El sector de la construcción se enfrenta a un complejo mix de factores que lo han tenido estresado en el último tiempo, como el impacto del estallido social de 2019 en la continuidad de las obras, la paralización de faenas durante la pandemia, la fuerte alza de los costos de materiales y mano de obra, además de la menor demanda de viviendas por inflación, trabas crediticias, entre otros.
Es en este escenario que ayer la constructora
Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), con 65 años de trayectoria, inició un proceso de liquidación voluntaria en el 9º Juzgado Civil de Santiago, lo que implicará la desmovilización de 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, la desvinculación de más 2.500 personas y descontinuar la adquisición de productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño.
"Esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la Empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad", señaló la firma, asesorada por el abogado Nelson Contador, en el escrito ingresado al tribunal.
En ese documento también indica que el volumen de deuda corriente con el que la constructora inicia el proceso asciende a más de $44 mil millones.
El golpe no solamente repercute al sector de la construcción, también al Estado, ya que ambos tenían acuerdos para impulsar obras públicas en desarrollo. En esa línea, la firma arremetió contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y la cartera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que encabeza el secretario de Estado, Juan Carlos García.
"La decisión del Ministerio de Obras Públicas, de reajustar retroactivamente sus contratos; medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela. Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el Bypass de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras", aseveró la empresa por medio de un comunicado.
Los pendientes
Del total de proyectos a nivel nacional, al menos siete se estaban ejecutando en la Región del Biobío y casi una veintena se habían desarrollado en las últimas décadas, entre ellos el Estadio Ester Roa Rebolledo, o el Centro Cultural Gabriela Mistral en la Región Metropolitana, entre otros.
Actualmente, la constructora estaba finalizando la conexión del Puente Bicentenario con avenida Chacabuco, además de la construcción del puente Arturo Prat en Curanilahue, el tercer tramo del Eje Colón Talcahuano, proyectos habitacionales en San Pedro de la Paz y Hualpén, además de obras en el marco del proyecto Mapa de Arauco.
Según consignó el diario El Sur, el
Serviu Biobío emitió una declaración pública en la que indicó que se decidió
dar término anticipado a los contratos por las obras en Talcahuano y Curanilahue, apelando a "los antecedentes recogidos durante los últimos días y que dan cuenta de una situación financiera de la empresa que hace inviable la ejecución de las obras mencionadas".
Por otro lado, CVV advirtió en un comunicado que "la decisión del Ministerio de Obras Públicas, de reajustar retroactivamente sus contratos, medida solicitada hace meses por la compañía, es tardía para Claro Vicuña Valenzuela. Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el 'bypass' de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras", advirtió.
En este contexto, la compañía dijo que "a todos los futuros beneficiarios de estas obras les expresamos nuestro profundo pesar por la espera que deberán seguir enfrentando".
De acuerdo a información de CVV, existe un total de 7 obras terminadas, entregadas y en uso que no han podido ser facturadas por retrasos en el cierre administrativo del mandante. El monto adeudado de estas obras es de $1.166 millones.
Algunas de ellas datan de 2018, están en pleno uso por parte de la comunidad y su funcionalidad ha sido un beneficio notorio en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
En particular la firma señala que se trata de escuelas, aeródromos, proyectos de agua potable rural y mejoramiento de vialidad. Todas estas obras se encuentran en regiones extremas donde pocas constructoras tienen interés y capacidad de enfrentar el desarrollo de este tipo de proyectos -APR Curarrehue, Aeródromo de Tortel, Liceo Curaco de Vélez, Colector San Martín 1 y 2, La Chilenita, Lago Risopatrón-.
A las obras con problemas operacionales y de pago, se suman obras terminadas, entregadas y en uso, que se encuentran judicializadas en sus pagos finales, de acuerdo a CVV.
A estas obras la empresa fue convocada por entidades Públicas (como el Ministerio de Obras Públicas, Minsal y la Municipalidad de Concepción) como solución para su ejecución en plazos muy cortos (Estadio Ester Roa), obras que no tenían oferentes por sus dificultades y obras que por ubicación geográfica implicaban grandes desafíos logísticos para ejecutarse (como el Hospital Hanga Roa, Hospital de Puerto Aysen y Hospital de Puerto Natales).
"En el caso de algunas de las obras mencionadas, los mandantes tienen retenidas boletas de garantía, negándose a poner término o finiquito a los contratos. Esto ha obligado a CVV a mantener vigentes estas boletas con el enorme costo financiero que ello involucra. Lo que para un mandante puede ser un simple papel, para la empresa ha tenido una carga financiera que asciende a $3.442 millones", dijo la empresa en el documento presentado al Poder Judicial.
Además, respecto de la obra del aeropuerto Diego Aracena de Iquique, contrato con la concesionaria Diego Aracena, propiedad APORT S.A., que la empresa desarrolla desde fines de 2017, mencionó que "ha enfrentado un conjunto de interferencias producto de solicitudes de la DGAC, hallazgos arqueológicos que han dejado paralizadas obras que a la fecha de hoy no han tenido solución", y que "estas obras ejecutadas a costo de la Compañía le han causado un perjuicio económico de 800 mil UF".
