"Estamos conscientes absolutamente de que el Estado chileno no tiene las condiciones para avanzar solo", sostuvo ayer la ministra de Minería, Marcela Hernando, aludiendo a la necesidad de aprovechar el "boom" que vive el litio de la mano con el sector privado y así utilizar las competencias en tecnología y conocimientos que ha desarrollado la industria privada.
Esto, mientras se está a la espera de la política que dará a conocer el Gobierno respecto al litio, en donde uno de sus ejes sería la ya anunciada creación de una Empresa Nacional del Litio. Sin embargo, el rol que tendrían los privados en ello aún está en duda, aunque Hernando reconoció que Estado no está en condiciones de sacar partido solo del ciclo virtuoso que está viviendo el "oro blanco".
Con todo, se trata de un tema que amenaza con crispar las relaciones del Gobierno con algunos de los suyos, considerando las críticas que surgieron hace algunas semanas de parte de parlamentarios oficialistas cuando el subsecretario de Minería, Willy Kracht, adelantó que el Gobierno estudia licitar a privados proyectos de explotación de litio.
Así, Emol consultó a algunos legisladores cercanos al Gobierno sobre las palabras de la ministra Hernando, quienes de todas formas coinciden en que podría haber espacio para la participación del sector privado en la industria del litio, siempre y cuando sea el Estado el protagonista.
En esa línea, el senador Daniel Núñez (PC) indicó que "yo creo que las declaraciones de la ministra de Minería van en el contexto de su intervención, donde señala que para desarrollar el litio se requiere una alianza público-privada, pero esa alianza público-privada se hace sobre la base de que el Estado cree la Empresa Nacional del Litio, que toma el control de este mineral".
Sobre lo mismo, ahondó: "Si el Estado tiene recursos o la capacidad es algo que podemos ir evaluando, porque hoy día Codelco está comenzando a desarrollar exploración en el Salar de Maricunga y dentro de poco va a estar produciendo litio. El Estado tiene recursos para invertir, pero lo que sí es cierto es que requerimos un apoyo complementario del mundo privado para ser capaces de darle uso al litio e incorporarnos a la cadena de valor".
"Si nos ponemos la meta de producir baterías eléctricas o litio con más nivel agregado, vamos a requerir el apoyo de actores privados, pero sobre la base de que el Estado tiene un rol protagónico", agregó.
Por su parte, la diputada y presidenta de la comisión de Hacienda,
Gael Yeomans (CS), aseguró que espera conocer los detalles de la Política Nacional del Litio, aunque destacó que "no tengo dudas del compromiso con el que desde lo público nos empezamos a hacer cargo de poner límites en materia de criterios para la extracción del mineral y, por otra parte, la necesidad de que nuestros recursos naturales tengan una protección desde el marco público".
Sobre si considera que la incorporación del sector privado a esta industria podría generar resistencia en parlamentarios oficialista, indicó que es necesaria la participación del mundo parlamentario, independiente del sector político que representen, y el Gobierno, ya que "no pueden haber marcos de distancia ni de diferenciación y es una política que nos involucra a todos por es un compromiso programático que hemos realizado".
En tanto, su par del Partido Socialista, Jaime Naranjo, aseveró que "si el Estado chileno no está en condiciones de generar todos los recursos económicos que se requieren para invertir en el litio y sacarle provecho en el momento que se está viviendo, yo no me asustaría ni me negaría en pensar que el Estado se asocie con otras empresas para poder hacer esto".
Naranjo insistió en que si el Estado no tiene los recursos necesario para exportar el mineral, en un acto "urgente", ante la posibilidad de que se pueda desarrollar un material alternativo al litio, es necesario que este "busque con quién se asocia (...) pero lo que no puede hacer es postergar la explotación del litio por más tiempo", subrayó.
Finalmente, el senador Esteban Velasquez (FRVS) aseguró que es importante transparentar las condiciones que regirán para estas firmas. Esto, para evitar así que ello "no sea una política como la que hemos vivido por muchas décadas: en que la alianzas público- privado generalmente sale perdiendo el Estado".
Además, subrayó que es necesario que esta política contemple la inclusión de los actores locales de la región en donde se desarrollarán las faenas. Y reiteró que "no puede repetirse una política o una alianza público-privado en que finalmente terminamos beneficiando a los privados y el Estado de Chile se da cuenta de que el negocio no era tan bueno".
