IFE universal o renta básica: Las propuestas de "mínimos comunes" del Gobierno, Chile Vamos y la oposición

Casi dos semanas han transcurrido desde la reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, donde se estableció avanzar hacia una agenda de "mínimos comunes" para trazar un camino conjunto con miras a superar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de covid-19, y ya tanto el Gobierno, la oposición y Chile Vamos pusieron propuestas sobre la mesa.

Tras conocer los planteamientos de la centroizquierda y del oficialismo, el Ejecutivo anunció esta tarde que promoverá un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal y aumentará el monto a entregar.

Así, de los actuales $100 mil por integrante del hogar, se subirá al equivalente a la línea de la pobreza ($176.201 para hogares unipersonales), lo que llegará al 100% de las familias que integran el Registro Social de Hogares (14,8 millones de hogares), excluyendo a aquellas que formen parte del 10% de mayores ingresos del país, por lo tanto, se buscaría ampliar el RSH, que hoy está compuesto por el 75% de la población, al 90%. Además, según el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, "extenderemos el periodo de vigencia de estos beneficios".

El Ejecutivo espera entregar dentro de los próximos días mayores detalles de la propuesta, como el costo que implicará para el fisco.

Sobre medidas de apoyo a las pymes, Cerda dijo que se creará un "fondo especial para otorgar transferencias directas, no reembolsables a las pymes más afectadas. Facilitaremos el acceso al crédito para capital de trabajo en condiciones preferentes, aumentaremos los beneficios tributarios, postergaremos el pago de patentes y de contribuciones, y facilitaremos la formalización de las pymes simplificando los trámites".

Para financiar esto, el titular de Hacienda dijo que se apuntará a incrementar los recursos permanentes del Estado a través de la "reducción o disminución" de exenciones tributarias que "no se justifican", más otras medidas de "perfeccionamiento" al sistema tributario. A ello, se sumaría la mayor recaudación por el buen momento del precio del cobre y, eventualmente, un aumento en el nivel de endeudamiento fiscal.

Cerda resaltó que parte importante de estas medidas vienen de los lineamientos entregados ayer por Chile Vamos, desde donde si bien aún se encuentran afinando sus propuestas, adelantaron algunos de los principales puntos. Uno de ellos -y al igual que lo deslizado por el Ejecutivo-: establecer un IFE en torno a la línea de la pobreza y dirigido al 100% del Registro Social de Hogares.

A su vez, desde el oficialismo han asegurado que pondrán el foco en mayores apoyos para las pymes. De esta forma, proponen entregar a todas las pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 25 mil UF anuales un Bono Alivio con una base de $1 millón, más el equivalente a tres meses de pago de IVA de un mes promedio de ventas anterior a octubre de 2019.

También, apuntan a revisar un subsidio de tres meses de cotizaciones a los trabajadores de pymes acogidas actualmente a la ley de protección al empleo, con el propósito de evitar lagunas previsionales. Adicional a ello, plantearon crear un crédito Fogape Renovado especialmente orientado a los sectores de cultura y entretenimiento, turismo, hotelería y otros rubros no esenciales que golpeados por la pandemia.

Dicho crédito tendría mayor flexibilidad en requisito de mora, se ampliaría el plazo de pago, junto con extender el plazo de gracia para pagar y eliminar el deducible del crédito. Por último, Chile Vamos propone elaborar medidas que permitan repactar los créditos Fogape ya otorgados con condiciones más ventajosas para las pymes.

Según señaló el diputado y presidente de la UDI Javier Macaya a Radio Universo, esta respuesta del oficialismo todavía se está "construyendo", aunque aseguró que "hemos llegado a un consenso que para los próximos cuatro o cinco meses, se tiene que tener una renta que permita llegar a la mayor cantidad de familias chilenas". Con todo, subrayó que "todavía hay que hacer los números de cómo llegamos a un gasto mensual que puede oscilar entre los US$2 mil millones hasta los US$6 mil millones".

Por otra parte, Macaya recalcó que ayer desde su sector "entregamos una propuesta bien contundente en materia de pequeñas y medianas empresas, a nosotros nos interesa focalizar las ayudas a las pymes (...). El foco de Chile Vamos, o al menos de la UDI, va a estar bien puesto en las pymes que han sido las grandes afectadas. Vamos a estar muy preocupados de eso y estamos entregando una batería de medidas al Ejecutivo para que puedan ser consideradas dentro del acuerdo".

Sobre el financiamiento de estas propuestas, acotó que parte de esto podría venir de la mayor recaudación por cobre, aunque enfatizó que el foco para costear las medidas debe venir del "crecimiento económico, la capacidad de que la economía se ponga en marcha y generar empleo. Los recursos los sacamos del crecimiento económico".

Por su parte, el precandidato presidencial de Chile Vamos, Joaquín Lavín, expuso este jueves que "lo que está claro es que hay que ir con más ayudas sociales, más audaces, más universales, llegando a la gran mayoría de los chilenos. Hay que acoger las propuestas y conversarlas".

Dicho eso, deslizó una propuesta "personal", que se trata de un "carnet pyme, que se entregue a cada jefe de hogar inscrito en el Registro Social de Hogares $100 mil cargados en el carnet de identidad para que se pueda gastar solo en pymes y excluya a las grandes empresas y grandes cadenas del retail". También resaltó la importancia de "tener una Renta Básica universal mientras dure la pandemia" y que el monto se defina "técnicamente".

