Una nueva sesión se llevó a cabo esta mañana en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para continuar la revisión de la ley corta de pensiones, la cual fie ingresada este lunes con discusión inmediata al Congreso, y que apunta, entre otras cosas, a elevar el monto de la Pensión Básica Solidaria a ($178.958 mensuales, al nivel de la actual línea de la pobreza) , y ampliar de un 60 a un 80% la cobertura del Pilar Solidario.
Luego de un breve, pero acalorada, discusión por el cronograma para la votación del proyecto entre el ministro del Trabajo
Patricio Melero y el presidente de la comisión, diputado
Gabriel Silber (DC), los parlamentarios escucharon la exposiciones de los invitados, entre ellos, la economista y consejera del Consejo Fiscal Autónomo (CFA),
Paula Benavides, quien hizo un alcance respecto al incremento de la Pensión Básica Solidaria.
Según Benavides, se trata de "un elemento que debiese revisarse, porque solo en el último año la línea de pobreza ha tenido un incremento del orden de $8 mil y estamos en un contexto además donde los precios están subiendo de manera relevante. Y, por lo tanto, los $178 mil que son el valor de la línea de la pobreza del mes de agosto, rápidamente van a quedar por debajo de la línea de la pobreza muy probablemente ya en el mes de septiembre".
Y llamó hacer "una reflexión respecto del monto, de manera que esta protección que se está entregando frente a la pobreza se logre sostener hasta que haya nuevos reajustes, hasta que haya una nueva reforma y no quede ella por debajo de la línea de la pobreza en este mes o en el que viene".
Por su parte, Hugo Cifuentes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se sumó a esta postura, explicando que "la pensión actual de $164.356 para los pensionados solidarios entre 65 y 74 años aumenta a $178.958, bueno, aquí hay un tema simbólico (…) la línea de la pobreza, si este es el objetivo, el proyecto no resuelve la situación de la modificación de la línea de la pobreza en relación con el monto de esa pensión inicial".
"Sería conveniente que se considerara en esta situación cómo se va a ajustar esta pensión base a la línea de pobreza que se va moviendo con una rapidez que podría ir dejando a la pensión base fuera de lugar en pocos meses", agregó.
Otra de la materias abordas en la sesión dice relación con las cinco exenciones tributarias que para financiar el proyecto, cuyo costo en régimen va a alcanzar cerca de US$1.100 millones anuales, aproximadamente un 0,33% del PIB.
A juicio del economista
Nicolás Bohme, director del Observatorio de Políticas Económicas (Opes), en esa materia, la ley corta "es
una oportunidad desperdiciada por el Gobierno (...) hay bastante consenso sobre cuáles son las exenciones que debiésemos eliminar para avanzar hacia un sistema más justo y más progresivo".
Y continuó diciendo: "Respecto a las ganancias de capital se mantienen los privilegios tributarios que están fuertemente focalizados en personas de mayores ingresos, segundo, a mi juicio, de manera innecesaria se parte utilizando un instrumento regresivo como el IVA, particularmente lo que es el IVA servicios", añadió.
En relación a la exención que exime del pago de impuestos a las ganancias de capital en operaciones bursátiles líquidas, el economista dijo que "se introduce una tasa sustitutiva de solamente 5%, esto sigue siendo un tratamiento muy privilegiado (...) estamos comparando rentas que podrían pagar hasta un 40% con solamente un 5%".
Tras ello, sostuvo que "si bien, se termina la exención, se mantiene un privilegio muy importante para un subsector muy particular de personas que operan en la bolsa y que además son las personas de más altos ingresos".
En cuanto a los servicios que pasarán a estar afectos a IVA para solventar el proyecto, Bohme subrayó que "lo que va a pasar si es que se aprueba así como está esta norma, es que o algunos profesionales que no necesariamente son los de mayores ingresos van a reducir su ingreso porque van a tener que bajar el precio por los servicios profesionales que prestan.".
"O los consumidores finales que demanden algunos tipos de servicios van a ver un aumento de estos servicios (...), no se entiende por qué no somos más puntudos en ir a gravar las ganancias de capital y le cargamos la mano a algunos sectores de la población a partir del IVA servicios", concluyó.
