Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Aton / Archivo.
En una carta a El Mercurio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó este sábado los puntos cuestionados en la editorial del pasado 14 de julio, donde plantean algunos reparos sobre los efectos económicos y políticos frente a la iniciativa del Gobierno de entregar el bono de invierno que forma parte de la ampliación del plan Chile Apoya anunciada el lunes por el Ejecutivo.
En el texto, el refuta lo señalado en la editorial y para ello se basa en los mismos antecedentes que el Gobierno entregó esta semana ante el Congreso Nacional, cuando se presentó el proyecto que, se espera, pueda entregarse en agosto.
Primero, el titular de la billetera fiscal recuerda que el bono de invierno corresponde a una transferencia de $120.000 por causante de Asignación Familiar y SUF, beneficiarios del Aporte Familiar Permanente, adultos mayores y otros pertenecientes a hogares del 60% más vulnerable de la población. Se estima un total de 7.550.000 beneficiarios, con un costo fiscal aproximado de US$ 1.000 millones.
"En la presentación del proyecto se explicó que este bono se entregaría en anticipación a un tercer trimestre del año que se prevé más difícil para muchos hogares producto de la mayor inflación, una actividad económica más débil y los riesgos generados por una alta circulación viral, todos fenómenos ampliamente reconocidos por expertos económicos y de la salud. En otras palabras, se está tratando de actuar oportunamente frente a un período previsiblemente adverso", sostiene.
Frente a la duda sobre el "uso político" de esta medida, "uno puede preguntarse por otro lado: si el Gobierno sabe que miles de familias enfrentarán una situación difícil, ¿debería abstenerse de proporcionar una ayuda para que tal medida no se malinterprete? Me parece que la respuesta es evidente".
Frente a los cuestionamientos sobre ¿cuánta inflación causaría este bono?, Marcel plantea que "la pregunta es atingente, pues la economía pasa por un momento de gran sensibilidad, dada la acumulación de presiones inflacionarias —algunas de demanda— que han elevado la inflación a 12,5% anual en junio. Aun así, para evaluar el impacto de esta medida debemos considerar su magnitud".
Luego, sostiene que "los US$ 1.000 millones de costo equivalen a solo un 0,3% del PIB anual, a un 2% del conjunto de recursos que fluyeron a los hogares anteriormente (IFE universales y retiros de fondos de pensiones), y a menos de un 30% del costo del IFE universal de un solo mes de 2021".
"Tomando en cuenta esta dimensión, se ha estimado que su impacto inflacionario acumulado sería de 0,12%, distribuido en el curso de un trimestre, es decir, la inflación sería de 12,6% en lugar de 12,5% si ejemplificáramos con el último dato de junio. Esta diferencia bien puede considerarse como un impacto inflacionario 'menor o mínimo', como lo describí durante mis intervenciones, tal como se informó en su edición del 14 de julio", agrega.
En esa línea, recalca que "la cifra anterior es plenamente consistente con la estimación del impacto inflacionario de las medidas adoptadas durante 2021. En efecto, si el 0,12% se multiplica por 50 —el número de veces en que la suma de ayudas fiscales y retiros de fondos supera al Bono de Invierno propuesto—, se totaliza un 6%, que es una aproximación adecuada al impacto de las medidas de 2021 sobre la inflación".
En cuando al punto donde la editorial señala que esta medida "sería inconsistente con el discurso de responsabilidad fiscal", Marcel afima al respecto que "esta misma semana el Ministerio de Hacienda publicó el Informe de Finanzas Públicas, que actualiza las proyecciones fiscales para el año. Este Informe —tal como lo informó este mismo diario en su edición del miércoles 13 de julio— reveló que para 2022 se prevé un déficit fiscal efectivo cercano a cero, un déficit estructural de solo 1,3% del PIB y una reducción del gasto público de 24% real. Esto se compara con cifras de -8% y -11% del PIB para el déficit efectivo y estructural en 2021, determinadas en gran medida por una expansión del gasto de 30% durante ese año".
"En otras palabras, el Gobierno del Presidente Boric, lejos de 'dejar pasar la oportunidad de reducir el déficit que acarrea', en la práctica lo está reduciendo significativamente. De esta manera, en menos de un año de gestión efectiva, el actual gobierno estaría llevando a cabo la mayor consolidación fiscal de que se tenga memoria, respuesta necesaria al mayor desequilibrio fiscal de que se tenga memoria —el de 2021", subraya.
Por último, Marcel recalca que la propuesta de Bono de Invierno Chile Apoya "fue aprobada por la unanimidad de diputadas y diputados el miércoles pasado. Tomamos dicho apoyo como un reconocimiento a que una gestión fiscal rigurosa no es incompatible con acudir en apoyo de los hogares más necesitados en tiempos económicos difíciles".
