El Gobierno de Gabriel Boric tomó una decisión. No esperará un año para presentar una nuevo propuesta y se la jugará por insistir en julio en el Senado con un proyecto de reforma tributaria, aseguran, renovado, tras la dura derrota que sufrió en marzo en la Cámara de Diputados y que puso cuesta arriba el cumplimiento de buena parte de su lista de promesas.
Para eso, el nuevo énfasis discursivo del Ejecutivo y, sobre todo, de quien está liderando las negociaciones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está puesto un concepto: pacto fiscal, el cual contempla un universo más amplio de iniciativas que solo una mayor recaudación a través de modificaciones impositivas.
Así, con la misión de acelerar las tratativas, el Gobierno llevó a cabo la semana pasada un fuerte despliegue con el mundo empresarial, sosteniendo reuniones tanto con los grandes empresarios -en las que incluso participó el mismo Presidente- como con las firmas de menor tamaño.
Y esta semana, espera hacer lo propio con el mundo político.
En estos diálogos, el Gobierno ha puesto sobre la mesa algunos ejes, como definir los principios que sustenten el sistema tributario local, identificar y priorizar las necesidades de gasto público, analizar los efectos del crecimiento económico sobre la recaudación y pulir el desempeño del Estado en el manejo de los recursos, un punto especialmente relevante tanto para los empresarios como para la oposición.
De hecho, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, puso avanzar en una modernización del Estado como un tema central dentro de las conversaciones si es que se aspira a alcanzar acuerdos.
En ese sentido, explicó a Emol que lo esencial tiene que ver con captar recursos que hoy se le están escapando al Estado, por ejemplo, la evasión del IVA, a través de "contrabando de producto, particularmente, en caso de los cigarrillos, que se pierden del orden de los US$800 millones al año".
Otro de los puntos que puso sobre la mesa es "la informalidad en la actividad tanto de los ilícitos, como también de lo que está pasando a nivel de plataformas digitales, y, por cierto, lo que pasa en la calle". Sobre aquello manifestó su preocupación. "Estamos en un 27% de informalidad en nuestro país, que es bastante superior a lo que estábamos acostumbrado", acotó.
Esos elementos, "más el crecimiento, la inversión y un buen ambiente de negocio, es lo que Chile necesita para lograr avanzar en este pacto fiscal", dijo Mewes. Asimismo, apuntó al trabajo legislativo en el sentido de que "también la responsabilidad del Gobierno en convencer a los parlamentarios de que puede ser una buena medida para Chile".
Los lineamientos del gran empresariado respecto a los pilares de una modernización del Estado es un debate que ya viene hace años, según varias voces provenientes de ex autoridades y expertos en la materia.
"Podemos ver los nuevos ministerios, el cuasi regreso a las provincias antiguas desde las regiones, servicios públicos que proliferan. El análisis debería partir por comparar, con presupuestos similares, la situación anterior con la nueva institución"
Hugo Lavados
Así por ejemplo, lo expresó
Hugo Lavados, ex ministro de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet y actual rector de la Universidad San Sebastián, comentó que la modernización del Estado "es una vieja aspiración en Chile. Probablemente, desde siempre, ya que los gastos del Estado son susceptibles de mejorar en eficacia".
Posición compartida por Sergio Lehmann economista jefe de BCI, quien afirmó que esto ha estado sobre la mesa durante varios años "con avances extremadamente tímidos". Por eso planteó que "existe espacio allí para ganar eficiencia en el sector público y dejar espacio para gastos con foco social. Introducir mayor tecnología y agilidad en los procesos y gestión pública, eleva además la productividad, generando efectos económicos virtuosos".
Ahora bien, Lavados también reconoció dificultades para lograr esto. "Por una parte, la población financia esos gastos. Por otra, los objetivos concretos rara vez son compartidos por todos". Asimismo, señaló que "las autoridades del Estado habitualmente han utilizado ese gasto para aumentar su adhesión y 'premiar' a sus partidarios".
