No solo de vacaciones, sino también un fin de semana o incluso, una estadía por 24 horas es lo que ofrece para hospedar Airbnb desde el 2009. Partió en San Francisco, Estados Unidos, luego se masificó en dicho país para después expandirse por el mundo.
Actualmente la plataforma ofrece más de 6 millones de propiedades en casi 190 países. Su funcionamiento es que el usuario una vez que selecciona una propiedad, ve la información sobre el lugar, tamaño del espacio y los servicios, hora de entrada y precios, una descripción, reglamento, seguridad, y disponibilidad.
Acto seguido, se hace la reserva, luego el pago y se coordina con el propietario. La plataforma funciona como intermediario entre ambas partes porque Airbnb no posee ninguna propiedad. Con todo, se transformó en una alternativa a nivel mundial,
ya que en 2022 la plataforma facturó US$8.400 millones y obtuvo ganancias por US$1.893 millones.
US$8.400 millonesfacturó Airbnb en 2022
Así entonces, tras 15 años, se posicionó como una amenaza para las cadenas de hotales. Sin embargo, en estos últimos años Airbnb está perdiendo terreno en varios países del mundo, dado las trabas regulatorias que se están poniendo sobre el mercado de los alquileres temporales.
Los países que están tomando medidas
El caso más cercano que tiene Chile es Argentina, país donde la ley de alquileres sigue pendiente en el Congreso, y el oficialismo trasandino buscó avanzar con una nueva ley para controlar esta situación.
En marzo, la senadora trasandina Ana María Ianni, vicepresidenta de la Comisión de Turismo, presentó una iniciativa para crear un registro nacional de alquiler temporario. El objetivo de la normativa sería regular los contratos de locación a corto plazo con fines turísticos en todo el país.
En Norteamérica, la Ley local 18 de Nueva York, Estados Unidos, que entró en vigencia en julio, establece que los residentes que deseen alquilar una habitación o departamento deben registrarse primero en la Oficina de Ejecución Especial (OSE) y cumplir con las normativas legales que rigen los alquileres a corto plazo.
Aquellos que no cumplan con la ley podrían enfrentar multas civiles de hasta US$5.000 por cada infracción.
Frente a ello, Airbnb presentó una demanda en contra de Nueva York en respuesta a una nueva ley que considera una "prohibición de facto" de los alquileres temporales, porque esta posibilidad pone en riesgo su facturación de US$85 millones en esa ciudad.
US$5.000de multa por cada infracción en Nueva York
Así, Airbnb enfrenta desafíos legales y restricciones en diversos lugares del mundo, y la situación no es diferente a la relatada en Nueva York.
Dan Wasiolek, analista senior de Renta Variable de Morningstar Research Services, especializado en alojamiento y viajes en línea, sugiere que Airbnb está al borde del cierre en "la gran manzana", donde actualmente cuenta con 20 mil departamentos y casas registradas en su plataforma.
Hasta hace poco, solo se habían aprobado nueve registros de alquileres a corto plazo en la ciudad, lo que representa menos del 0,04% de los anuncios activos que tuvieron al menos una reserva desde principios de año.
"El hecho de que sólo una fracción mínima de los listados de Airbnb haya obtenido verificación oficial indica que la ley es extremadamente restrictiva". dijo Wasiolek a La Nación de Argentina.
Además, agregó que empeorando la situación para los anfitriones de Airbnb, "tengo entendido que la ciudad no está explicando a las personas por qué se rechaza su solicitud".
Así entonces, esta no es la primera vez que la plataforma se enfrenta a batallas legales de este tipo. Durante los últimos 15 años, los principales mercados, incluyendo Tokio, Miami y París, controlaron los alquileres a corto plazo, lo que llevó a una compleja red de leyes y regulaciones.
"Durante los últimos 15 años, los principales mercados, incluyendo Tokio, Miami y París, controlaron los alquileres a corto plazo, lo que llevó a una compleja red de leyes y regulaciones"
La Nación
En Florencia, uno de los principales destinos turísticos de Italia, el municipio anunció la prohibición del uso de propiedades residenciales para alquileres a corto plazo, incluyendo Airbnb, en su centro histórico.