En todo caso, lo planteado por el Gobierno y Chile Vamos dista bastante de lo que pretende la centroizquierda. Y es que, de acuerdo los "mínimos comunes" que plateó ayer la oposición, se busca implementar una Renta Básica Universal de Emergencia (RBUE) que también llegue al 100% del RSH, pero con un monto 30% superior a la línea de la pobreza. El beneficio comenzaría a pagarse en junio y se extendería, al menos, hasta septiembre, lo que podría alargarse si así lo exigen las condiciones sanitarias.

Bajo esta fórmula, por ejemplo, un hogar unipersonal recibiría al mes $229.061, mientras que a un hogar compuesto por cuatro personas se le pagaría mensualmente $604.495. En tanto, a una familia de 10 integrantes -el máximo contemplado en la propuesta- le llegaría $1.148.025 durante cuatro meses.

Además de subsidios, se propone para apoyar a las pymes la suspensión del pago de algunas de sus obligaciones -como contribuciones y patentes comerciales y de alcoholes-, sumado a líneas de financiamiento con condiciones preferenciales y garantía estatal exclusivas para empresas de hasta 100 mil UF en ventas anuales, y fortalecer los subsidios al empleo que actualmente entrega el Estado.

También se considera un plan para fortalecer las medidas reforzar las medidas sanitarias, como aumentar la trazabilidad del covid-19 con 30 trazadores por cada 100 mil habitantes y que el test PCR sea gratuito.

Para financiar esto, se considera una mayor recaudación fiscal por el alza en el precio del cobre, mayor deuda pública, uso de fondos soberanos, medidas para evitar la evasión y elusión tributaria, eliminar algunas exenciones, apoyar medidas que buscan gravar a contribuyentes de mayores recursos, subir la recaudación proveniente de la extracción de algunos minerales y diseñar "un nuevo sistema tributario inteligente, más justo y equitativo".

Soledad Arellano, ex subsecretaria de Evaluación Social planteó dudas respecto al financiamiento de estas medidas. "Vero complejo esto, no porque no me gustaría que el 100% de las personas inscritas en el RSH reciban una renta que es 30% por sobre la línea de la pobreza, eso sería buenísimo. Sino que no sé qué están pensando, en términos de donde van a sacar esa plata", dijo a T13 Radio.

Mientras que el economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, comentó a El Mercurio que, si bien "se podrá discutir el monto, en principio la propuesta (de la oposición) está en la línea correcta". Y añadió que "es correcto que se puedan utilizar recursos que vienen por el mayor precio del cobre, endeudamiento y el uso de activos; también se puede reasignar gastos del Presupuesto", pero discrepo de la idea de incluir en el debate cambios tributarios.

En tanto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) defendió el financiamiento de las medidas. "Está propuesta está financiada", subrayó en Radio Cooperativa, añadiendo que "si hoy uno se va solo a las declaraciones del Ejecutivo en el Congreso, la mayor recaudación del fisco que proviene del mayor precio del cobre nos permitirá ya hacer un aporte muy significativo a más de la mistad del costeo de esta propuesta".

Además, continuó, "si nosotros miramos el espacio de mayor endeudamiento que tiene el Estado, ya estamos en la otra mitad", sumado a los recursos disponibles en el Tesoro Público, que son "precisamente para responder a estas situaciones de crisis". También, agregó, "miramos las reasignaciones de recursos mediante gestión temporal de los fondos de las Fuerzas Armadas (...). Tenemos más que financiada la propuesta que hemos hecho".

Desde el mundo pyme, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, comentó a Emol que para ellos son cuatro los puntos fundamentales a abordar para impulsar al sector. El primero: US$3 mil millones de subsidios directos para las pymes, "a través de BancoEstado o la Tesorería General de la República".

"La segunda medida tiene que ver con suspender pago de patentes, de impuestos y ver cómo resolvemos las leyes sociales atrasadas de manera de desestresar la caja de los emprendedores y las pymes que han sido afectadas por esta crisis económica", agregó. Mientras que la tercera medida "tiene relación con cómo logramos que el Fogape realmente sea una política pública de ayudas a las micro y pequeñas empresas".

"La verdad que hoy día (el Fogape) ha sido de ayudas más a las medianas empresas que a las pequeñas (...). Eso no puede ser, porque la política pública está orientada a ayudar a las mipymes más afectadas", resaltó Rivas.

En tanto, el cuarto punto, y el más importante para la Asech, es "generar los protocolos sanitarios para que las industrias de economías presenciales puedan reabrir. Eso es lo más importante hoy día, necesitamos reabrir las industrias presenciales para que se reactive la economía, entendiendo que los protocolos sanitarios son súper importantes, pero también es súper importante que reabramos con reglas claras y precisas para los comercios".

Por su parte, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, expuso que "ni la propuesta del Gobierno ni la de la oposición se hacen cargo del problema completo que viven las mipymes hoy".

"Falta una visión más integral y de largo plazo, que considere por ejemplo la mochila previsional que hoy está siendo un problema para las mipymes por tenerlas manchadas y no permitirles obtener recursos del Estado", dijo, y también "creemos se debe incluir un Fogape Permanente que, con la colocación de la banca que es cercana a US$24 mil millones, permita financiar 6 a 8 meses de ventas de todas las mipymes del país, con garantía estatal alta y tasas cercanas a cero".

Por último, llamó a "derribar barreras para acceder a recursos de Corfo y Sercotec, por lo que proponemos que empresas con deudas previsionales que se ajusten a fecha de inicio de la crisis igual puedan postular a esos fondos, eliminando copago y permitiendo que esos recursos permitan pagar deudas, como las previsionales".