Un intenso debate se dio esta mañana en la comisión de Economía de la Cámara, instancia que tuvo por objeto la revisión del veto sustitutivo que el Gobierno presentó a la Ley Proconsumidor, despachada por el Congreso el pasado 10 de agosto.
Dicha acción apunta a modificar una norma contenida en el cuerpo legal que ya había encendido las alertas entre las empresas, el comercio y legisladores.
La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo en enero de 2019 y busca establecer medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores e incorpora obligaciones para proveedores.
No obstante, el texto contiene una polémica indicación, impulsada por el diputado Karim Bianchi (independiente) y su padre, el senador Carlos Bianchi (independiente), que prohíbe la entrega de descuentos exclusivos asociados al uso de ciertas tarjetas de pago.
Sesión que estuvo marcada por las declaraciones cruzadas entre el ministro de Economía, Lucas Palacios y el diputado Bianchi. Así, Palacios explicó que, a juicio del Gobierno, la modificación propuesta "tiene múltiples efectos negativos, resultando incluso contraria a la idea matriz del proyecto de ley, por cuanto no beneficia a los consumidores, y muy por el contrario, enfrentarán menores ofertas y peores condiciones a la hora de comprar bienes y servicios con medios de pago".
Y agregó que "restringir la posibilidad de que emisores de tarjetas no bancarias compitan a través de descuentos eliminaría la principal herramienta de competencia que poseen los actores de este mercado, lo que inhibirá el creciente desarrollo de este mercado que claramente ha tendido hacia las tarjetas de prepago y a otras de menores costos para los tarjetanientes".
Por su parte, el diputado Bianchi acusó que el veto aborda la materia "desde la óptica de la industria, y no desde la defensa de los derechos consumidores", y sostuvo que se trata de "una interpretación antojadiza que pretende influir en la incertidumbre en el mercado (…) el espíritu de la ley es prohibir que producto de una integración entre empresas, se discrimine mediante descuentos a quienes no adquieren o no pueden utilizar ese medio de pago".
"Restringir la posibilidad de que emisores de tarjetas no bancarias compitan a través de descuentos eliminaría la principal herramienta de competencia que poseen los actores de este mercado, lo que inhibirá el creciente desarrollo de este mercado que claramente ha tendido hacia las tarjetas de prepago y a otras de menores costos para los tarjetanientes"
Lucas Palacios, ministro de Economía
Junto con ello, dijo:
"Podemos ver de manera evidente la defensa que se está haciendo al retail, es importante señalar que con el proyecto de ley los comercios particulares sí podrán seguir aplicando descuentos con determinados medios de pago, siempre y cuando la empresa no se relacione con el emisor de la tarjeta, los únicos que pierden su privilegio serán estos grandes grupos económicos que integran dentro de sus empresas relacionadas o empresas financieras, y empresas de ventas minoristas, abusando de su tamaño para ofrecer descuentos (…) el argumento de libre competencia está fuera de lugar".
Incluso, Bianchi comentó que "el mismo Fiscal Nacional Económico ve que no existe ninguna afectación a la libre competencia, es él que de manera acertada señala que es un privilegio en el derecho del consumidor y no en el derecho a la libre competencia, no se eliminan las ofertas asociadas a tarjetas de crédito".
En esa línea, el diputado Giorgio Jackson (RD) aseveró que "este proyecto de ley, en el caso de ser vetado como propone el Ejecutivo, lo único que hace en el mediano y largo plazo es favorecer a la mayor concentración económica y no a la desconcentración económica, y por lo tanto, hay una falacia tremenda y no se sigue de lo que dice el Ejecutivo que las pymes vayan a tener más oportunidades de poder competir, todo lo contrario (…) va a ser un dumping de lleno por parte de las grandes empresas aplastando a las pequeñas y medianas".
Bajo este escenario, y tras la intervención de otros diputados, el ministro Palacios remarcó que "no se están mezclando solamente peras con manzanas, sino que se están mezclando peras, manzanas, zapallos, zanahorias, de todo".
"Yo tengo aquí argumentos técnicos en respuesta al veto. Yo podría decir que aquí hay una defensa que no ha tenido ningún sector de la economía y podría especular respecto de eso, pero no lo hago, por respeto, porque creo que hay que responder de manera técnica"
Diputado Karim Bianchi (ind.)
"Aquí esto se trata finalmente del impacto que esto va a tener en los consumidores, por lo tanto, hay que realmente fundamentar bien las opiniones que se dan, no mezclar peras con manzanas (…)
no pongamos palabras en la boca de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, que no ha dicho", agregó.
Por último, el titular de Economía interpeló a los presentes: "No hagamos interpretaciones que no se condicen para nada con lo que se está presentando, se ha hablado de dumping, y el dumping no tiene nada que ver con lo que se está hablando".
Inmediatamente, Bianchi sostuvo que "fuimos aludidos, yo no puedo aceptar que el señor ministro diga que acá estamos dando argumentos al boleo cuando no le gusta el argumento".
"Son ataques personales y le pido respeto a quienes estamos argumentando, y baje las revoluciones, no se altere", resaltó el autor de la indicación.
Y cerró señalando que "yo tengo aquí argumentos técnicos en respuesta al veto. Yo podría decir que aquí hay una defensa que no ha tenido ningún sector de la economía y podría especular respecto de eso, pero no lo hago, por respeto, porque creo que hay que responder de manera técnica".
Detalles del veto
Por otro lado, el ministro Palacios detalló los alcances del veto, comentando que la medida busca modificar parcialmente el actual inciso final del artículo, mediante la eliminación de la frase final, lo que, no obstante, mantiene la redacción en cuanto a establecer la prohibición de condicionar la compra de un bien o servicio a un medio de pago. "Es decir, que no exista ese condicionamiento", subrayó el secretario de Estado.
Con todo, la idea de suprimir la posibilidad de que proveedores ofrezcan descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por el proveedor o partes relacionadas pasaría a ser regulada a través de la incorporación de dos incisos.
El primero de ellos prohibiría las ofertas con medios de pago sujetas a operaciones de créditos en más de una cuota, y se establece la obligación del proveedor de informar previamente el costo total del crédito cuando el consumidor opte voluntariamente por esta alternativa de financiamiento.
Con esto "se persigue una clara división entre utilizar una tarjeta como medio de pago con descuento, como un vehículo de pago, separando de lo que sería la utilización de una tarjeta como medio de financiamiento, son cosas distintas y tienen que ser tratadas de manera diferente (…) esto garantiza que los consumidores podrán acceder a los descuentos sin tener que endeudarse", zanjó Palacios.
El segundo en tanto, establecería una obligación de publicidad para el proveedor, a fin de informar el precio al contado del producto o servicio en términos visuales iguales o superiores al precio de oferta, reforzando así la transparencia e información para el consumidor.