Instituciones y empleos públicos
Lavados, además, puntualizó en el problema que genera la expectativa de la institucionalidad. "Hay una tendencia a creer que, casi por arte de magia, crear una institución, de alto nivel, soluciona los problemas".
"Podemos ver los nuevos ministerios, el cuasi regreso a las provincias antiguas desde las regiones, servicios públicos que proliferan. El análisis debería partir por comparar, con presupuestos similares, la situación anterior con la nueva institución", agregó.
También apuntó a mejorar la eficacia del gasto en las municipalidades. "No existe una carrera funcionaria verdadera, el poder del alcalde es demasiado fuerte, muchos contratos a honorarios sin mayor justificación, en funciones y costos".
La crítica de la eficacia en el empleo público también es un pilar que es compartido por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. "La modernización del Estado depende de manera central de una gran reforma que es la piedra de tope para todos los esfuerzos que se han hecho hasta hoy: la modernización del empleo público", aseveró.
Y lo plantea como un eje fundamental para avanzar. "Sin un cambio en el estatuto administrativo, que es una camisa de fuerza que data de 1989, sin que en el Estado pueda gestionar los recursos humanos, no hay modernización del Estado que sea posible".
Mientras que Alejandro Weber, decano Economía USS y ex subsecretario de Hacienda detalló cifras al respecto.
"En materia de empleo, las cifras muestran consistentemente un crecimiento desmedido del empleo púbico. En el trimestre móvil febrero-abril los asalariados públicos aumentaron un 5,7% o 63.948 personas, llegando a un total de 1.189.092 personas", dijo.
Según el académico, un estudio de la USS, en marzo el empleo público "había anotado un alza de 9,6% en 12 meses y en los primeros 10 meses del Gobierno del Presidente Boric se observó la mayor expansión desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet".
Discución parlamentaria
Uno de los puntos que genera mayor controversia entre las fuerzas políticas es la insistencia del Gobierno por aumentar impuestos. Discrepancias que comenzaron en la fallida idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara Baja y que hoy vuelven a estar en el centro de la discusión.
En ese sentido, la diputada Gael Yoemans (CS) y presidenta de la comisión de Hacienda, considera importante que se mantengan las medidas que estaban incorporadas en el proyecto anterior. Aquellas que "tienen que ver con modernizar el Servicio de Impuestos Internos y facilitar el pago de los tributos. Además, me parece bien avanzar en un mayor control de los costos financieros y las contingencias legales del Estado".
En esa línea, remarcó que "las medidas para hacer más eficiente el gasto público no son suficientes para financiar las demandas sociales, es imprescindible avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo entre quienes más y menos tienen, que permita aumentar la recaudación del Estado y con ello fortalecer los servicios públicos".
Postura que no es compartida por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) que integra la comisión de Hacienda del Senado. En primera instancia planteó su inquietud sobre la deficiencia respecto a que "hay personas que trabajan dentro del Estado que ayudan y trabajan bien, pero también hay quienes no lo hacen, entonces tratemos de buscar que se está al servicio de la sociedad, de las personas y también del crecimiento".
"Si este gobierno lo que plantea como eje de su discusión económica en los impuestos, ahí habrán desencuentros"
senador UDI Juan Antonio Coloma
También, fijó las líneas rojas de la conversación con el Ejecutivo. "Si este Gobierno lo que plantea como eje de su discusión económica son los impuestos, ahí habrán desencuentros". Enfatizó en que desde la oposición creen que "el enfoque debe ser como se vuelve a crecer y se moderniza la sociedad en torno al estado".
Por su parte, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes aseveró que los cambios que se tienen que hacer para un pacto fiscal tienen que ser profundos, entre ellos, una eficiencia acompañada de la modernización del Estado.
Bajo ese punto manifestó lo que habría que hacer es "avanzar mucho en simplificar el sistema tributario, dejar de lado tanto regímenes especiales, a lo mejor incluso bajar la tasa de primera categoría y, de esa forma, a lo mejor no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, sin duda, que es factible recaudar los 2 puntos del PIB que pretende el Gobierno".
