Ya la había anunciado la semana pasada cuando la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, y hoy el ministro de Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, presentó en la misma instancia el documento de reserva de constitucionalidad para impugnar la iniciativa, alegando que la idea pasa a llevar la Carta Fundamental vigente.
Según el secretario de Estado, la reforma que está siendo votada en la mencionada comisión infringe la Constitución vigente, y enumeró tres “infracciones flagrantes" relacionadas con el nuevo retiro.
Una, es que, según explicó, el proyecto pasa a llevar la iniciativa exclusiva que tiene el Presidente de la República para "fijar, modificar, conceder y aumentar pensiones y demás beneficios económicos, establecer exenciones tributarias y establecer o modificar la normas de seguridad social".
Sumado a ello, Monckeberg cuestionó la creación de un "bono para ciertos afiliados", particularmente aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general a las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones, quienes, de acuerdo al proyecto, se les concede un bono de $500 mil, el cual no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal, en consecuencia, no es imponible ni tributable y estará afecto a descuento alguno.
Según el ministro, y de acuerdo con la Constitución, "todo gasto con cargo a los fondos de la nación debe indicar la fuente de financiamiento, y el presente proyecto no lo establece. Esto es tan claro, que el proyecto invade y afecta una de las reglas centrales del estatuto constitucional del gasto público, en la medida que la carta prohíbe al Congreso aprobar ningún nuevo gasto sin indicar al mismo tiempo la fuente de recursos necesarios para atender dicho gasto".
La tercera infracción, continuó el secretario de Estado, dice relación con el debido proceso. "Mediante esta reforma, se atribuye a la autoridad una serie indefinida de potestades sancionatorias, sin que exista un procedimiento ni sanción para ello ni posibilidad de revisión o impugnación, consagrando una nueva regla excepcional y extraordinaria aplicable a este caso, exclusivamente, y afectando con ellos los derechos de los ciudadanos", dijo.
Así, el ministro concluyó señalando que "solicito a la secretaría que quede debidamente registrada esta reserva de constitucionalidad en el acta de la sesión y en la historia de la ley, como asimismo se entiendan cumplidos los requisitos constitucionales y legales ante el Tribunal Constitucional para tener por planteada cuestión de constitucionalidad".
Tras ello, el presidente de la comisión, el diputado Matías Walker (DC), comentó que tanto el proyecto del segundo retiro del 10%, así como los otros tres proyectos relacionados -retiro anticipado de ahorros previsionales a personas con enfermedades terminales, permitir retirar a pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias y obligar a deudores de pensión alimenticia sacar su 10%- fueron declarados admisibles por el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.
Junto con ello, apuntó que "al ser proyectos de reforma constitucional, entendemos que son perfectamente constitucionales", sin perjuicio de que el Gobierno pueda recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnarlos.
