El abogado de la inmobiliaria San Valentino, Felipe Rojas, salió a responder a la polémica que se ha generado en torno a la ex Clínica Sierra Bella, dado que fue esta la sociedad que vendió, por más de $8.200 millones, el recinto a la Municipalidad de Santiago, tras haberla comprado en $2.200 millones.
En específico, Rojas se defendió tras la columna publicada por El Mercurio del abogado Álvaro Ortúzar, quien manifestó que "una diferencia tan grosera entre el valor de adquisición del bien raíz y el de su reventa muestra que no hay aquí un problema de lesión enorme. Sencillamente, no hay precio, o, como la Corte Suprema ha resuelto en casos de este tipo, se trata de un 'precio irrisorio' o 'vil'".
"A todas luces, un negocio con esta magnitud de irrealidad no es serio", escribió en su columna de opinión titulada titulada "Lo que repudia el Derecho no puede ser Hecho".
Y agregó que cuando existen un precio con una alta diferencia entre el costo y el precio de venta en una operación -ejemplificando que si algo vale 2 se vende en 8, o lo que vale 8 se vende en dos- se trata de un valor "simulado o ficticio".
Ante esto, Roja aseguró este lunes en una carta al mismo medio que "la columna se detiene brevemente en aseveraciones nuestras vertidas a otros medios, descartando la eficacia de una renuncia a ejercer acciones rescisorias, particularmente, relativas a la lesión enorme, realizada en un acto posterior a la compraventa, como es el caso; atribuyendo el relato y la explicación a circunstancias personales del suscrito, que pasaremos por alto, dada nuestra estricta sujeción a deberes éticos que imponen una cuidadosa abstención de aludir a circunstancias personales de otros colegas".
Con todo, cita al profesor Alessandri, quien "en reconocer la plena eficacia del acto y la sujeción a la ley de todos y cada uno de los actos suscritos por los diversos contratantes que intervienen. Jamás se ha hablado de renuncias coetáneas, indiscutiblemente vedadas en nuestra legislación y susceptibles de ser declaradas nulas absolutamente, por objeto ilícito", señaló.
Y continuó diciendo que la conclusión del autor "postula la hipótesis de que cualquier ciudadano se encuentra habilitado para cuestionar judicialmente la validez", escribió.
"Esperamos que futuros ensayos de contribuciones al análisis del negocio jurídico en cuestión importen, en su preparación, la consulta de registros públicos que permitan a quien corresponda restarse de las irreflexivas voces que han empapado las intervenciones de los críticos de esta operación, y discutir en serio los términos de tal o cual estipulación, para lo cual estamos plenamente disponibles, en la medida que no existan influencias motivadas por la animadversión de las partes", y agregó "las vecinas y vecinos de Santiago no pueden seguir esperando".
