Tras más de dos años de debate, el proyecto Pro Consumidor está pronto a convertirse en ley luego de que la comisión mixta del Congreso encargada de resolver la diferencias que se produjeron en la tramitación de ambas cámaras despachara la iniciativa, la que ahora retomará su discusión en la Cámara de Diputados y el Senado.
La propuesta corresponde a una moción impulsada por el
Presidente Sebastián Piñera a finales de enero de 2019 cuyo objetivo principal apunta a modificar diversas normas legales con la finalidad de
incentivar y a la vez fortalecer la protección de derechos de los consumidores, buscando evitar la presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos.
Con ese propósito, entre sus principales puntos figuran el procurar una mejor regulación tanto del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos como de los contratos de adhesión, ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho a prepago referido al consumo, además de modificar reglamentos referidos a garantía legal.
A su vez contempla mejorar el deber de información en caso de sobreventa de pasajes aéreos, ajustando en este caso las compensaciones cuando se produzca una denegación de embarque conforme a estándares internacionales.
Asimismo, durante su tramitación, hubo avances en la disposición de recetas médicas en línea, aumentar la garantía de bienes durables, igualar la condiciones para contratar o dar de baja un servicio, entre otras medidas.
No obstante, existe una norma contenida en el cuerpo legal que encendió las alertas entre las empresas, el comercio y los legisladores. Esta corresponde a una indicación impulsada por el diputado Karim Bianchi (PR) que
prohíbe entregar descuentos exclusivos asociados de un bien o servicio si este se encuentra sujeto al uso de ciertas tarjetas de pago administrado por el proveedor o por un relacionado.
Considerando que tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) además de otros expertos advirtieron sobre el eventual perjuicio que podría ocasionar una medida así, el diputado Miguel Mellado (RN) solicitó abrir el debate en torno a este artículo – pese a que no figuraba como un punto central del debate de la mixta, dado que fue aprobado por ambas salas –, no obstante, esta moción no prosperó dado que no contó con el apoyo unánime requerido.
A raíz de esta situación, Mellado anunció que enviará una carta al Presidente Piñera para que vete la indicación, puesto que desde su perspectiva, "la redacción de este artículo quedó mal hecha y va a ser perjudicial para los pequeños comerciantes, pero sí va a ser muy bueno para los bancos grandes (…) voy a pelear hasta el final que haya una apertura de la cancha a que los clientes puedan tener también descuentos asociados".
A lo anterior se sumó la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli), quien lamentó que "no haya habido un espacio de diálogo para haber buscado una mejor redacción, es indudable que ustedes y yo hemos recibido muchas opiniones de agrupaciones de consumidores y entendemos que, al menos la interpretación que hago yo, es que esto limita la libre competencia y, en ese contexto, quien menos gana es la micro y mediana empresa y también el consumidor final".
Seguido de esto, el senador José Durana (UDI) también expresó su respaldo a la misiva, asegurando que la indicación "genera una discriminación entre lo que son tarjetas de créditos bancarias con tarjetas de crédito de tasas comerciales y obviamente perjudica a la pequeña y mediana empresa".
El Gobierno, por su parte, también manifestó sus reparos sobre la iniciativa, y según consignó El Mercurio, el ministro de Economía,
Lucas Palacios, afirmó que se trata de una medida que "perjudica a los consumidores y atenta en contra de sus derechos, por lo que trabajaremos para corregir dicha situación, manteniendo el propósito de este proyecto, que fue y siempre ha sido beneficiar a los consumidores de este país". Junto con lo anterior, representantes de diversos gremios, como el Retail Financiero, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también se mostraron en contra.
Así, Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, señaló al diario que se trata de errores técnicos graves que generan "una evidente discriminación en favor de otros medios similares, lo que genera un importante vicio de inconstitucionalidad". Mientras que Carlos Soublette, gerente general de la CCS, explicó que esto coarta y limita las posibilidades de elección de los consumidores.
En tanto, Ricardo Mewes, presidente de la CNC, dijo que esta moción parlamentaria constituye un golpe para los sectores del comercio y turismo.
Respecto de otra medida que generó controversia, que tiene como propósito extender las garantías de los productos de tres a seis meses, dijo que esta afecta especialmente a las pymes del comercio, ya que constituye una carga excesivamente pesada tener que hacer devolución del dinero pagado e incluso entregar un producto medio año después de realizada la venta, especialmente debido a las complejidades actuales para mantener el abastecimiento de stock.
