Aunque todo el espectro político esté de acuerdo en mejorar las jubilaciones, sobre todo aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), las diferencias despiertan en lo que refiere a cómo se obtendrán los recursos para financiar de forma permanente este objetivo.
La reforma de pensiones que ya presentó el Ejecutivo al Congreso propone aumentar la PGU de $193 mil a $250 mil, lo cual será financiado con recursos públicos a través de la reforma tributaria, que está en plena discusión parlamentaria.
Ese eje ha sido defendido y explicado en reiteradas oportunidades por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel y su par del Trabajo, Jeannette Jara.
"Nosotros hemos sido bien claros: necesitamos la reforma tributaria para financiar la ampliación de derechos sociales, entre ellos, está el aumento de la PGU a $250.000, eso va a ocupar más o menos un tercio de la recaudación de la reforma tributaria, y el resto va a ir a una serie de otros proyectos sociales", sostuvo Marcel.
Mientras que Jara ha comentado que "para subir la PGU a los $250 mil necesitamos un ingreso permanente que se obtiene a través de la reforma tributaria, la cual busca recaudar más y que esa recaudación provenga de los más altos patrimonios. Cuando uno necesita subir las pensiones hay que ver cómo esos derechos sociales se financian con los impuestos".
El proyecto de ley ingresó directamente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el planteamiento del Ejecutivo dividió a los parlamentarios.
Desde la oposición no están de acuerdo en condicionar el aumento de la PGU a una reforma tributaria que aún no está aprobada. Incluso, algunos diputado de Chile Vamos han cuestionado la admisibilidad del proyecto por tratarse de una iniciativa que no tiene un financiamiento definido y buscan separar el proyeto para discutir la PGU aparte.
Mientras tanto, parlamentarios de la fuerza de Gobierno sostienen que esta es una estrategia de la oposición para "paralizar o dilatar la reforma"
El diputado Frank Sauerbaum (RN), indicó que "el aumento de la PGU a $250 mil va en directa relación con los resultados de la reforma tributaria que se está discutiendo todavía y que le quedan varios meses de debate".
"Eso va en contraposición de la Ley Orgánica del Congreso y también de la ley 67 de la Constitución, que prohíben que haya en tramitación un proyecto que no tenga un financiamiento ya definido, por lo tanto no puede estar condicionado el financiamiento de una norma hacia el futuro, porque no sabemos si la reforma tributaria va a recaudar lo que se quiere o cuando se va a terminar".
Asimismo, indicó que "requerimos que la mesa de la Cámara de Diputados se pronuncie respecto a la admisibilidad, porque si no nos arriesgamos a que cualquier parlamentario termine en el Tribunal Constitucional cuestionando esta reforma, que es tan importante para los chilenos", agregó.
En esa misma línea, el diputado Cristián Labbé (UDI) dijo que "que el anuncio del Presidente sea que una vez aprobada la reforma la PGU llega a $250 mil, puede ser. Lo que no puede ser es que dependa de una reforma paralela, que no sabemos en qué términos va a terminar".
"Hoy tenemos que lograr que la PGU sea independiente y una de las cosas que vamos a pedir en las próximas comisiones es que la PGU se separe del proyecto de reforma y se discuta aparte, considerando que ya es un pilar solidario y hay que fortalecerlo", acotó.
Oficialismo
Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que "me parece insólito que se cuestione la admisibilidad del proyecto. Es una leguleyada".
"La reforma viene con informe financiero, donde se señala claramente la fuente de los recursos para la PGU, tal como indica la norma constitucional. Y esos recursos están en la reforma tributaria que avanza en Hacienda. Si parte de la oposición quiere paralizar o dilatar la reforma, que le respondan a los jubilados que hoy perciben pensiones bajo la línea de la pobreza", recalcó.
Mientras que Andrés Giordano (IND), expuso que "sumado a que la oposición repite las mismas mentiras que las AFP han difundido a sus afiliados y afiliadas -por las cuales ya oficiamos-, inventa cualquier excusa para entrampar las reformas del Gobierno, que fueron elaboradas en una discusión abierta junto a expertas, expertos y organizaciones sociales".
"Quieren que la reforma que le entrega mejores pensiones a los actuales y futuros jubilados y jubiladas fracase porque toca el negocio de las AFP, cuyos directores han financiado sus campañas, y por eso obstaculizan los mecanismos para recaudar los recursos que se necesitan para hacerlo realidad", cerró.
