Esta jornada, Enel Generación Chile informó que el sábado recién pasado un grupo de personas, liderados por María Curriao Reinado, quien ha mantenido bloqueado el acceso a Central Pangue -en la Región del Biobío- desde el 24 de enero, habría invadido violentamente las instalaciones de la empresa.
Cabe mencionar que Curriao es presidenta de la comunidad pehuenche Aukin Wallmapu, un grupo de habitantes de Alto Bíobío que se ha manifestado en contra del llenado del embalse de la represa Ralco el 2004.
A través de un comunicado, la firma informó que los responsables ingresaron por la fuerza a la central, obligando al personal de seguridad y servicios a abandornar sus puestos de trabajo. "La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas", indicó Enel.
Asimismo, explicó que, acciones de este tipo, "ponen en peligro la generación de la Central Pangue (467 MW) y del resto de las centrales que pertenecen a la cuenca del Bíobío, las cuales suman 1496 MW, con el consecuente riesgo del abastecimiento eléctrico, más aún en la actual situación de estrechez energética".
Tras ello, agregó que "se compromete la operación de las obras hidráulicas de la presa Pangue, con impacto, en el caso, sobre el abastecimiento de agua para riego y otras actividades que dependen de este vital recurso, y lo que es de mayor gravedad, con potenciales serias consecuencias en la población e infraestructura de la cuenca aguas abajo de la pres".
Enel también mencionó que Curriao se encuentra en medio de procesos judiciales, y demandada por las mismas familias que integran su comunidad por "no haber transparentado el destino de fondos equivalentes a $300 millones recibidos en favor de familias pehuenches, en el contexto de un convenio suscrito por Enel y estas familias en 2017".
"Parte mayoritaria de la comunidad original liderada por la señora Curriao solicitó su inhabilitación como presidenta y crearon una nueva organización que hoy se encuentra vigente", indicó.
En atención a la situación descrita, la empresa eléctrica ha presentado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público "requiriendo medidas de protección en resguardo de sus trabajadores e instalaciones. En paralelo, se ha informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles lo que está ocurriendo - a través de cartas enivadas el 24 de enero, 11 de febrero, 04 de marzo y 10 de marzo de 2022-".
Junto con ello, Enel asegura que han solicitado "en virtud de las potestades que la ley asigna a la institución, disponer las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue, necesaria para la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Comunicaciones del mismo tenor han sido enviadas al Coordinador Eléctrico Nacional, Carabineros de Chile y a la Delegada Presidencial Regional Biobío, responsable del orden público y de la seguridad de la población en todo el territorio".
Y pese a que la Fiscalía correspondiente resolvió dar protección a la empresa y sus trabajadores en el contexto descrito, y así lo notificó a Carabineros, y que la SEC solicitó a la Delegada Presidencial Provincial, Enel exigió "el auxilio de la Fuerza Pública para que, dentro de otros, se reponga el libre acceso a las instalaciones de la central, hasta el momento no hemos recibido en la práctica el auxilio requerido".
