En medio de uno de los periodos más crudos de la pandemia en el país, marcado por estrictas restricciones de movilidad para prevenir los contagios, y sin que existieran aún las vacunas, uno de los primeros instrumentos que el Gobierno impulsó para mitigar su impacto en el mercado laboral fue la Ley de Protección al Empleo.
La normativa, que comenzó a regir a principios de abril del año pasado y permanecerá vigente vía decreto hasta el 6 de octubre de este año, busca proteger la fuente laboral de los trabajadores, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del seguro de cesantía en situaciones de suspensión de contrato - ya sea por acto de autoridad o por pacto -, y también en caso de reducción temporal de la jornada o suspensión laboral bajo la modalidad de crianza protegida.
Al evaluar su implementación,
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la U. Católica, subrayó que
"es uno de los ejemplos con los que nos vamos a quedar de políticas para adelante".
En conversación con Emol, el economista aseguró que "la ley de protección del empleo fue una forma de utilizar la institucionalidad que ya teníamos cuando vino la pandemia, que era el seguro de cesantía, y el seguro de cesantía tenía ahorros suficientes acumulados y se pudo usar".
Igualmente, Cecilia Cifuentes, economista del ESE Business School de la U. de los Andes, aseguró que "a pesar de que no había un mecanismo diseñados como para hacer algo como una suspensión de contrato, haber implementado esta idea de poder suspender a los trabajadores sin que haya sido necesario despedirlos, dada la circunstancias que estábamos viviendo de un shock transitorio muy significativo, a mí me pareció que fue una buena política".
Y a agregó que "además, si las personas se quedaban sin fondos en sus cuentas, se diseñó también un mecanismo en el que el Estado pudiera suplementar esas cuentas con el fondo de cesantía solidario, y en ese sentido, me parecía que el diseño era bastante bueno".
En tanto, el director del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la U. Diego Portales, Juan Bravo, rescató que "ya viendo en prospectiva, uno ve que realmente sí contribuyó a su fin (la Ley de Protección al Empleo), osea la mayoría de las personas que tuvo contrato suspendido finalmente fue reincorporada, en ese sentido, la tasa de éxito de esa política fue relativamente alta, cumplió su objetivo".
Bonos para fomentar el empleo
Pasando a los bonos o aportes estatales implementados enfocados en la reactivación del mercado laboral, el Ejecutivo impulsó distintos beneficios, como la línea Protege - enfocado en trabajadores dependientes o independientes que están al cuidado de menores de dos años - el cual se suma a los subsidios al Nuevo Empleo, Regresa y Contrata.
Respecto a estos dos últimos, el primero de ellos se entrega al empleador por cada trabajador que estuvo suspendido por Ley de Protección al Empleo y es reincorporado al trabajo. Por otra parte, la línea Contrata apunta a compensaciones que se entregan al empleador para incentivar la contratación y mantención de los nuevos puestos de trabajo.
Pero el más reciente de todos estos subsidios fue anunciado por La Moneda a mediados de agosto, y se trata de un
aporte directo al bolsillo de aquellos trabajadores que se empleen formalmente, otorgándoles un subsidio por la nueva relación laboral que se crea. Esto en reemplazo del subsidio al Nuevo Empleo.
Este apoyo económico, denominado IFE Laboral (o Ingreso Laboral de Emergencia), permanecerá disponible hasta diciembre de este año, y beneficia a todas las personas cuya remuneración bruta mensual no exceda de tres ingresos mínimos mensuales (actualmente $1.011.000).
Según datos revelados por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, ante la comisión de Hacienda del Senado esta semana, ya existen cerca de 330 mil postulaciones a este apoyo, lo que representa el 65% de la meta esperada.
Bajo el análisis de los economistas, Cifuentes sostuvo que: "es correcto que el foco sea incentivar la formalidad, suplementar ingresos de trabajadores formales e ir eliminado estas ayudas indiscriminadas que reciben todos los trabajadores independiente de su situación".
Esto porque desde su perspectiva, es crucial "tratar de evitar la informalidad y tratar de que todos los trabajadores, aún cuando trabajen por cuenta propia, sean formales, y eso es posible de hacer, hay que buscar mecanismos que incentiven que los trabajadores coticen en el sistema de seguridad social".
