En el Valle de Aconcagua en la Región de Valparaíso, al norte de la comuna de San Felipe, se encuentra Putaendo. Una zona rural conocida por su sol implacable y sequía avasalladora, donde la población no supera los 15 mil habitantes.
Matorrales de espinos y numerosos cactus cubren la precordillera andina. Y a su vez, murciélagos, ratones, zorros y vizcachas residen en este ecosistema singular y desafiante.
Entre las montañas, a 46 kilómetros del centro de Putaendo y a 1.950 metros del nivel del mar, está instalado el proyecto minero Vizcachitas. Obra que ha transitado por un vaivén de altos y bajos desde el 2007 cuando solicitaron iniciar exploraciones. El objetivo del proyecto es extraer miles de toneladas de cobre, además de molibdeno y plata.
Los sondajes, los estudios de prefactibilidad y la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) han tenido que sortear una serie de obstáculos, marcado por las presiones de la ciudadanía y las autoridades locales para evitar que el proyecto se concrete, en defensa de los recursos naturales y los impactos socioambientales que la minera podría generar en la zona.
La compañía Minera Vizcachitas Holding pertenece a Los Andes Cooper Ltd. Firma canadiense que años anteriores había hecho noticia a raíz de los Papeles de Panamá, donde se reveló que el holding minero operaba en Chile a través de cinco sociedades offshore domiciliadas en el paraíso fiscal de Bahamas, todas ellas creadas por el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.
A pesar de que diversos grupos de forma organizada y al unísono han manifestado su oposición, el presidente de la Minera Vizcachitas, Santiago Montt, considera que el proyecto puede ser beneficioso para la localidad. "Se puede transformar en un aliado que no desplace las vocaciones agrícolas y al mismo tiempo como aliado y socio estratégico para que el territorio se transforme en motor de desarrollo sostenible", sostuvo en una entrevista en El Mercurio de Valparaíso.
Y aseguró que "la gran mayoría de los putaendinos no están en contra del proyecto. Es cierto que hay algunos grupos ecologistas radicales y grupos antimineros que están contra del proyecto y son muy ruidosos y muy visibles en las redes sociales, pero la gran mayoría - que es más bien silenciosa- está abierta a conocer y entender los beneficios que trae la minería".
La firma proyecta en su página web que la creación de cinco mil puestos de trabajo durante su construcción, y en operación, 1.300 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos, aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de sondajes. Además prevén US$ 3.858 millones en impuestos para el Estado.
Si bien el historial de Vizcachitas data de hace más de una década, las últimas semanas han estado marcadas por grandes golpes a la minera.
El último, fue la salida del seremi de Minería de la región de Valparaíso, Julio Zumaeta, la cual se hará efectiva a partir del próximo 1 de enero. El Ministerio informó a través de un comunicado que la decisión se tomó para "cautelar la imparcialidad que deben tener los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva)".
Zumaeta estuvo en mira de sus compañeros oficialistas luego de que manifestara su apoyo al proyecto minero. El seremi participó la ceremonia de premiación del Fondo Concursable de la minera, donde destacó el vínculo de la empresa con la comunidad ante el controvertido proyecto.
Rápidamente, parlamentarios de la zona cuestionaron el actuar del representante del Ejecutivo. El diputado Diego Ibáñez (CS) aseguró que "el proyecto minero Vizcachitas amenaza el ecosistema del valle de Putaendo y eso es un compromiso de este Gobierno, el proteger la biodiversidad".
Asimismo, la diputada Francisca Bello (CS) señaló que "la actitud del seremi de Minería está absolutamente desconectada respecto al sentir de la comunidad putaendina, que ha expresado en todos los tonos y de diversas formas su descontento y total negación al proyecto minero".
El historial de Vizcachitas
Registros de gato andino, obligó a la filial de Los Andes Cooper a presentar un plan de monitoreo ante el Servicio Agrícola y Ganadero (DGA). Según la empresa, a finales de noviembre de este año, la autoridad realizó una serie de observaciones que deben ser atendidas en tiempo y forma por la firma.
Como medida cautelar, la compañía tuvo que detener sus operaciones. "Cabe recordar que la reanudación de los sondajes requiere, de forma previa, de la aprobación de SAG al plan de monitoreo y de la presentación al Ministerio de Medio Ambiente de una propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión para el gato andino", comunicó la minera.
A esto se le suma que en noviembre del 2019, la DGA multó a la empresa por intervenir los cursos de agua de la zona. "La obra en cuestión genera una alteración del escurrimiento de las aguas del río Rocín, así como una obstrucción de parte de las aguas de la quebrada La Caldera, y una obstrucción total de las aguas que escurren por la quebrada s/n (sin nombre)", se establece en el documento.
"Se concluye que la infractora no cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y que existe extracción no autorizada de aguas superficiales por parte de la misma", agregó.
Esta no es la única multa que registra. El 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le levantó cargos por faltas gravísimas por "intervención del hábitat de especies de flora y fauna nativa, así como la alteración de cursos de agua, como consecuencia al desarrollo de las obras asociadas al desarrollo de la actividad de prospección minera".
