Los rut de los afiliados que realizaron el retiro del 10% de los fondos de pensiones y el detalle de los recursos girados, fue la petición que el Ministerio de Hacienda realizó en octubre a la Superintendencia de Pensiones. Hecho que ha generado críticas transversales desde el mundo político -tanto de oposición como de Chile Vamos-, y ahora ex presidentes del Consejo para la Transparencia (CPLT) cuestionaron la legalidad de la solicitud.
El diputado de la DC, Gabriel Silber, ingresó un escrito al CPLT para que "investigue, fiscalice y sanciones" lo que, a su juicio, es una "flagrante infracción a la ley de protección de la vida privada", mientras que dicho organismo ofició al ministerio para conocer si la solicitud se ajustó a la norma legal.
En tanto, desde el Gobierno, el ministro fue el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien salió a explicar con mayor precisión las razones de esta solicitud y dar tranquilidad sobre la protección de los datos personas de las personas.
"Quiero dar plena certeza de que esa privacidad no está puesta en riesgo acá. Tampoco hay ningún tipo de cuestionamiento a quienes hayan ejercido su derecho a retirar sus fondos previsionales según mandato esa reforma", aseguró el ministro. "Lo que quiero decir es que este tipo de solicitudes se hacen recurrentemente dese el Estado y en este caso particular está dentro de las facultades del Ministerio de Hacienda y apegado estrictamente a al ley, en particular al Artículo 30 de la ley 20.403".
Y enfatizó: "Las bases de datos, y esto es lo que se solicitó en el oficio, son fundamentales para hacer cruces con fines estadísticos. Las políticas públicas se construyen en buena parte en base a datos, a información", remarcó el titular de Teatinos 120, agregando que "la crítica de que los datos de las distintas reparticiones del Estado no conversan es recurrente y en esta pandemia esto ha quedado en evidencia: requerimos mejores datos para poder llegar a las personas que lo necesitan".
Críticas de expertos
Marcelo Drago, ex presidente de la CPLT, sostuvo a Emol que "tuve la posibilidad de mirar el oficio que tramitó el ministro Briones al superintendente de Pensiones, y creo que el ministro si estuviera pidiendo información de carácter estadística, anónima, no habría ningún problema, sin embargo, la solicitud es bien expresa cuando pide información de las personas, incluyendo su número de cedula de identidad, que han solicitado el retiro".
"Está pidiendo expresamente datos personales, datos personales además de carácter sensible. Hace ya dos años el país reformó la Constitución estableciendo expresamente como derecho fundamental la protección de datos personales, y señala que solo la ley puede regular el tratamiento de estos datos", dijo, añadiendo que "el ministro necesita una ley expresa para poder solicitar estos datos. Creo que, si se lo pregunto al ministro, no tiene una ley expresa que le permita solicitar estos datos personales de estos millones de chilenos".
“Si se piden datos estadísticos, la naturaleza del dato estadístico es anónima, sino son datos personales. Un dato anónimo no puede estar referido a ninguna persona específica, por lo tanto, no puede incluir el rut. Por ende, el ministerio en ese sentido, si necesita una información, la tiene que pedir bajo las reglas de los datos estadísticas, y no solicitar estos datos personales”.
Marcelo Drago
Por ello, Drago recalcó que" a mí juicio,
no le veo fundamento o respaldo legal a esta solicitud. Por lo tanto, creo que lo debiera pasar es que sencillamente no se le dé curso". Eso, sumado a que la Superintendencia de Pensiones "no estaría facultada a entregarle estos datos a alguien que no tenga una base legal, el respaldo de una ley para hacerse de estos datos (...).
Sería un error que la superintendencia de pensiones entregara esta información al ministerio al nivel de datos personales. Puede entregar una información estadística, pero la información estadística es por su naturaleza anónima".
De hecho, aseguró que, en caso de entregarse la información solicitada por Hacienda, "se puede producir una infracción a la ley de Protección de Datos y puede haber una situación de responsabilidades administrativas al respecto".