"Era más adecuado pasar a un subsidio más bien dirigido a la oferta de trabajo, a las personas de manera directa, siempre que tuvieran un empleo formal. Pienso que en verdad ese es el foco más importante y por eso es tan relevante que se haya mejorado de manera muy sustantiva en relación con el antiguo subsidio al Nuevo Empleo, que es como el equivalente"
David Bravo, economista de la U. Católica
Mientras que según Juan Bravo, "era importante tener un beneficio que fuera directo también a trabajador, no solo subsidios al empleador. En general, por ejemplo, uno ve otros programas permanentes, como el Subsidio al Empleo Joven, por ejemplo (…) pero ese tipo de programas suelen tener un componente que va al empleador y otro al trabajador,
entonces aquí estaba haciendo falta un componente que fuera al bolsillo del trabajador".
En tanto, David Bravo, quien integró la comisión para la Recuperación de Empleos, constituida el 6 de julio de 2021 por el Ministro de Hacienda, dijo que precisamente una de las recomendaciones de este grupo de expertos decía relación con "simplificar los subsidios lo más posible para que pudieran ser fácilmente entendidos por la gente y también enfocarlos en subsidios directos a las personas, más que a las empresas".
"Considerando el estado del mercado laboral, pensamos que en realidad era más adecuado pasar a un subsidio más bien dirigido a la oferta de trabajo, a las personas de manera directa, siempre que tuvieran un empleo formal", agregó.
Así las cosas, remarcó que "pienso que en verdad ese es el foco más importante y por eso es tan relevante que se haya mejorado de manera muy sustantiva en relación con el antiguo subsidio al Nuevo Empleo, que es como el equivalente".
¿Hasta cuándo se debería extender?
Por el momento, tanto el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal como el IFE laboral estarán disponibles hasta finales de este año. No obstante, existen voces del mundo político que ya defienden la idea de que estos apoyos - en particular el segundo- perduren por más tiempo, mientras existan sectores rezagados que aún no consiguen al retornar al mundo del trabajo.
Consultado por esta posibilidad, el director del Ocec apuntó que "es algo que hay que evaluar, no diría con certeza que es algo que tiene que continuar, primero porque estos subsidios se entienden como una ayuda en un contexto donde todavía la incertidumbre sanitaria juega un rol en inhibir la contratación de empleo, el punto es que esos subsidios no podemos hacerlos permanentes".
Y reiteró: "no puede ser algo permanente, tanto por temas de recurso, y porque finalmente, en una economía sana lo que debe impulsar el empleo es el crecimiento económico".
"No puede ser algo permanente (los subsidios), tanto por temas de recurso, y porque finalmente, en una economía sana lo que debe impulsar el empleo es el crecimiento económico"
Juan Bravo, director Ocec
En base a aquello, sí llamó a "repensar nuestros subsidios laborales permanentes, y en particular, el Ingreso Mínimo Garantizado (…) hay que subir los montos, pero además corregir por cargas familiares. Más que extender el IFE laboral, tenemos que reformar nuestros subsidios laborales de carácter permanente que ya tenemos desde antes de la pandemia".
Desde la U. Católica, David Bravo, resaltó que "justo cuando el mercado laboral empezó a acelerar su recuperación, el Estado pone este IFE laboral, y lo hizo más o menos justo, lo cual es bien importante porque es precisamente donde ya hay energía que se requiere poner incluso más combustible, crear más incentivos todavía para generar esos empleos y para que la gente se formalice".
"Tratar de evitar la informalidad y tratar de que todos los trabajadores, aún cuando trabajen por cuenta propia, sean formales, y eso es posible de hacer, hay que buscar mecanismos que incentiven que los trabajadores coticen en el sistema de seguridad social"
Cecilia Cifuentes, economista U. Andes
Pero mirando hacia adelante, apuntó que será necesario "ir monitoreando qué pasa con las mujeres, con los jóvenes, y quienes están más rezagados,
y pudiera ser que en alguna de esas categorías haya que mantener el IFE laboral (…)
hay ciertos subsidios que deberían mantenerse antes de que se recupere el 100% de los empleos".
Finalmente, Cifuentes apuntó que el IFE laboral "a lo mejor puede ser una buena política transitoria para incentivar que la gente busque empleo y que las empresas contraten, pero fiscalmente inviable pensar que vamos a vivir permanentemente en una situación en que el Estado le paga $200 mil de sueldo a todos los trabajadores, es insostenible en el tiempo".
Luego, planteó la idea de avanzar hacia un modelo en el cual, "en vez de suplementar los ingresos de los trabajadores, que el Estado se haga cargo de todas las cotizaciones de seguridad, social, osea que las personas si empiezan a cotizar y son de ingresos bajos, que el Estado les cotice, y eso incentiva que los contraten porque disminuye el costo de contratación para las empresas".
