A las 15.00 horas de hoy se espera que inicie la revisión en particular del proyecto que entrega el financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esto, luego de que la instancia respaldara este martes la idea de legislar la iniciativa, que contempla la reducción o eliminación de ciertas exenciones tributarias.
Sin embargo, sumados a los duros cuestionamientos que han surgido entre parlamentarios y economistas ligados a la centroizquierda por la sustentabilidad del beneficio– lo que, incluso, llevó a la oposición a hacer entrega de un documento al Ejecutivo con propuestas tributarias adicionales para complementar el financiamiento de la PGU-, existen ciertos sectores que manifestaron reparos sobre la materia, particularmente por las exenciones tributarias que se contemplan.
Así, durante la sesión de ayer expuso la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y su presidente, Antonio Errázuriz, planteó sus dudas ante la eventual eliminación del crédito especial a las empresas constructoras con el IVA. "Estamos de acuerdo con mejorar las pensiones de los chilenos a través de distintos proyectos y entre ellos en este caso la PGU, pero creemos que el impacto que va a ocurrir acá por esta eliminación lo único que hace es agravar el problema del déficit de vivienda en el país", afirmó.
Y continuó "va a crear una figura que va a, necesariamente, tener que aumentar el precio de las viviendas, y en ese sentido, si no se concurre con un subsidio al final a los futuros compradores, esto va a acrecentar más aún el déficit de la vivienda, que hoy día estamos hablando de 700 mil viviendas en el país".
Para demostrar en cifras, Claudio Nitsche, vicepresidente de la CChC, aseguró que "esta eliminación de la exención va a impactar en la gente más vulnerable y de clase media, y no queremos defender nosotros el crédito, sino que mostrarles cuáles son sus implicancias".
"El déficit habitacional es del orden de 740 mil viviendas, lo cual hay sumarle alrededor de 81.000 hogares que está en campamento y 16 mil personas en situación de calle. Son más de 800 mil hogares que hoy día están deficitarios que se necesitan construir, y la verdad es que estas son cifras anteriores que van creciendo, y probablemente estemos sobre las 900 mil viviendas", explicó.
Asimismo, indicó que "de toda la población, nueve de cada diez familias que acceden a una vivienda son vulnerables, emergentes y medios y reciben algún tipo de apoyo del Estado para acceder a esa vivienda", con lo que solamente "un 10% no recibe ningún tipo de beneficio".
De esta forma, sostuvo que "de ese 90% que recibe algún tipo de beneficio, de ese 100% de esa gente, el 45% son viviendas con subsidio pagado, o sea prácticamente la mitad de las familias que compran una vivienda se van a ver afectadas por el retiro de esta exención", y sugirió que se destinaran subsidios directos a las personas o garantías estatales a la primera vivienda.
Respecto a la idea de establecer un impuesto a la herencia para los seguros de vida, Mario Gazitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores, señaló que "los seguros son no renta", y advirtió "hay situaciones que están mal redactadas en este proyecto de ley (...) como cuando una persona contrata un seguro para un crédito automotriz y obviamente al fallecimiento ese vehículo va a quedar en poder de la familia o de los herederos, va a ser incorporado a la herencia".
"Creemos que tanto en la redacción y en el fondo del proyecto claramente esta eliminación de exención a los seguros de vida en nada aporta al proceso de financiamiento de un proyecto importante como esta pensión universal general"
Mario Gazitúa, presidente Asociación de Aseguradores
"Pero difícilmente el beneficiario, que puede ser una institución financiera, una caja de compensación o una cooperativa va a tener que, dado el proyecto de ley, pagar un impuesto a la herencia, lo cual es totalmente contradictorio a la generación o la protección que está buscando la persona fallecida", añadió.
Luego, comentó "tenemos una cantidad de seguros asociados a distintos roles dentro de nuestra sociedad, como son los seguros obligatorios, los seguros colectivos de salud, los seguros individuales, de accidentes personales, y obviamente que todos esos seguros, y eso es importante ponerlo en contexto, son seguros que en promedio son menores a $1 millón. En promedio nosotros pagamos 8.500 indemnizaciones al año, por alrededor de US$20 millones, y lo que establece el proyecto de ley no existe una cuantificación respecto a lo que significaría estos impuestos a los seguros de vida".
Junto a lo anterior, zanjó "creemos que tanto en la redacción y en el fondo del proyecto claramente esta eliminación de exención a los seguros de vida en nada aporta al proceso de financiamiento de un proyecto importante como esta pensión universal general", acotando que el gremio está "a disposición de tener una discusión un poco más profunda de lo que significa el financiamiento de este proyecto".
Propuestas tributarias de la oposición
El documento entregado ayer al Gobierno por parte de la oposición para complementar el financiamiento de la PGU, apunta, entre otras cosas, a bajar desde 8.000 UF a 4.000 UF el límite para la exención a las ganancias de capital por la enajenación de propiedades.
Asimismo, sobre la exención a la ganancia de capital de instrumentos financieros, propone una tasa provisional de 10% con la posibilidad de llegar a 35% en determinadas circunstancias, y también un impuesto patrimonial a las personas naturales cuyas rentas superen los US$ 5 millones o su euivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año.
Finalmente, existen otras indicaciones que buscan eliminar la renta presunta y, por otro lado, acabar con la exención a los fondos de inversión privados (FIP).
