Proyecto que regula el trabajo en plataformas digitales fue aprobado por el congreso

Este jueves la Cámara Baja aprobó la norma que entregará seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales, aquellos que ejercen servicios como el delivery. Además, tendrán derecho a indemnización y a formar parte de organizaciones sindicales.

El texto legal que está listo para convertirse en ley se enfoca los y las trabajadores de las plataformas digitales. La nueva normativa tiene puntos relevantes como el acceso a la cobertura de salud, la cotización para las pensiones de vejez y el reconocimiento de cargas familiares, seguro de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, seguro de invalidez, sobrevivencia entre otras.

El subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, explicó que “con esto, nuestro país será pionero en regular legislativamente a estas economías de plataformas digitales de servicios, a través de una legislación moderna e innovadora, que esperamos logre conciliar, adecuadamente, el debido resguardo de los derechos de los trabajadores con el necesario desarrollo que estas nuevas aplicaciones tienen en un mundo cada vez más globalizado”.

En tanto, en lo que respecta a las indemnizaciones, y considerando que el ingreso o salida de los trabajadores en esta plataforma, los congresistas acordaron que se debía tener en cuenta como base de cálculo la remuneración promedio del último año. De esta manera se excluirían aquellos meses en que la persona no trabajó y además se considerarán los años de servicio.

Desde el Ejecutivo el ministro del Trabajo, Patricio Melero, destacó que la iniciativa garantizará la protección de los trabajadores y permitirá aprovechar las nuevas tecnologías mejorando con el veto aspectos relevantes de la norma.

Otro punto relevante de este proyecto de ley que fue aprobado, es que los trabajadores de plataformas digitales tendrán el derecho de constituir organizaciones sindicales que estimen convenientes.

Por otra parte, las Apps con más de 25 trabajadores dependiente tendrán un plazo de tres años desde la publicación de la ley para cumplir con la obligación de contar con, al menos, un 85% de trabajadores dependientes de nacionalidad chilena.