La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció que el Gobierno pausaría la tramitación en el Congreso de la reforma de pensiones hasta después del Plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Un anunció que le ha costado críticas cruzadas de parte del mundo político.
Es que la decisión no dejó a nadie indiferente, considerando que el proyecto que empuja el Ejecutivo cumplirá pronto un año desde su presentación y su avance ha sido mínimo, dada la dificultad de las partes para llegar a un acuerdo que viabilice la iniciativa. . La misma secretaria de Estado, de hecho, indicó ayer en 24 Horas que les habría gustado tener el tema resuelto "durante el mes de septiembre".
Así,
algunos piensan que la decisión del Ejecutivo se trata de un "acto de realismo", mientras otros plantean que podría tratarse una estrategia de cara al plebiscito.
David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, se encuentran entre quienes señalan lo primero. "Creo que es un acto de realismo postergar la discusión hasta que se genere un mejor entorno para la búsqueda de consensos, pero debe advertirse que al Gobierno le quedará muy poco espacio para ello por cuanto a fines de 2024 y de 2025 habrá nuevas elecciones", indica.
Agrega también que "con ello se estaría reconociendo que no ha habido avances en la generación de acuerdos para la reforma de pensiones y que ya, ad portas del plebiscito constitucional, se advierte un escenario que marcará más las diferencias y tendrá menor posibilidad de generar un acuerdo".
Con todo, sostiene que "desearía que el Gobierno aprovechara este tiempo en avanzar en consensos técnicos, particularmente en los datos que sustentan la reforma, los objetivos de tasas de reemplazo y los datos que puedan evaluar la sustentabilidad de las distintas propuestas que emerjan".
La economista y directora del Centro de Estudios Financieros ESE Business School, Cecilia Cifuentes, en tanto, sostiene que "es difícil que se cierren acuerdos en medio de la campaña para el plebiscito constitucional".
Advierte, sin embargo, no estar de acuerdo con que se congele la discusión. Señala, en consecuencia, que
"el proceso de discusión debería seguir, el análisis técnico de las propuestas tiene que seguir".
Añade, en esa línea, que una "conclusión de realismo político es pensar que en materia de pensiones lo que deberíamos ir haciendo es ir aprobando reformas en distintos temas de forma gradual, en distintos proyectos de ley y no todo metido en un mismo proyecto".
Salvador Valdés, Doctor en Economía y Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez, por su parte, dice que "esta decisión puede ser interpretada de varias maneras: una es que el gobierno está obedeciendo las instrucciones que José Antonio Kast dió la semana pasada de no seguir con esta reforma".
"Otra -añade- es que es parte de la campaña del Gobierno para que votemos contra la nueva constitución, aduciendo que ella impediría subir las pensiones".
El ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín, en tanto, señaló a La Tercera que "la discusión por la nueva la nueva Constitución ha tenido, explícitamente, un debate sobre algunos de los puntos que tiene el proyecto de reforma. Pero eso no debe significar que no se avance en una reforma que el país necesita a gritos. Por lo tanto, apenas se sepa ese resultado hay que mandar un proyecto que no puede excluir formas nuevas de solidaridad".
Cabe destacar que ayer la ministra Jara aseguró, en relación a eventuales incompatibilidades entre la propuesta constitucional y la reforma previsional, que "nos inclinamos a pensar que no hay dificultad en la compatibilidad de la reforma previsional propuesta con el texto constituyente propuesto".
