"Se han excedido": Crece la inquietud por demora del Gobierno en aplicar fallo de la Corte Suprema por isapres

Las isapres todavía no tienen muchas novedades respecto a cómo deberán implementar el fallo dictado por la Corte Suprema a fines del año pasado, que les ordenó aplicar la nueva tabla de factores a todos sus afiliados -además de restituir los cobros realizados en exceso-, y cuya ejecución le corresponde a la Superintendencia de Salud.

En su sentencia, el máximo tribunal determinó que este impasse debiera estar resuelto de aquí a fines de mayo, pero hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de las autoridades de Gobierno que clarifique cuál será el mecanismo, ni cómo se evitará que este destruya a las aseguradoras -esto, pues un eventual colapso de las isapres gatillaría una cascada de problemas en todos los demás componentes del sistema, incluyendo Fonasa-.

Así la lentitud en la puesta en marcha de la solución, que consistiría en otorgar un plazo legal para que se efectúen las devoluciones de las cotizaciones cobradas desde abril de 2020 en cuotas, a lo que se suma la demora del proyecto de ley corta en el que trabajaría el Ejecutivo, han comenzado a inquietar a diversos actores.

Desde el Congreso, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán (RN), quien preside la comisión de Salud, indicó que el miércoles pasado, en dicha instancia, "volvimos a insistirle a la ministra Aguilera que es urgente que cumpla el compromiso de enviar el proyecto de ley, con urgencia calificada de discusión inmediata, para resolver la situación que afecta a los tres millones de chilenos beneficiarios de isapres".

"Hay que avanzar en dar certezas jurídicas a aquellos chilenos que hoy día están en el seguro privado de salud y, con esa misma urgencia, necesitamos fortalecer Fonasa. Ninguno de los dos proyectos han sido ingresados al Congreso en los plazos comprometidos -última semana de marzo o primera de abril-, lo que es grave porque la situación de los seguros privados se está deteriorando y podría haber una quiebra del sistema", añadió.

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien preside la comisión de Salud de la Cámara, recalcó que "el Gobierno se había comprometido a presentar el proyecto de ley corta de isapres antes de que terminara el mes de marzo, y este plazo autoimpuesto no fue cumplido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, compatibilizar por un lado el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que significa la devolución de los cobros realizados en exceso, y que no quiebren las isapres, es altamente complejo".

A juicio de Lagomarsino, "eso explica esta tardanza extra que ha tenido el Ministerio de Salud, y que espero no se prolongue por más días, dado que tenemos que resolver esto a la mayor brevedad para implementar este fallo antes del 30 de mayo".

Ex autoridades de Salud también se refirieron al tema. Uno de ellos fue el abogado y otrora superintendente de Salud durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, quien manifestó que el retraso del Minsal "sin duda que aumenta la incertidumbre, aumenta las dudas respecto a cómo el Gobierno piensa dar estabilidad al sistema privado de salud, y en el fondo, dar tranquilidad a los millones de afiliados al sistema privado de salud que están esperando cuál va a ser la resolución".

Para Fernández, "los plazos se han excedido absolutamente en relación a lo que se había planteado", y apuntó que "eso, unido a acciones de la Superintendencia de Salud, como por ejemplo, hace dos semanas recién pedir información a las isapres respecto a cuáles serían los contratos eventualmente afectados con una devolución, denota una improvisación respecto a qué es lo que se está pensando".

Desde esa perspectiva, la ex autoridad afirmó "creo absolutamente necesario, si es que no lo ha hecho la Superintendencia de Salud, solicitar una prórroga a la Corte Suprema respecto a la aplicación de este fallo, porque claramente existen definiciones que no se han tomado. Tampoco se ha priorizado la vía legal como una alternativa de solución, porque aún no conocemos el proyecto de ley corta".

Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas y ex ministro de Salud bajo la administración de Ricardo Lagos, indicó que "hay que mantener la tranquilidad, aún quedan varias semanas y la premura es mala consejera, especialmente cuando se han retomado las conversaciones entre el Ministerio de Salud y las isapres".

En ese sentido, Artaza mencionó que "tanto las instrucciones de la Super de Salud, como la ley corta que se presente, deben velar porque se cumpla íntegramente el fallo de la Corte Suprema, con la prudencia de que el pago de la deuda que finalmente se estime no implique un colapso del sistema que ponga en riesgo a las personas. Por otra parte, es esencial que la ley corta abra oportunidades al 80% de los chilenos que están en el Fonasa , para que puedan utilizar prestadores privados con mejores coberturas y protección financiera".

Desde el mundo empresarial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, fue quien abordó el tema. En entrevista con EmolTV llamó a no "perder oportunidades de solucionar un problema en salud, porque eso va a terminar afectado al sector privado, pero más que al sector privado, a las personas de escasos recursos que se atienden en el sector privado".

"Aquí las isapres están super normadas, y han ido cumpliendo lo que la Superintendencia va señalando, y, por lo tanto, claramente el Gobierno tiene que dar un paso adelante importante para no dejar en el abandono a cerca de siete millones de personas que hoy se atienden en el sector privado", acotó Mewes.