"Si se piden datos estadísticos, la naturaleza del dato estadístico es anónima, sino son datos personales. Un dato anónimo no puede estar referido a ninguna persona específica, por lo tanto, no puede incluir el rut. Por ende, el ministerio en ese sentido, si necesita una información, la tiene que pedir bajo las reglas de los datos estadísticas, y no solicitar estos datos personales", subrayó.
Por su parte, el también ex presidente del CPLT y ex superintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, expuso a este mismo medio que "no estoy seguro (que la solicitud de Hacienda) esté dentro del marco legal, porque se trata de datos personales y los datos personales deben ser deben ser resguardados por el organismo público que los posee, en este caso la Superintendencia de Pensiones. Su tratamiento debe estar enmarcado en lo que la ley establece y solo se pueden transferir o utilizar los datos personales con consentimiento del titular, o para los fines previstos por la ley".
"En el caso de la Superintendencia de Pensiones, si analiza bien la ley 19.628, que es la establece la protección de datos personales, probablemente no va a encontrar fundamentos para entregar datos personales al Ministerio de Hacienda", añadió.
Asimismo, acotó que "la regla básica, la regla general, es que los datos personales solamente pueden ser tratados cuando hay una autorización legal o con consentimiento expreso o por escrito de su titular. No estoy seguro de que se cumplan ninguno de estos elementos en la solicitud del Ministerio de Hacienda".
"La preocupación yo la comprendo, pero la manera de canalizar esa preocupación debe ajustarse al marco de la normativa, la normativa impone restricciones, y tendrá el ministerio que reformular su solicitud de modo tal de no incurrir en un acceso no autorizado de datos personales. Yo creo que eso es posible, en una medida que la superintendencia le entregue los datos por categorías, pero ya no vinculándolos a un rut en particular”.
Alejandro Ferreiro
De todas formas, Ferreiro evitó criticar la solicitud de la cartera, señalando que "creo que el Ministerio de Hacienda está justificadamente preocupado de los efectos que puede tener el primer retiro y un eventual segundo retiro de los fondos de pensiones, y está intentando cuantificar el efecto o el impacto que esto tiene, tanto para el mayor gasto futuro en pensiones básicas o solidarias, como respecto de la eventual elusión tributaria que supone que personas estén sacando impuesto que debieran tributar pero que no lo hacen en este caso".
"Entonces la preocupación yo la comprendo, pero la manera de canalizar esa preocupación debe ajustarse al marco de la normativa, la normativa impone restricciones, y tendrá el ministerio que reformular su solicitud de modo tal de no incurrir en un acceso no autorizado de datos personales. Yo creo que eso es posible, en una medida que la superintendencia le entregue los datos por categorías, pero ya no vinculándolos a un rut en particular", apuntó.
Una impresión similar comentó Drago: "Se puede entregar información de cada uno de los solicitantes (del 10% de los fondos de pensiones), pero sin rut, sin nombres, sin forma de identificar a la persona. Y yo creo que, además, con eso debiera bastar. Si el ministerio necesita información para hacer estudios, hay ciertos principios que rigen la protección de datos personales".
También se refirió a si es usual que autoridades del Estado soliciten este tipo de detalles en la información requerida, asegurando que aquello se da "cada vez menos. Afortunadamente en el país se ha ido tomando consciencia, sobre todo en el Estado, de la necesidad de protección de los datos personales. Creo que cada vez más los servicios y autoridades se dan cuenta de que esa información no puede estar disponible para cualquier persona. Creo que el Estado se ha ido tomando en serio la protección de datos personales".
Mientras que Ferreiro afirmó que "hay muchas instituciones públicas que tienen información muy preciada que otros organismos públicos incluso quisieran tener. Impuestos Internos tiene mucha información, el INE tiene mucha información, pero la ley establece tanto el secreto tributario como el secreto estadístico, entonces ni siquiera los organismos públicos pueden acceder a información que poseen otros organismos públicos".
