La Sala del Senado votará esta tarde el proyecto de ley que busca establecer un cierre anticipado del comercio, y los gremios empresariales están alerta.
La iniciativa -que cursa su primer trámite constitucional- fue despachada en enero del año pasado por la comisión de trabajo del Senado, y si bien la propuesta original -presentada en 2021 por los senadores Alejandro Guillier, Yasna Provoste, Alejandro Navarro, David Sandoval, Juan Pablo Letelier, Carolina Goic y Adriana Muñoz- apuntaba a adelantar el cierre de los establecimientos comerciales del país a las 19.00 horas, esto se modificó y se fijó las 20.00 horas como horario límite. Algo que, de todas formas, no terminó de convencer a los locatarios.
Así, el proyecto que votará a eso de las 16.00 horas la Sala, establece específicamente que
los trabajadores dependientes del comercio no trabajarán más de las 20.00 horas entre lunes y sábado, ni más allás de las 18.00 horas los días domingo o festivos.
"Con todo, este límite no se aplicará respecto de quienes se desempeñen en establecimientos cuyos empleadores sean micro empresas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 505 bis, siempre que dichos establecimientos no se ubiquen en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social", específica el texto.
También señala que esta limitación no aplicará a trabajadores que se desempeñen en "clubes o restaurantes, establecimientos de entretenimiento tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, como tampoco a aquellos que se desempeñen en expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de aquellas que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria".
"Igualmente, no se sujetarán a esta limitación los dependientes de las tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, en la medida que coexista la actividad de venta directa de los productos que allí se ofrecen, con la elaboración y venta de alimentos preparados, que pueden ser consumidos por el cliente en el propio local", añade.
Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestaron su preocupación. Su presidente, José Pakomio expresó "en el momento económico actual, para el comercio, este proyecto de ley resulta difícil de interpretar: hoy nuestro sector comercio se está preparando para implementar la reducción de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas, por lo que una ley que establezca una limitación respecto del horario hará muy compleja esa implementación y tiene el riesgo de terminar con los últimos turnos de la jornada, que son precisamente los que permiten a jóvenes y mujeres compatibilizar estudios y otras labores con el mundo del trabajo".
Por otro lado, el dirigente del gremio manifestó que "este proyecto se basa en una serie de supuestos que, a nuestro juicio, no son correctos. Asume por ejemplo, que en los centros comerciales no funcionan pymes, cuando la verdad es que hay un porcentaje importante de este tipo de empresas y emprendedores que han encontrado en el mall un espacio seguro para llegar a los consumidores con una amplia oferta".
Respecto de la seguridad en el horario de salida, sostuvo que "nos parece ingenuo creer que el delito no se va a adecuar a nuevos horarios. Comprendamos de una vez que la responsabilidad de poner fin a la victimización del comercio y de los trabajadores, es rol del Estado y no depende de los horarios del comercio".
"Con la informalidad desatada, vemos que esta medida provocará un aumento del comercio informal, que no cumple horarios ni normativa alguna. Nuestro llamado a los legisladores es a proteger los empleos formales, de calidad, donde se respetan los derechos de los trabajadores", finalizó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, dijo que "esta iniciativa es grave y nos preocupa mucho que se pueda aprobar la idea de legislar un proyecto de ley que tendría efectos negativos para los propios trabajadores, los consumidores, el comercio en general, y para los centros comerciales, en particular".
Además expresó que restringir el horario del comercio "es arbitrario y discriminatorio hacia el sector que más empleos tiene en el país, y es no entender las diferentes realidades geográficas y locales de Chile".
En esta línea, reveló que los centros comerciales "representan casi el 10% del empleo del comercio, es decir más de 200.000 puestos directos de trabajo formal", agregando que "los trabajadores de estos establecimientos comerciales tienen jornadas laborales de acuerdo con la ley y cumplen turnos como cualquier trabajador de nuestro país".
A lo largo del país, existen "más de 300 centros comerciales de diversos tamaños y formatos. Cada establecimiento funciona de acuerdo con las condiciones geográficas, hábitos y costumbres de los consumidores que atienden y tipo de tiendas y servicios que albergan". Expresando que los consumidores "deben tener distintas opciones de abastecimiento, con libertad en horarios de apertura y cierre que diferencien de un comercio a otro, ajustándose a la normativa de libre competencia".
Finalmente agregó que "discriminar al comercio formal es seguir fomentando el comercio ilegal que se desarrolla sin control sanitario, laboral; sin respeto a los derechos de los consumidores, ni pago de impuestos y patentes, y que está probadamente ligado a mafias y al crimen organizado".
Mientras que los senadores que han defendido el proyecto han señalado que ya son varias la empresas que han adaptado este cierre anticipado y han aludido que esta idea "nor surge de la nada".
"Surge de una experiencia real que se ha tenido, en el gran comercio, los malls y supermercados durante la pandemia. En este periodo no hubo ninguna dificultad para que cerraran a las 19.00 horas. Creo que es el momento de que podamos ir impulsando cambios centrales en las formas de trabajo", sostuvo la entonces senadora Adriana Muñoz durante una sesión en la comisión de Trabajo el año pasado.
