La ministra de Salud, Ximena Aguilera salió a defender su gestión y la ley corta de Isapres que impulsa el Ejecutivo en medio de los cuestionamientos y la crisis que enfrentan las aseguradoras.
Para el Gobierno estas semanas son claves para lograr acuerdos en torno a las indicaciones que presentó al proyecto y lograr sacarlo adelante. Esto, para poder dar cumplimiento al fallo de la Corta Suprema por tabla de factores, además de los otros dos "supremazos" -entre ellos, la inminente implementación de fallo por primas GES- que ponen en riesgo el futuro del sistema privado de salud.
En una carta a
El Mercurio, la titular de la cartera, respaldó la gestión y las iniciativas que quiere sacar adelante el Ejecutivo, en meses que las discrepancias con ex autoridades de salud, ministros y parlamentarios se han ido acrecentando.
Aguilera aseguró que "plantear que el Gobierno
busca de facto terminar con las isapres se ha vuelto un lugar común entre algunos expertos en salud, varios de ellos con vínculos en dicha industria"
"Algunos incluso han llegado a declarar que se estarían aprovechando las sentencias de la Corte Suprema para estatizar el aseguramiento de la salud. Sin embargo, los hechos desmienten flagrantemente estos planteamientos", manifestó.
Según afirmó, ante todo, el Ejecutivo, "lejos de aprovecharse de esta situación, presentó un proyecto de ley, la ley Ccrta, para dar viabilidad al cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, evitar una crisis que ponga en riesgo los derechos de los afiliados garantizando la continuidad de la atención de todo el sistema sanitario".
"Algunos incluso han llegado a declarar que se estarían aprovechando las sentencias de la Corte Suprema para estatizar el aseguramiento de la salud. Sin embargo, los hechos desmienten flagrantemente estos planteamientos"
Ximena Aguilera, ministra de Salud
Explicación de la contingencia para las isapres
En tanto, aseveró que es "cierto es que el tema de las isapres es complejo, son varias las sentencias y sus efectos son difíciles de explicar". Dicho eso, remarcó que "es necesario aclarar una y otra vez el efecto de estas y el alcance de las medidas tomadas por el Gobierno, incluyendo el proyecto ley corta".
En ese sentido, profundizó sobre aquello y dio su parecer al respecto frente al escenario de las aseguradoras. "La contingencia actual que enfrentan las isapres se debe a la sentencia más reciente de la Corte Suprema promulgada en agosto pasado. En ella ordena dejar sin efecto el alza de la prima que cobran por las garantías explícitas de salud (GES), fijada unilateralmente por las isapres, por considerarla excesiva e injustificada", explicó.
Ante esto último, enfatizó en que "las isapres fijaron primas superiores, y algunas muy superiores al costo esperado apartándose del espíritu original del GES, que es el financiamiento de las garantías y no el funcionamiento de toda la industria".
Ante esa crítica, profundizó sus reproches contra las sector privado: "El representante de la industria ha declarado que dejar de percibir este cobro excesivo los lleva a la quiebra en el corto plazo y demanda que los poderes Ejecutivo y Legislativo solucionen rápidamente su problema: una reducción promedio de aproximadamente el 12% de los ingresos mensuales, con variaciones entre un mínimo de $5 mil mensuales hasta un máximo de $30 mil por afiliado".
"Entonces, ni las deudas con los afiliados producto del fallo anterior de tablas de factores de riesgo en noviembre de 2022, ni la forma de calcularlas, ni la mutualización influyen en el escenario actual. Estas son materias de la sentencia sobre la tabla de factores que se empezaría a aplicar en mayo del próximo año", complementó.
Tras aquello, reiteró que "el Ejecutivo ha insistido en que las sentencias del Poder Judicial han de cumplirse sin desconocer que una reducción brusca de ingresos afecte la posibilidad de financiar las prestaciones de salud, poniendo en riesgo no solo la cobertura de los afiliados sino la estabilidad del sistema".
Defensa a la ley corta
Con todo, defendió el proyecto de ley corta y subrayó que este "considera mecanismos que permiten cumplir los fallos y estabilizar el sistema".
"Es así que, acogiendo y no desoyendo la propuesta de la Comisión Técnica que asesora el Senado, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo establecen la cotización mínima del 7% legal, corrigen el cálculo del Índice de Costos de la Salud ICSA (con el que se reajusta el precio base) para que refleje de mejor modo las fluctuaciones de los precios de las prestaciones", añadió.
Asimismo, reiteró que aquello "también incorporan un ajuste por la suspensión del cobro de los niños menores de 2 años y permiten una alza extraordinaria del precio base que debe ser justificada y presentada por las isapres junto al plan de pago de la deuda, la que será revisada por un Consejo Asesor de la Superintendencia de Salud que ha sido fortalecido".
"Como ha quedado de manifiesto en cada una de las actuaciones antes relatadas, el Ejecutivo ha sido responsable y prudente en el manejo de esta situación para evitar una crisis mayor y espera la colaboración de todos los actores vinculados a estas materias"
Ximena Aguilera, ministra de Salud
Además, dijo, "se mejora la propuesta de modalidad de seguros complementarios para Fonasa y se incorpora la obligación para el seguro público de continuar los tratamientos catastróficos, las coberturas GES y los tratamientos judicializados en caso de insolvencia de alguna isapre".
Aguilera aseveró que el Ejecutivo entiende que, dada la negativa de la Corte Suprema a la solicitud de prorrogar el cumplimiento de la sentencia GES, "es necesario gestionar de forma rápida un adelanto de las medidas referidas a la optimización del cálculo del ICSA, para permitir su pronta entrada en vigencia y se está trabajando en ello".
"Como ha quedado de manifiesto en cada una de las actuaciones antes relatadas, el Ejecutivo ha sido responsable y prudente en el manejo de esta situación para evitar una crisis mayor y espera la colaboración de todos los actores vinculados a estas materias", manifestó.
Finalmente, la titular de la cartera indicó que "es necesario despejar la situación actual del financiamiento del sistema de aseguramiento privado para poder avanzar en las reformas que nuestro sistema de salud necesita y así cumplir a cabalidad con su objetivo fundamental que es mejorar la salud de la población con equidad".
