En el marco del proceso constituyente, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un documento a la Convención en el cual entrega una serie de sugerencias para incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva Carta Magna, con el objeto de guiar el accionar del Estado en todos sus niveles e instituciones.
El informe, titulado
"Aspectos fiscales en la Constitución", se basa en un trabajo que la institución independiente, cuyo rol es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central, inició en noviembre de 2021, cuando invitó a un grupo transversal de ocho economistas y cuatro abogados a aportar sus visiones sobre este tema.
En base a estas reflexiones y a un estudio que se extendió por dos meses, el CFA reunió una serie de antecedentes conceptuales y evidencia internacional para contribuir al análisis de materias constitucionales vinculadas a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
En el documento de 25 páginas, que se divide en siete secciones, se abordan, entre otras temáticas, los alcances de la sostenibilidad fiscal; su relevancia para la ciudadanía; su historia reciente en Chile; las relaciones entre la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad fiscal y la Constitución; además de otros principios y elementos vinculados a la solvencia de las finanzas públicas que pudieran tener rango constitucional.
Según el informe del Consejo, la sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad que tiene el Estado para pagar su deuda en los plazos comprometidos. Así, explica que "no es un principio que presuponga un determinado tamaño del Estado, sino que debe estar presente cualquiera sea la dimensión de éste".
Además, subraya que "tampoco es sinónimo de una política de austeridad y, de hecho, es compatible con aumentos en el gasto público, siempre que ellos se encuentren debidamente financiados con ingresos permanentes". Y asegura que "no debe interpretarse como una limitación al establecimiento de derechos sociales. Por el contrario, esta es necesaria para financiarlos de forma duradera e, incluso, para profundizarlos, evitando que existan recortes en situaciones de ajuste forzoso".
Entre los
beneficios que la sostenibilidad fiscal entrega a la ciudadanía, en opinión del CFA, se encuentran: un crecimiento más estable de la economía, el empleo y las remuneraciones; tasas de interés bajas para las familias, empresas y el Estado; mayor nivel de gasto social; protección del gasto social; inflación baja y estable; y mayor capacidad de reacción ante emergencias.
De esta forma, la institución sostiene que, en la medida que el país logre mantener la solvencia fiscal y niveles prudentes de deuda pública, será posible financiar de manera sostenible las demandas sociales y generar una mayor estabilidad para las familias, "permitiendo que futuras generaciones no deban enfrentar una excesiva carga fiscal causada por un exceso de deuda contraída por las generaciones presentes", apunta en un comunicado.
Reglas y principios
En el escrito enviado a la comisión sobre Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal de la Convención se recalca que es posible entender la formulación de principios constitucionales como un contrato social con perspectiva generacional de largo plazo.
Así, la sostenibilidad fiscal, al ser una preocupación de largo plazo, podría ser entendida como "un elemento que forma parte de ese acuerdo o contrato intergeneracional, por cuanto habrá beneficios (o costos) que serán disfrutados (o incurridos) por las generaciones actuales, debiendo ser balanceados por las generaciones futuras. Esto se refiere al principio de equidad intergeneracional", plantea el CFA.
Otro de los principios vinculados a la sostenibilidad fiscal corresponde al de responsabilidad fiscal, el que actualmente está contemplado en Chile, aunque sin rango constitucional. De esta forma, señala que "este principio se traduce en diversas temáticas relacionadas al resguardo de las finanzas públicas del país, incluyendo elementos de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas".
Luego de analizar las constituciones de una serie de países, el CFA concluyó que estas, en general, para cumplir el objetivo de estructurar ese contrato intergeneracional, recurren tanto a reglas como a principios constitucionales.
Por ejemplo, en algunos países la propia regla fiscal se incorpora en la Constitución, como ocurre en los casos de Alemania, Suiza y Polonia, mientras que otros consideran un marco más general de responsabilidad fiscal dentro de su Constitución -a nivel de principios-,sin que esto se traduzca en una regla fiscal propiamente tal.
A su vez, de todo lo anterior también se desprende una serie de arreglos institucionales que el Consejo sugiere "analizar en mayor profundidad".
Estos son: reglas fiscales a nivel nacional y subnacional; determinación del nivel prudente de deuda; prohibición del financiamiento monetario de los déficits fiscales; radicación de la atribución para generar iniciativas de gasto, tributación y deuda; regulación del proceso presupuestario; principios de no afectación y de progresividad tributaria; y definición de las instituciones fiscales.
En el caso de dichos aspectos, el organismo señala que "podrían requerir de alguna normativa para su implementación, pudiendo estar incorporados en la Constitución en menor o mayor grado" y, en su caso, ser complementados por normativa legal.
