Economistas críticos del financiamiento de la PGU responden a Dipres: "No es solución si no conlleva responsabilidad fiscal"

El debate en torno a la fórmula de financiamiento que impulsa el Gobierno para sacar adelante una Pensión Garnatizada Universal (PGU) no ha perdido intensidad y los destacados economistas de centroizquierda que iniciaron la controversia, hoy volvieron a arremeter.

En una nueva carta a El Mercurio, José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, respondieron a la defensa que hizo la Directora de Presupuestos, Cristina Torres, e insistieron en sus críticas al proyecto.

Ayer Torres detalló los mecanismos que se contemplan para financiar la PGU y resaltó que "la responsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo", deslizando a los críticos que "no es prudente confundir conceptos técnicos",

Ante esto, en la misiva de este jueves, los mencionados economistas señalaron que "agradecemos la respuesta de la directora de Dipres, Cristina Torres, aunque en ella no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal".

"Lo primero es que el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto. Estamos disponibles a la invitación de la señora Torres a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda, es decir, de no gastar sin financiamiento", añadieron.

Lo segundo, continuó el texto, "es que no explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones. Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumentan los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más, no menos".

"Tercero, la directora alude a provisiones comprometidas en el Presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. ¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? ¿Qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el período 2023-2026. Adicionalmente, ¿qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?"

Dicho eso, subrayaron que "nuestras dudas siguen siendo válidas. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto".

Así, concluyeron que "estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente. Pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, como en la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA. Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos".

Por otra parte, y por medio de otras cartas publicadas por El Mercurio hoy, nuevos actores decidieron entrar al debate tomando diferentes posiciones. Uno de ellos, el ex ministro de Economía, José Ramón Valente.

"El ministro de Hacienda ha explicado claramente que el nuevo programa tiene el financiamiento requerido y que este proviene de los recursos previamente asignados para los proyectos de ley corta y ley larga de pensiones que no pudieron avanzar en su tramitación. Además de ello se contaría con los recursos que se generarían con la eliminación de algunas exenciones tributarias", comentó.

Tras ello, calificó de "incomprensible" la crítica deslizada por De Gregorio, Engel, Repettó y Valdés, asegurando que "no se sustenta" el cuestionamiento de que no habría financiamiento para el proyecto.

"El planteamiento de los cuatro economistas sugiere que solo se puede hacer nuevos y mejores programas de gasto en la medida que se aumente el financiamiento del Estado, o sea, con más impuestos. Esto pasa por alto que la primera prioridad de los gobernantes y los parlamentarios es gastar bien lo que ya les entrega la sociedad. Solo una vez que eso ocurre hay autoridad moral para pedir más", resaltó Valente.

En tanto, Javiera Martínez, presidenta de Rumbo Colectivo y asesora del Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a algunas "falencias en la argumentación sostenida" por parte del Ejecutivo para respaldar el financiamiento de la PGU.

"Este reformulado proyecto de pensiones es financiado solamente en un tercio de su totalidad vía nuevos ingresos permanentes. Es decir, gran parte de los recursos comprometidos de manera permanente no tienen correlato con una nueva recaudación permanente", dijo, en primer lugar.

Segundo, y sobre la sostenibilidad del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), agregó que la propuesta del Ejecutivo "estaría consumiendo de manera prolongada en el tiempo la mitad de los recursos que se aportarán anualmente al FRP. Este hecho atenta contra la motivación de que exista tal aporte y es que se hace justamente para poder cubrir las pensiones futuras".

Asimismo, respecto a que los recursos para financiar la PGU entre los años 2023 y 2026 estarían contemplados en la programación financiera que determina el nivel de gastos comprometidos en el mismo periodo, comentó que "se requiere una mayor especificación acerca de la apertura de dichas proyecciones, en particular aquella referida a Prestaciones Previsionales.

"Afortunadamente existen sobre la mesa varias propuestas, largamente discutidas en el Congreso, que, con ajustes, permitirían financiar de manera responsable este proyecto. Sería una excelente noticia para el país que el Gobierno mostrara apertura a aquello", finalizó.

Mientras que en una carta conjunta las economistas Cecilia Cifuentes, Michelle Labbé y Karin Moore, expresaron que "el Gobierno ha indicado que el proyecto será financiado a través de la provisión para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso incluida en la Ley de Presupuestos 2022 aprobada (cerca de 0,5% del PIB), una reducción del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones, en 0,1% del PIB y el fin exenciones tributarias, donde hay consenso transversal (0,4% del PIB)".

Dicho eso, señalaron que "llama la atención que connotados académicos, ligados a la oposición, propongan hoy frenar la reforma que se tramita en el Congreso, que beneficiaría a más de dos millones de personas mayores de 65 años, acusando falta de financiamiento de la PGU".

"Sorprende, primero, porque el Ministerio de Hacienda ha entregado los antecedentes del financiamiento; en segundo lugar, porque en los dos últimos años los mismos connotados académicos guardaron silencio ante la aprobación de mociones parlamentarias que no solo no estaban financiadas, sino que eran abiertamente inconstitucionales; y, finalmente, casi todos ellos apoyaron públicamente una candidatura presidencial cuyo programa de gobierno genera enormes expectativas de gasto público, que se costearían con una reforma tributaria de muy difícil implementación y baja o nula probabilidad de éxito", aseguraron.

"La pregunta que cabe hacernos es por qué la advertencia se hace ahora -poselecciones presidenciales- y no cuando comenzó a tramitarse la reforma, hace casi un mes. Lamentablemente esta irrupción en los medios tiene sabor a oportunismo político", sentenciaron las economistas.