Ricardo Mewes, presidente de la CPC.
El Mercurio
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitió una declaración luego de el Tribunal Constitucional (TC) determinara que no existían normas que contravinieran la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales, dejando sin efecto el "téngase presente" ingresado por el gremio en el que advertían sobre vicios de inconstitucionalidad contenidos en el texto.
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Condenamos tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública. Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley", señala en primer punto la CPC.
Con respecto al "téngase presente" ingresado el 10 de julio, la entidad liderada por Ricardo Mewes precisa que "si bien compartimos el objetivo del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, consideramos que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias".
"Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista", añade el gremio.
"Se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros"
CPC
En ese sentido, esperan que conocida la sentencia del TC y una vez promulgada la ley, "
se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros".
"Nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación", concluye la CPC.
