Fue el pasado 2 de octubre cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) levantó la alarma: informó que 437.703 trabajadores dependientes accedieron al bono de Clase Media por $500 mil sin cumplir con los requisitos. De ellos, 37.100 son funcionarios públicos.
Los beneficiados debían firmar una declaración jurada dando cuenta de que habían percibido una baja de un 30% en sus rentas durante los últimos meses, en comparación con el sueldo promedio de 2019.
Así, el SII estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni interesas, con un plazo hasta el 30 de noviembre. Una vez llegada esa fecha, se determinarán las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución. Tras ello, el Ministerio Público abrió juna investigación penal y la Contraloría inició una auditoria en el SII, con el fin de determinar si la plataforma del servicio dispuesta para entregar el bono estaba bien diseñada.
Así, esta tarde, el Contralor, Jorge Bermúdez, acudió a exponer en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia en la que dio cuenta algunas dificultades que, a su juicio, tiene la ley bajo la cual se rige la entrega del mencionado bono, además de dudas respecto al universo de beneficiarios.
En ese sentido, enfatizó en que los funcionarios públicos sí tienen derecho a acceder a los $500 mil señalando que, según la normativa, los beneficiarios son "las personas naturales que cumplan el requisito", sin hacer "ninguna distinción". Y si bien, señaló, la remuneración de los trabajadores públicos no se ha visto disminuida en el contexto de pandemia, aseguró que la ley se refiere a "las rentas que percibe una persona", la cual se puede componer "de distintas fuentes".
Tras su exposición, el contralor contestó las preguntas de diputados miembros de la mencionada comisión, y aseguró que "nosotros estamos tratando de hacer un trabajo lo más objetivo posible. La auditoría lo que hace es eso, es levantar información objetiva para después verificar si es que hay un tipo de acción derivada, luego se hace un sumario que determina responsabilidad, es decir, ver si hay dolo o no, si esa persona actuó con dolo y, por lo tanto, si es acreedora o merecedora de una sanción".
Personas que cumplían con requisitos han devuelto bono
Dicho eso, comentó que "aquí es muy difícil sacar conclusiones" en cuanto a si la mayoría de las 430 mil personas apuntadas actuaron de mala fe. En ese sentido, expuso el caso de "personas que efectivamente se asustaron, personas que yo conozco de aquí, de la Contraloría, que dijeron 'yo recibí el bono y lo voy a devolver'", en circunstancias en que no necesariamente debían hacerlo, ya que eventualmente cumplían con los requisitos para recibirlo.
Por ello, Bermúdez aseguró que les ha preguntado a dichos funcionarios si es que les llegó una notificación de Impuestos Internos en el sentido de que deban devolver el dinero, a lo que responden, según dijo, "'no, simplemente me asusté por lo que aparecía en los medios', donde había una presión porque parecía que todas las personas que había recibido los bonos y eran funcionarios público, lo habían recibido mal y, por lo tanto, iban a ser destituidos producto de haber sido defraudadores del fisco".
“A mí me parece que aquí tenemos un problema como Estado de cómo se diseñó esta política”.
Jorge Bermúdez
"
Esos casos son reales, existen, como les digo, no sé si son casos puntuales, o uno puede hacer una extrapolación a muchos más casos en ese sentido", recalcó, agregando que "había una información contradictoria al comienzo: que los funcionarios públicos no podían recibir el bono, en circunstancias que sí podían recibirlo".
Llamado a autocrítica de legisladores
Por ello, continuó, "cuando uno tiene una beneficio social que se supone que es de apoyo a la clase media, que el universo es de 1 millón 600 mil personas, y resulta que producto de postular y obtener el beneficio tienes más de 400 mil personas que están en un eventual delito, a mí me parece que efectivamente puede que sean 400 mil delincuentes, no lo descarto como posibilidad, pero también me parece que acá hay una autocrítica que hay que hacer a los poderes legisladores".
"A mí me parece que aquí tenemos un problema como Estado de cómo se diseñó esta política. Yo lo entiendo en el contexto, porque obviamente había que responder rápido a la situación de pandemia en la que estamos y obviamente esto no es el Código Civil, obviamente había que sacarlo adelante rápido porque hay una necesidad", añadió.
Consultado si hubo o no fraude al fisco, sostuvo que "en abstracto, uno puede decir que es así, pero, en realidad, hay que ver cada caso en particular. Por eso a mí me interesa tanto los resultados del proceso que está llevando impuestos internos, como lo que estamos haciendo nosotros, porque las consecuencias son muy graves"
Por último, expresó que "para Impuestos Internos y para el Estado de Chile, a la larga o a la corta, no hay ninguna posibilidad de que esas personas se le escapen, las que falsearon los datos. No hay ninguna posibilidad, porque en el peor de los casos, en marzo del próximo año, va a haber una declaración jurada que tiene que presentar el empleador respecto de las remuneraciones donde usted va a poder contrastar oficialmente entre lo que dijo y lo que efectivamente se le pagó. Entonces ahí uno va a tener el dato".
