Cada año, uno de los informes más esperados en el mundo económico y político es el Economic Survey que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su versión 2022 para Chile, la entidad señaló que "la economía chilena se recuperó rápidamente de la pandemia gracias a un apoyo de políticas excepcionalmente fuertes, aunque acabaron provocando un importante sobrecalentamiento".
En términos de crecimiento, el organismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional crecerá 1,9% este año, medio punto porcentual por sobre lo estimado en junio.
Sin embargo, para 2023 el organismo se suma a las proyecciones que dan por sentada una recesión: contempla una caída de 0,5% del Producto, pero que el alza de 0,1% anticipada hace tres meses.
Mientras que las expectativas para la inversión también cayeron, pues se anticipa una caída de 2,4% de la formación de capital fijo este año, y una de 1,8% el que viene, considerando que "la baja confianza de las empresas sugiere que la inversión también es probable que siga siendo débil a corto plazo, con la incertidumbre política, en parte relacionada con la aplicación de la nueva Constitución, y las tasas de interés más altas que impiden un mayor rendimiento de la inversión", indica el reporte.
Por otro lado, la inflación en 2022 llegaría a 11,1%, levemente por debajo de las estimaciones del Banco Central (12%), y para 2023 la OCDE prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendrá una variación de 6,4%. Con todo, la Organización destaca que "las autoridades monetarias han actuado de forma oportuna y decisiva para contener la inflación, y el estímulo fiscal se está retirando".
Comentó además que la inflación ha aumentado a un máximo de 30 años, impulsada por una política fiscal expansiva y exacerbada por las restricciones de la oferta mundial y la guerra en Ucrania. "Esto desencadenó una respuesta de política monetaria fuerte y oportuna", remarcó.
Mientras que advirtió que las políticas implementadas como respuesta a la pandemia están dejando una "fuerte huella" en los mercados financieros tradicionalmente profundos de Chile. "Hacia al futuro, se prevé que el crecimiento se desacelere bruscamente. Es probable que las contracciones trimestrales del PIB continúen hasta el tercer trimestre de 2022, ya que la alta inflación y el aumento de las tasas de interés reducen el poder adquisitivo de los hogares", estimó.
Respecto a las cuentas fiscales, se pasaría de un balance efectivo de -0,1% del PIB en 2022 a -2,6% del PIB en 2023. La deuda pública bruta llegaría a 40,9% del PIB en 2023.
En esa materia, la OCDE propone fortalecer la regla fiscal que permita por ejemplo una cláusula de escape, pero el Ejecutivo de hecho ya avanza en esa dirección en un proyecto de ley.
Al analizar los desafíos hacia adelante, el estudio plantea que "en los próximos años habrá que hacer frente a importantes retos estructurales, como el estancamiento de la productividad y las elevadas desigualdades",
"Reforzar la competencia, reducir barreras reglamentarias y gastar más en investigación e innovación serán prioridades clave para impulsar la productividad y la inversión, mientras que las apremiantes necesidades sociales exigen una mayor atención a la distribución de los ingresos y las oportunidades", añade.
Asimismo, apunta a "ampliar el acceso a la educación de alta calidad en la primera infancia mejoraría los resultados educativos y permitiría que más mujeres participen del mercado laboral".
"Los retos y riesgos medioambientales son importantes, pero también ofrecen importantes oportunidades para el futuro. El actual alto contenido fósil de la matriz energética contrasta con el fuerte potencial de Chile en la generación de energías renovables", sostiene.
Reforma tributaria
Uno los aspectos más esperados en el informe este año era el capítulo destinado a la situación tributaria chilena, algo sobre lo cual la misma OCDE presentó un documento específico en junio. Allí ya adelantó que el país tiene una de las menores cargas tributarias de la organización e incluso menor a otras economías comparables cuando estaban en similares estadios de desarrollo.
En ese sentido, el informe sostiene que "aumentar los ingresos públicos en 4 puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso pero es factible a través de una reforma tributaria integral", dato que está desactualizado, luego de que Hacienda anunciara indicaciones que reducirán la recaudación esperada en medio punto del PIB.
La entidad considera que "la actual propuesta de reforma fiscal contiene muchos elementos que van en la dirección correcta de recaudar ingresos adicionales de forma progresiva, al tiempo que se promueve la productividad y sostenibilidad ambiental".
Y si bien reconoce que el aumento de los impuestos "puede dar lugar a distorsiones que pueden pesar sobre el crecimiento económico", resalta que "el efecto global de un paquete de reformas fiscales puede ser significativamente más favorable si los ingresos adicionales se utilizan para financiar gastos que mejoren el crecimiento y la igualdad de oportunidades".
La OCDE menciona que la propuesta tributaria del Ejecutivo modifica los tramos del Impuesto Global Complementario para que haya un mayor pago de impuestos entre quienes ganan más, y que el techo de ese impuesto sube desde 40% a 43%, en línea con el promedio actual de la OCDE de 42,6%.
Sobre el impuesto al patrimonio, sin embargo, la OCDE plantea dudas. "Si bien la motivación de corregir las debilidades al gravar adecuadamente los ingresos del capital y del trabajo en el pasado puede tener algún mérito, las dificultades en la valoración de los activos y el riesgo de fuga de capitales pueden limitar los ingresos potenciales de un impuesto sobre el patrimonio", indica.
En relación a las pensiones, el documento expone que pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a bajas tasas de contribución y vacíos en su historial de contribuciones debido al empleo informal. "Una pensión básica universal recientemente establecida mejorará significativamente el nivel de las pensiones para muchas personas de bajos ingresos. Los programas de transferencias monetarias están fragmentados, y la unificación de estos programas en un único programa de transferencias monetarias permitirá aumentar la cobertura y beneficios", menciona.
No obstante, indican que "las cotizaciones sociales pueden afectar los incentivos para la creación formal de empleo, especialmente para los de bajos ingresos". Por esta razón, dicen que reformas futuras al sistema de pensiones "deben prestar particular atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se incrementan las tasas de reemplazo de las pensiones".