Otras ciudades de Italia, como Milán, y de Europa también tomaron medidas en contra de la compañía, lo que impactó el mercado de alquileres residenciales.
Además, el gobierno italiano está discutiendo un proyecto que promete un paquete de acciones para frenar los alquileres a corto plazo.
Por su parte, Portugal también busca controlar el alquiler temporario como respuesta a la crisis inmobiliaria. A principios de 2023, anunció un paquete de medidas por valor de 900 millones de euros que ponen fin al programa "Golden Visa" y prohíbe nuevas licencias para Airbnb y otros alquileres vacacionales a corto plazo.
El primer ministro, Antonio Costa, comunicó que se implementará un mecanismo para regular el aumento de los alquileres, y el gobierno ofrecerá incentivos fiscales a los propietarios que conviertan las viviendas turísticas en casas de alquiler para la población local. Asimismo, se prohibirán nuevas licencias para alojamientos turísticos, incluyendo Airbnb, excepto en las zonas rurales menos pobladas.
¿Y en Chile?
Desde marzo que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) está realizando un estudio sobre el mercado del hospedaje, compuesto principalmente por los alojamientos con fines turísticos, los que también reciben a viajeros de negocios, y por los canales y plataformas digitales que participan en el proceso de publicidad y reserva.
Todo, según dicen, debido a a la importancia del mercado elegido por la FNE que radica en su estrecha relación con el turismo nacional, actividad que en 2019 generó el 3,3% del PIB total de Chile, lo que equivale a casi $6.500 miles de millones, poco menos de US$9.200 millones al tipo de cambio promedio del 2019.
De este monto, casi $600 mil millones (US$855 millones al tipo de cambio promedio de 2019) provinieron de alojamientos los que, junto a los servicios de comidas, generaron sobre 60% de los empleos de la industria turística, aportando 613 mil puestos de trabajo.
"Las agencias de viaje online podrían estar aplicando de manera generalizada cláusulas que podrían afectar la evolución competitiva del mercado. Entre éstas, se contarían algunas que impiden a los hospedajes ofrecer precios más bajos a través de sus propios canales o en cualquier otro canal de venta"
FNE
La primera, es la necesidad de analizar si el actual marco regulatorio aplicable tanto a los hospedajes como a las plataformas es adecuado para mantener las condiciones competitivas en esta industria, generando las menores barreras a la entrada posible.
Lo anterior es relevante, según afirman, si se considera que el ingreso y expansión de nuevas plataformas digitales puede haber cambiado de manera significativa el mercado, al permitir la proliferación de ciertos tipos de alojamientos, como aquellos con características residenciales y que no se encuentran inscritos formalmente.
A la fecha, hay escasos análisis sobre si estos alojamientos no inscritos compiten con los que sí lo están, sin perjuicio de que existen claras diferencias regulatorias entre ambos, las que podrían estar generando distorsiones en el mercado.
En segundo lugar, la FNE advierte que "los mecanismos de sugerencia de precios que ofrecen las agencias de viaje online a los hospedajes podrían tener efectos en la evolución competitiva del mercado".
El organismo considera que es importante "revisar el impacto de estas prácticas, ya que, si bien podrían permitir calibrar de mejor manera la oferta en respuesta a las alzas o bajas de demanda, también podrían suavizar la competencia, resultando en precios por sobre los niveles competitivos".
Y en tercer lugar, la FNE detectó que "las agencias de viaje online podrían estar aplicando de manera generalizada cláusulas que podrían afectar la evolución competitiva del mercado. Entre éstas, se contarían algunas que impiden a los hospedajes ofrecer precios más bajos a través de sus propios canales o en cualquier otro canal de venta".
¿Qué dicen las autoridades y los principales actores
Al respecto, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, abordó el trabajo que ya inició la FNE en su estudio sobre el mercado de hospedaje en Chile, "que incorporará a los alojamientos con fines turísticos y de negocios y también a las plataformas digitales que participan publicando ofertas y generando reservas".
