayectoria en el país en su manejo ambiental, y por otro lado perciben el proyecto como una amenaza a su actividad, que es la agricultura y que genera 24.000 puestos de trabajo", apuntó.

El primer Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, presentado en 2009, tenía 139 observaciones técnicas y más de 3 mil por parte de la comunidad. Fue rechazado en 2011 después de que el 97% de la población de la zona se opusiera el proyecto a través de la consulta vecinal

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Por su parte, el Primer Ministro peruano, Salvador del Solar, indicó el jueves que el Gobierno trabaja para despejar "todas las inquietudes y dudas" en torno al yacimiento minero, y llamó al "diálogo" para lograr el entendimiento.

Además, lejos de ayudar a calmar los ánimos por el lado de la minera, del Solar dijo que si bien Southern Perú obtuvo la licencia y cumplió con los procedimientos administrativos, también existe el compromiso de "no construir" mientras el ambiente social sea desfavorable.

Los beneficios que la empresa y el Gobierno aseguran traería Tía María

A pesar de tener en contra a gran parte de los habitantes del Valle de Tambo, desde la empresa Southern Perú estarían decididos a llevar a cabo el proyecto minero que hace años les fue aprobado, pues explican que este le traerá una serie de beneficios a la ciudad.

En esa línea, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía de Perú, la patronal del sector, afirmó a la prensa local que la empresa está "promoviendo" los espacios para obtener "un ambiente propicio para la inversión", algo que a su juicio está logrando cambiar la percepción de la población.

0,4% contribuiría Tía María al crecimiento del PIB de Perú
A lo que agregó que "Tía María brinda la oportunidad de pensar en un esquema de convivencia entre agricultura y minería. Y sí, es posible tener las dos cosas. Es un valle rico, que puede desarrollarse con planes, es una oportunidad para generar bienestar y mejorar oportunidades de vida".

Southern planea invertir US$ 1.400 millones en este proyecto, que modificó en algunos aspectos respecto a las iniciativas que causaron el estallido social en 2015, principalmente para evitar impactos en la agricultura y los recursos hídricos de la zona.

Así, por ejemplo, anunció que se usará agua desalinizada en las operaciones, en lugar de los escasos recurso hídricos de la zona, además de que construirá un ferrocarril industrial y vías de acceso alejadas de los cultivos y zonas residenciales.


Tía María, que será una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación, contribuyendo notablemente a la economía de la región de Arequipa, que solo en 2018 exportó US$ 5.197 millones en minerales.

Se calcula que el proyecto generará US$ 1.500 millones en regalías que quedarán en la región en los 20 años que tiene previsto estar operativa.
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