Un difuso futuro: Ex autoridades de Salud analizan el impacto del duro fallo de la Suprema por isapres

Las isapres estaban a la espera de un decisivo fallo de la Corte Suprema y este jueves se conoció: por cinco votos a cero, la sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal resultó desfavorable para las aseguradoras y frenó las alzas de precio de los planes de salud para los afiliados.

Apenas minutos después de que concluyera la primera reunión de la mesa de trabajo conformada con el Ministerio de Salud para enfrentar la crítica situación financiera que enfrentan, la Corte acogió los doce recursos presentados contra Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Banmédica y Nueva Más Vida, y ordenó detener el incremento de 7,6% aplicado por cada una de ellas.

Asimismo, dictó una serie de medidas destinadas a comunicar a las aseguradoras, la Superintendencia de Salud y las Cortes de Apelaciones del país las decisiones para resolver casos similares.

Desde la industria, consideran la judicialización por el alza de planes de isapres como una de las principales causas de la crítica situación financiera en la que se encuentran las compañías.

Es más, este miércoles ante al comisión de Salud del Senado, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, estimó para 2022 que, en caso de que la resolución no les favoreciera -lo que ocurrió- debería desembolsar $34 mil millones en costas judiciales, mientras que el no poder reajustar planes implicaría pérdidas por otros $14 millones, totalizando $48 mil millones de merma en el proceso de adecuación.

Respecto de los criterios que utilizó el máximo tribunal para fundar su dictamen destaca "el actuar arbitrario de las isapres al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento de estos a cada uno de los afiliados y sin fundamentar su decisión más allá de las razones que dio la Superintendencia de Salud para justificar los incrementos".

Cabe mencionar que las isapres argumentaban que el reajuste de 7,6% de los planes estaba por debajo del incremento de costos, que por atenciones de salud y licencias médicas alcanzaba a 25,2% en doce meses. En ese sentido, la Suprema asegura que la "sola mención genérica de un supuesto incremento de costos informado a la Superintendencia de Salud no es suficiente" para dar cumplimimento a lo que exige la legislación.

"La sola lectura de la carta referida pone de relieve que esta solo menciona cifras genéricas, que comprenden algunos elementos elegidos ex profeso por la isapre y que se refieren exclusivamente, además a los años 2020 y 2021, pese a que el alza de que se trata abarca el periodo que media entre 2019 y 2921", añade.

Afirmó que "no se incluye elemento alguno que permita estimar, sea por comparación o a través de cualquier otro método, si efectivamente se han producido las alzas que allí se mencionan".

Dicho lo anterior, enfatiza que "no cabe sino concluir que la recurrida actuó de manera ilegal y arbitraria al proponer a la recurrente una variación porcentual del precio base de su plan de salud sin fundar su decisión en los parámetros establecidos"

Sobre la materia se refirió la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, este viernes, quien además de estimar que las aseguradoras defienden un incremento de los planes que "no cuenta con justificación", recordó que el falo "dice expresamente que tienen que seguir los planes, planes que están expresados en UF además, así que la UF va a aumentando, y en consecuencia eso ya tiene una reajustabilidad general".

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al duro golpe que recibieron las isapres. En conversación con Radio Pauta, mencionó que "este fallo acelera, no la incertidumbre, la certidumbre financiera y jurídica para las aseguradoras de que no tienen espacio dentro de la seguridad social. No sería extraño que acelerara el cierre de algunas de estas aseguradoras en el corto plazo".

Según detalló a Emol el abogado y ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, con esta medida, "las isapres, desde el punto de vista financiero, que darían muy complicadas, porque lo que lograron percibir como mayor ingreso por los meses de julio y agosto claramente tendría que reintegrarse a los afiliados ya reajustados del plan de salud. Y además, mientras la Superintendencia no dicte las normas necesarias, con los requisitos establecidos por la Corte en sus fallos, no van a poder seguir ejecutando esta alza de los planes base de salud, y eso, sin duda, va a mermar aún más la situación financiera de las isapres".

"Si es que las autoridades no toman consciencia de esto, y se hacen rápidas y varias acciones, todo esto va a depender, o la continuación del sistema o la sustentabilidad del sistema va a depender, únicamente, de la voluntad de los inversionistas de los dueños, de los controladores de las isapres de seguir inyectando recursos, de seguir aumentando el capital para poder amortizar las pérdidas y poder continuar con la operación", apuntó.

"Nos vamos a encontrar con un sistema deteriorado, donde probablemente van a haber mayores despidos para intentar contener los gastos, donde van a haber términos de convenio de parte de los prestadores porque no le están pagando dentro de los plazos, van a haber cierres de sucursales más aún de las que ya han habido. Es decir, la calidad de los servicios que entregan las isapres se va a mermar lo más probable, en forma significativa", previó.

Ahora bien, Álvaro Erazo, académico de Clapes UC y ex titular de la cartera de Salud, afirmó que "el fallo de la Corte Suprema es bien coincidente, y viene a reiterar un aspecto central de la Corte en esta materia de seguridad social, que funda la resolución en que las isapres tienen que someterse, o rendir su actividad a los principios sobre las cuales fueron creadas, que son organizaciones de seguridad social, y por ende, no pueden, arbitrariamente, subir o incrementar los precios de las aseguradoras".

A su juicio, "las isapres no actuaron con el celo adecuado, y con la oportunidad con la que debieran haber actuado, en relación a los incrementos a partir del alza del costo técnico, o los niveles de aumento de demanda post covid".

Junto con ello, declaró a este medio "no desconozco, por cierto, que puedan existir, y existen en algunas de ellas una situación de déficit que puede ser operacional, o que puede estar afectando a la población en los próximos meses, y que puedan caer en una condición crítica de eventual quiebre". Sin embargo, expuso que "instituciones de seguridad social, a mi modo de ver, no es recomendable hacer este tipo de advertencias, porque generan una incertidumbre en un ámbito tan sensible como es la salud".

De acuerdo al presidente de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán (RN), para el martes 30 está programada una sesión especial en dicha Corporación para abordar el tema. "Yo hago un llamado de atención al Gobierno, que reinstaló ayer una mesa de trabajo con la Asociación de Isapres, a que también estén presentes en esa instancia los afiliados", resaltó.

"Hemos citado a una segunda sesión especial de la comisión de Salud para abordar esta situación y velar por los derechos de los más de 3 millones de chilenos que están afiliados a las isapres. Del mismo modo, queremos velar para que no haya un sesgo ideológico y que el Gobierno no intente generar una caída sistémica de la provisión mixta de salud, buscando imponer un sistema único que impida la libre elección por parte de los afiliados de Fonasa", acotó.

En tanto, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), su homólogo de la comisión de Salud de la Cámara, descartó la "tesis que se ha levantado y que es que el sistema de las isapres está en crisis, o en riesgo de quiebra, sino más bien que hay isapres puntuales que se encuentran con una crisis financiera. Esa diferencia es muy importante de realizar, porque extrapolar a todo un sistema, donde hay once isapres, de las cuales una parte es abierta y otra cerrada, la situación de algunas de ellas, es una exageración".