El proyecto de reajuste salarial para los funcionarios del Estado inició su tramitación en el Congreso esta tarde, comenzando con la revisión, por parte de la comisión de Hacienda de la Cámara, y luego de la Sala, de aquellos puntos sobre los cuales el Gobierno llegó a un consenso con 14 de los 16 gremios que conforman la Mesa del Sector Público.
En el Pleno, la moción del Ejecutivo fue aprobada por 120 votos a favor y una abstención.
La propuesta considera un incremento de 6,1% nominal de las remuneraciones de los trabajadores, el cual comenzará a regir de forma retroactiva, a contar del 1 de diciembre de este año. Asimismo, el texto también contempla bonos de Navidad, de Fiestas Patrias, de escolaridad, de vacaciones, entre otros.
Sobre este último, se establece un aporte de $100.000, que será pagado en enero de 2022, para los funcionarios cuyos salarios líquidos sea igual o inferior a $835.000; y un bono de $50.000 para los trabajadores que tengan un sueldo superior a $835.000 y hasta $2.790.000.
Sumado a esto, se considera un bono especial de acuerdo por $190.000, que será pagado el próximo mes, para los trabajadores públicos con renta líquida igual o inferior a los $835.000; y de $95.000 para los salarios igual o inferior a $2.790.000.
Respecto a la cobertura, los beneficiarios activos alcanzan a las 801.689 personas activas, mientras que en el caso de los pasivos la cifra asciende a 2.576.650.
Con todo, los diputados rechazaron en particular el artículo 48, que había generado diferencias en la comisión de Hacienda más temprano, por contener información relacionada a las condiciones que deben cunplir los establecimientos educacionales para que el Ministerio de Educación les otorgue subvenciones, y que a juicio de los legisladores, no debía estar en este proyecto.
Por otro lado, la Sala respaldó una enmienda para introducir un artículo nuevo - impulsado por el diputado Daniel Núñez (PC) - que permitía seguir otorgando un bono especial de reconocimiento, más conocido como bono covid, para los trabajadores de la red de servicios de salud y hospitales.
Sin embargo, al ser materia de exclusiva facultad del Presidente de la República -por lo que fue declarada como inadmisible en la comisión de Hacienda previamente-, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber presentó reserva de constitucionalidad, argumentando que "esto corresponde a una atribución exclusiva del Presidente de la República, administración financiera del Estado", y señaló que "recordemos que estamos avanzando no solamente en un 6,1% en el reajuste, también estamos incrementando en un 95% para todos los funcionarios el bono de acuerdo, lo que es muy significativo y es un bono de reconocimiento a todos los funcionarios de la salud, transporte y tantos otros".
De esta forma, el proyecto avanza al Senado - a su segundo trámite- y se espera que sea revisado en la sesión extraordinaria citada para mañana a las 10.
Acuerdos e indicaciones en la comisión de Hacienda
Cabe recordar que, en primer lugar, el reajuste del sector público fue revisado por la comisión de Hacienda de la Cámara, instancia visó la idea de legislar la iniciativa del Ejecutivo por unanimidad, es decir, con 13 votos a favor.
Entre los primeros acuerdos que se logró entre los parlamentarios y el Ejecutivo, fue el compromiso para que el pago de este reajuste, y los respectivos beneficios que incluye el texto, inicien en diciembre, y no más tarde, tal y como se había conversado en las reuniones con la Mesa del Sector Público.
Asimismo, la comisión respaldó una indicación presentada por el diputado Daniel Núñez (PC) que apunta incorporar a trabajadores de establecimientos de educación parvularia vía transferencia de bonos dependientes de las municipalidades en el pago de los aguinaldos. Según Núñez, la idea es que "quede explícito que las trabajadoras en la modalidad VTF, dependientes de los municipios, van a recibir los beneficios, porque eso va a facilitar que no haya un error de interpretación (...) estamos mejorando la redacción".
Más temprano, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, comentó que "este es un acuedo integral, es decir que tiene muchas dimensiones. Por un lado tenemos el guarismo, que es muy significativo, de 6,1%; tenenmos las bonificaciones que son muy relevantes, pero también hay otras materias que han sido muy relevantes para las asociaciones, para los distintos gremios".
