En el marco de la Ley de Presupuesto 2024, el Gobierno propondrá la inhabilitación en concursos cuando funcionarios sean cónyuges, convivientes o parientes de miembros que pertenezcan a la institución privada que forme parte de un proceso concursal, en una clara alusión al caso Convenios.
La propuesta la dio a conocer esta tarde la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, en una presentación ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En la instancia, la autoridad presentó las nuevas disposiciones sobre transferencias de recursos a entidades privadas sin fines de lucro.
Además de la inhabilitación por parentesco, Martínez señaló que deberá haber inhabilidad cuando los funcionarios hubieren trabajado, prestado servicios remunerados o no, o desempeñado labores directivas en una institución privada que forme parte de un proceso concursal, en los dos años inmediatamente anteriores contados desde que asumieron el cargo público que desempeñan.
También, indicó, tendrá que haber inhabilitación cuando hubieren emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento concursal en curso y cuya resolución de adjudicación se encuentre pendiente.
Al respecto, la directora de Presupuesto señaló que lo propuesto se trata del "el robustecimiento de la norma general que hoy día tenemos con respecto a los a los concursos".
Las propuestas incluyen modificaciones en articulados y glosas y reclasifican gastos.
Así se exigirá concursabilidad y convenios obligatorios para transferencias corrientes y de capital a privados, con la excepción de que no haya más oferentes o exista solo una personalidad jurídica.
Además, según indicó Martínez, habrá exigencia de garantía. "Hoy día la norma general no exige garantía, ahora la norma general va a exigir garantía, que puede ser una boleta de garantía, pero también puede ser otra forma de establecer garantía", señaló.
Agregó que se exigirán "años de experiencia y años de creación de la institución privada sin fines de lucro, hoy día la regla general no exige eso, ahora sí lo va a exigir para la ejecución de políticas públicas".
A eso, añadió que, a los ejecutores de política pública, se les prohibirá el fraccionamiento, la subcontratación y habrá traspasos conforme a avance de ejecución.
En relación a la subcontratación, Martínez indicó: "cuando el Estado decide ejecutar una política pública a través de un tercero que va a ser concursable, ese tercero después no puede subcontratar a un cuarto para ejecutar lo que ya el Estado delegó en esa institución". Aclaró, de todos modos, que sí puede subcontratar "si tiene temas de aseo, de la labor contable, pero no puede subcontratar el objeto por el cual se le está haciendo el convenio, el objeto principal del convenio".
Martínez habló también acerca de los saldos no ejecutados. Señaló que "antes había una norma general pero bastante débil con respecto al reintegro de los saldos no ejecutados, ahora se ponen también plazos máximos de ese reintegro incluyendo también a las municipalidades y también la información que se les pide a las municipalidades al respecto cuando eso ocurre".
En cuanto a los gobiernos regionales, la autoridad señaló que se habrá "concursabilidad como norma general".
Entre los parlamentarios presentes hubo respaldo a las medidas. El diputado Mellado (RN), la senadora Provoste (DC) y el Senador Insulza (PS) ofrecieron comentarios positivos a lo expuesto por la directora de Presupuestos.
