Fue el pasado 15 de mayo cuando la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que amplia la responsabilidad penal para los delitos económicos y contra el medio ambiente, aquellos denominados de "cuello y corbata".
Iniciativa que es parte de la agenda antiabusos del Gobierno, que apunta a castigar con mayor rigor delitos como la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción.
Sin embargo, y antes de promulgarse la ley, el Gobierno ingreso este martes a la Cámara de Diputados un veto en el cual "formula observaciones" a la iniciativa y que fue enviado a la comisión de Constitución de la Corporación.
En el documento, firmado por el Presidente, Gabriel Boric, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se señala que, si bien, la tramitación del proyecto hubo "un cuidadosos estudios de la regulación, el funcionamiento del sistema y sus efectos, se han advertido en esta etapa algunos errores en la propuesta que requieren ser subsanados".
Asimismo, añade que "existen algunos aspectos que, aunque menores, resulta pertinente, adecuado y deseable enmendar".
Así, entre las materias a cambiar, se indica, en primer lugar, que "se omitió en el listado de delitos base del delito de lavado de activos, figuras que fueron incorporadas como tales durante 2022. Ello es, evidentemente, una omisión involuntaria, dado que recientemente se habían incorporado los mismos por decisión del Congreso como delitos base".
En segundo lugar, continúa, "se mejora la redacción del literal de un artículo de la ley N°20.009, dado que hacía referencia a normas que en el mismo proyecto fueron derogadas". Mientras que un tercer punto dice relación con que para un "mejor rendimiento y comprensión" del proyecto, "se solucionan ciertas reiteraciones o vacíos en los catálogos de primera, segunda y tercera categoría de delitos económicos y se adecua el tratamiento del comiso en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica".
En cuarto lugar, el veto señala "que hay un conjunto de materias que, aun cuando no afectan necesariamente de manera relevante la operatividad del nuevo sistema, resulta importante corregir a fin de evitar que interpretaciones excesivamente formalistas vayan en contra de la intención del legislador. Así, por ejemplo, se añade un inciso final en el artículo 468 del Código Penal, estableciéndose una regla expresa de subsidiariedad que evita potenciales conflictos con el artículo 7 de la ley N° 21.459, y se aclara la estructura típica del delito de estafa".
Quinto: "Se corrigen dos errores formales que fueron detectados, pues en modificaciones a la Ley de Mercado de Valores se hace referencia a 'calificadoras de riesgo, cuando la referencia correcta es a clasificadoras de riesgo", agrega.
Por último y sexto lugar, el Gobierno busca introducir "una regla especial para la entrada en vigor de las modificaciones a los delitos concursales, haciéndolas coincidir con la vacancia dispuesta por la reciente ley N° 21.563, que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley N° 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas".
Según comentó el ministro Cordero al Diario Financiero, este veto tiene por finalidad "realizar algunas correcciones de referencias que se produjeron por algunas inconsistencias en la tramitación, pero que son simplemente formales. Y, otras, de precisión para efectos de evitar dudas interpretativas. Pero es un veto muy acotado".