"Creemos que el informe será fundamental para realizar un análisis con información actualizada y confiable y en función de aquello, definir las políticas públicas que se implementarán al respecto"
Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo
En ese sentido, la autoridad de Gobierno dijo a
Emol que creen que
el informe será fundamental para "realizar un análisis con información actualizada y confiable y en función de aquello, definir las políticas públicas que se implementarán al respecto".
Por ello, Pardo remarcó que este mercado es "sumamente importante para la industria turística del país". Según afirmó, el año 2019, "más de 850 millones de dólares provinieron de alojamientos que, junto a servicios de comidas, generaron sobre el 60% de los empleos de la industria turística".
Por eso, dijo, están siguiendo con "mucha atención los resultados y recomendaciones que realice la FNE".
Misma observación que está realizando el presidente de los Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, quien está siguiendo muy de cerca ese análisis, ya que lo que piden es que esto se regularice y se certifique.
"Nosotros como gremio siempre le hemos planteado a las autoridades la necesidad de regularizar esta comercialización del Airbnb por varios motivos", dijo a Emol.
"No pagan impuestos, no cumplen con los protocolos, sobre todo que venimos saliendo de los temas sanitarios y es más, Airbnb no tiene seguro de responsabilidad civil y se trabaja bajo la informalidad total. Entonces nosotros lo hemos dicho; la competencia es sana pero hacerlo peras con peras"
Presidente de los Hoteleros de Chile, Alberto Pirola
"Uno es que
no pagan impuestos,
no cumplen con los protocolos, sobre todo que venimos saliendo de los temas sanitarios y es más, Airbnb no tiene seguro de responsabilidad civil y se trabaja bajo la informalidad total. Entonces nosotros lo hemos dicho; la competencia es sana pero hacerlo peras con peras".
Pirola fundamentó que su gremio se ve perjudicado porque "cuando uno cumple con todos los protocolos, paga el impuesto y factura ya tiene una variación del 19% del IVA más el impuesto a la renta y ya tiene para aproximadamente un promedio de 25% que tu costo en impuesto ya es más elevado".
Bajo ese argumento, es que están pidiendo que "las autoridades tienen que regularizar y si Airbnb quiere operar, que lo haga bajo las normativas tributarias, sanitarias y laborales que existen en Chile".
"Nosotros no estamos diciendo que se bloquee pero sí que se opere bajo los mismo parámetros", enfatizó Pirola.
Frente a esto último, Helen Kouyoumdjian, presidenta Ejecutiva de Fedetur, resaltó a Emol que "más que limitar o prohibir el funcionamiento de plataformas como Airbnb, en su condición de intermediarios de alojamiento turístico, lo que nos interesa como industria es que los servicios que se ofrecen a través de estos sitios estén formalizados, y por lo tanto, regulados".
"Más que limitar o prohibir el funcionamiento de plataformas como Airbnb o Booking, en su condición de intermediarios de alojamiento turístico, lo que nos interesa como industria es que los servicios que se ofrecen a través de estos sitios estén formalizados, y por lo tanto, regulados"
Helen Kouyoumdjian, presidenta Ejecutiva de Fedetur
Esto, según dijo la líder de Fedetur con el objetivo de que compitan en igualdad de condiciones con la oferta formal y que al mismo tiempo "puedan ser fiscalizado y cumplan con los mismos estándar de servicio, calidad y seguridad que los alojamientos formales y que respondan a los usuarios en caso que existan deficiencias en el servicio".
En esa línea, Kouyoumdjian propone que "esa oferta esté inscrita en el registro de alojamiento de Sernatur, y estén certificados como un servicio formal".
Según explicó, en eso se ha estado trabajando con Airbnb, "teniendo en cuenta que es algo a lo que no se puede obligar a estas plataformas, porque operan fuera de Chile y no se les puede exigir como obligación esta medida, pero hay que buscar una fórmula para lograr que la formalización de los servicios que se ofrecen en esos sitios".
Con todo, la FNE definió un calendario de trabajo que contempla una fase de recopilación y análisis de información, que se extenderá hasta noviembre; la publicación de las conclusiones preliminares, en diciembre; y la entrega del informe final, en marzo del 2024.
Ahí entonces habrá luces del futuro Airbnb en Chile.
