La industria de las isapres atraviesa por una compleja situación financiera, lo que ha provocado que diversos actores del sector hayan levantado las voces en las últimas semanas para advertir sobre riesgos para la sostenibilidad de las aseguradoras privadas de salud.
Y es que no hay una única razón que explique la "tormenta perfecta" que afecta al sector.
Luego de tener su peor balance histórico en 2021, las isapres volvieron a registrar cifras negativas este año, considerando que al primer trimestre de este año las instituciones arrojaron pérdidas por $13.000 millones en un balance preliminar que no incluye los resultados de isapre Cruz Blanca, pero que ya perfilaron el período comprendido enero-marzo más bajo desde el inicio del sistema asegurador privado de salud.
Según la Asociación de Isapres, la principal causa de este retroceso fue el congelamiento de los precios de los planes durante los años 2020 y 2021, a causa de la pandemia, a lo que se suma el alza del gasto en licencias médicas.
Esto, ya que en 2018 los permisos subieron un 18% respecto al año anterior, hasta los $517.172 millones; mientras que en 2019 el incremento anual fue de 15%; en 2020 el alza fue de 27% y en 2021 crecieron un 25%, hasta los $944.735 millones. Asimismo, la industria proyecta las tasas de crecimiento no menguarán este año.
"Las pérdidas responden al fuerte incremento del gasto en prestaciones de salud, que creció en $42 mil millones comprado al primer trimestre de 2021, al pasar de $381 mil millones a $423 mil millones, lo que configura un alza del 11%. Algo similar ocurrió con las licencias médicas, cuyo costo subió en $15 mil millones entre enero y marzo de este año, pasando de $168 mil millones a $183 mil millones, es decir, un aumento del 9%", explicó el gremio a en un comunicado.
La asociación destacó también que el impacto del proceso de judicialización contra los planes de las aseguradoras que "ha implicado costos por $13 mil millones, asociado a la industria de abogados que ha instalado para litigar contra el sector".
"Son cifras que preocupan y que dan cuenta de la crisis financiera e institucional que enfrentan las aseguradoras, que custodian la salud de más de tres millones de afiliados", indicó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.
Demandas por alzas de tarifas
En lo más reciente la isapres se han visto afectadas por una nueva ola de judicialización en rechazo al alza de 7,6% propuesta por la Superintendencia de Salud para el período 2022-2023. Lo anterior, en el marco de la ley 21.350, publicada en junio de 2021, que puso fin a la potestad que tenían las aseguradoras de alterar a su arbitrio los planes de salud.
Así, la norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y frecuencia de uso de las prestaciones –como consultas médicas, cirugías y exámenes-, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otros.
No obstante, cuando en marzo de este año las entidades comenzaron a comunicar las alzas, hubo un aumento brusco de las demandas en la justicia -en contraste con lo que se pensaba en primera instancia- y ante la Superintendencia de Salud. De hecho, según cifras del Poder Judicial, solo en abril de 2022 se presentaron más de 160 mil recursos de protección en todas las cortes de apelaciones del país.
Corte Suprema
En paralelo, la Tercera Sala de la Corte Suprema recibió la semana pasada los alegatos -en una arremetida judicial- de las isapres Banmédica, Masvida, Colmena, Cruz Blanca, Consalud y Vida Tres para solicitar la anulación de recursos de protección presentados por miles de afiliados para dejar sin efecto la adecuación de los planes.
Las aseguradoras privadas acudieron al máximo tribunal después de que muchas de estas acciones fueran acogidas por tribunales de alzada a lo largo del país, argumentando que hubo un apego estricto a la ley, y que si bien es el reajuste máximo permitido, se justifica.
Sobre este tema se refirió Gonzalo Simon a fines de junio en conversación con Radio Pauta, instancia en la cual el presidente de la Asociación de Isapres comentó que "lo que hace la ecuación es que permite dar un alivio a la situación, por lo tanto permite con eso ir pensando en el futuro. Sin embargo, si la propia Superintendencia lo que está haciendo es desconocer este proceso, y por lo tanto, evitando que se produzca ese alivio, lo que está haciendo es creando una incerteza, una situación financiera más compleja y evidentemente poniendo en peligro la viabilidad del funcionamiento del sistema hacia el futuro".
"Son cifras que preocupan y que dan cuenta de la crisis financiera e institucional que enfrentan las aseguradoras, que custodian la salud de más de tres millones de afiliados"
Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres
En la misma línea,
Felipe Galleguillos, gerente general de isapre Colmena, explicó a Pulso que "el sector que por lejos enfrenta más incertidumbre en Chile es el de las isapres. Todas las noticias que están saliendo del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del regulador, simplemente son incoherentes y hacen que sea muy difícil, imposible, operar de forma normal, y mucho menos proyectarse hacia el futuro".
Para enfrentar esta situación, Galleguillos abordó el detalle de los alegatos, indicando que "nuestro argumento es que es una facultad de las isapres ajustar los precios. Estamos esperando ese fallo, que es bien crítico. Y lo más importante, es que estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores".
"Esta tabla fue un hito para la industria, pero hoy día vemos que, por un lado, nosotros acatamos que usamos esta tabla, pero por otro lado, estos recursos de protección terminan en que el Poder Judicial nos dice: dejen de usar la tabla de factores. Entonces, lo que buscamos al demandar a estas personas es que se revise el fondo, que es algo que no se ha hecho todavía, (porque hasta ahora) son acciones que solo se refieren a la forma", acotó Galleguillos.
Para ilustrar en cifras, advirtió que si se deja de aplicar la tabla de factores, "el impacto que tiene es que, en algunos casos, (el plan) baja a la mitad del precio. Eso, si lo escalas, es un impacto gigantesco en toda la industria".
"Para aterrizarlo: lo hacen unas pocas personas, han sido 20.000 demandas (en nuestra contra) hasta la fecha, que son el 5% de la cartera. Ese 5% básicamente está poniendo en riesgo al 95% de la cartera. La cobertura de salud que nosotros podemos darla a las personas, si esto sigue escalando, se podría terminar", remarcó.
"Estos 20.000 juicios que tenemos a la fecha, han llevado a que nosotros dejemos de percibir $10 mil millones al año. Al mismo tiempo, las costas que hemos tenido que pagar son de $3 mil millones a este grupo de abogados", concluyó.
